El Poder Judicial tiene casi un centenar de vacantes en la provincia. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos no ha convocado a un solo concurso en lo que lleva de gestión desde el 10 de diciembre de 2023.

En la búsqueda de dinamizar el funcionamiento del organismo, el Poder Ejecutivo impulsa una reforma integral de la ley, pero el debate en la Cámara de Diputados parece estar lejos de saldar los debates y, por el contrario, ha cosechado críticas públicas y en off the record de casi todos los estamentos. A pesar de ello, y después de algunas idas y vueltas, la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió un dictamen la semana pasada y dejó el proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto.

El dictamen llega al recinto con las firmas de Gabriela Lena, Silvio Gallay, Marcelo López, Fabián Rogel, María Elena Romero, Carolina, Streitenberger, Noelia Taborda, Erica Vázquez, Bruno Sarubi y Susana Pérez. Todos de Juntos por Entre Ríos.

En cambio, recibió críticas –algunas furibundas– de las entidades que tienen representación en el Consejo de la Magistratura. Lo hicieron en reuniones a las que fueron convocadas por la comisión y las mantienen tras la firma del dictamen.

“Están convencidos de la cagada que se van a mandar”, resumió un consejero, en elegante francés, ante la consulta de Página Judicial. Otro operador judicial, un poco más diplomático, se quejó de la terquedad del oficialismo para receptar sugerencias.

 

Acuerdos

No hay discusión respecto de la eliminación del denominado Banco de Casos, que se había incorporado en la reforma de 2022 como plataforma orientadora de los concursos, pero con la complejidad de que exige “no menos de cien teniendo en cuenta materia, cargo y especialidad”, algo que en la práctica ha resultado imposible conseguir.

El proyecto con dictamen de comisión establece que el Consejo de la Magistratura podría, eventualmente, sugerir al Poder Ejecutivo la creación de un Banco de Casos en el futuro; pero devuelve la confección de los exámenes a los jurados técnicos, que deberán proponer a los postulantes la resolución de casos que pueden ser reales o no.

También restituye la determinación del orden de mérito en la terna que el Consejo de la Magistratura debe remitir al Poder Ejecutivo, una concluido el proceso de análisis de antecedentes, oposición y entrevista personal, donde se consigne la puntuación final de cada postulante, aunque el Gobernador tiene la facultad de elegir a cualquiera.

Una novedad que incorpora el proyecto es la obligación de someterse a una “evaluación psico-diagnóstica” para los postulantes que se encuentren en condiciones de acceder a la entrevista personal ante el plenario del Consejo de la Magistratura, algo que no está contemplado en la ley vigente, pero sí en el decreto reglamentario.

La otra innovación es la creación de una Escuela Judicial, “como espacio de formación y capacitación, que funcionará en el ámbito del Consejo de la Magistratura y a través de universidades, colegios profesionales, escuelas judiciales e institutos de formación”.

 

Desacuerdos

Las críticas y rechazos al proyecto oficial vienen de casi todo el arco judicial. Por ejemplo, es unánime el rechazo a la incorporación de la figura de “concursos anticipados”, que le asigna facultades al Consejo de la Magistratura para convocar a concursos con anterioridad a que se produzcan las vacantes.

Se trata de una idea importada de un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación, donde antes se desempeñaba Mauro Vazón, el presidente del organismo provincial y representante del Poder Ejecutivo. Las críticas surgieron de todos los estamentos, en la consideración de que existen actualmente 97 cargos vacantes de jueces, fiscales y defensores, que resultan prioritarios. Esto se suma a un artículo que plantea la suspensión de convocatorias a nuevos concursos, lo que redundará en la acumulación de vacantes en cargos judiciales.

Por el contrario, el proyecto abre una puerta para suspender los llamados a concursos para la cobertura de nuevas vacantes. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) y los Ministerios Públicos tienen obligación de informar las vacantes en cargos de jueces, fiscales y defensores a los quince días de producidas y el presidente de la Consejo de la Magistratura debe llamar a concurso en un plazo que no puede exceder los treinta días. La nueva ley suspende por dos años esta última prerrogativa. Raro.

Pero hay dos aspectos que han generado especial preocupación en tribunales: el proyecto, dicen, no regula la equidad de género para acceder a la instancia de entrevista personal y ternas para la cobertura de cargos, ya que se deroga el decreto reglamentario de la ley actual que sí lo contemplaba; y elimina el análisis de las tareas de cuidado en la calificación de antecedentes, a pesar de que el Consejo de la Magistratura ya ha sido condenado judicialmente por no hacerlo.

También hay críticas sectoriales: la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, el gremio de jueces. Cuestionan, por ejemplo, que quien sea designado en un cargo no podrá volver a presentarse a un concurso hasta que pasen dos años de haber asumido en esa función, excepto cargos de mayor jerarquía.

También señalaron que la eliminación de que los postulantes puedan apelar las resoluciones del Consejo de la Magistratura por vía directa al STJ. A favor de esta reforma, en el oficialismo aseguran que se busca retacear poder a los jueces. Por eso plantean que el alto cuerpo será la última instancia y una vez agotada la vía administrativa. Lo que dicen en tribunales es que esa decisión elongará los plazos de resolución de los concursos y podría demorar largamente la cobertura de vacantes.

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, el gremio de los abogados, puso el grito en el cielo por el costo en el arancel de inscripción a los concursos (8 jus previsionales, que hoy equivalen a 156 mil pesos) o para las impugnaciones o recursos de reposición por la calificación de antecedentes o el resultado de la prueba de oposición (4 jus previsionales, 78 mil pesos). Los consideran elevados.

Los empleados judiciales se quejan porque pierden autonomía en la elección de sus representantes, ya que la nueva ley le entrega la organización de los comicios al STJ, el patrón.

La nueva ley también le quita el asiento en el Consejo de la Magistratura a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La representación quedaría en manos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), las universidades privadas con sede o subsede en la provincia y las universidades públicas de la región, con la salvedad de que será asignado a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), “hasta tanto existan en esta provincia carreras de abogacía de universidades públicas nacionales con asiento en la provincia”.

Así las cosas, la reforma quedó lista para ser tratada en el recinto… y el oficialismo tiene la voluntad de avanzar.

 

(Informe de Juan cruz Varela, para Página Judicial)

Fuente: Página Política