Lo Último

El Gobierno formalizó la presentación contra Quadrini

El apoderado legal del Gobierno, Juan Carlos Vega, presentó este viernes ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y, simultáneamente, ante la Cámara Federal de Paraná, el escrito solicitando la recusaci&oac

“La marcada falta de imparcialidad” de estos magistrados, “que se traduce en el desconocimiento de todo un cuerpo probatorio, nos exige esta conducta de recusación”, dijo el gobernador Jorge Busti al justificar la medida.

“El compromiso del Gobierno provincial con la legalidad no es de ahora, sino que “nuestra trayectoria pública lo acredita”, resaltó.

Para Busti, la imparcialidad surgiría del “desconocimiento de todo un cuerpo probatorio lo nos exige esta conducta de recusación”. Además, aclaró: “No es la nuestra una mera disconformidad o un simple disenso con decisiones del magistrado”, sino que “los recusados no han cumplido con la ley, no sólo en su obligación de avanzar en la procuración del castigo a los responsables del delito tentado, sino en la de evitar su consumación”.

Por su parte, el representante legal del Gobierno provincial, Juan Carlos Vega, puso de relieve que “al detonar el conflicto de las papeleras hace tres años, el Gobierno tomó dos decisiones de alta política: defender los intereses de la provincia y particularmente los derechos a la vida, salud e integridad de los ribereños del río Uruguay; y hacerlo desde el campo de la más rigurosa legalidad o bien con el respaldo de la ley, en caso de tratarse de acciones políticas”.

“Esta inclaudicable defensa de la provincia no significó ni significa avalar todas las actitudes tomadas por los actores sociales en el conflicto”, dijo y aclaró que con esto “nos referimos a la estrategia de centrar el conflicto en el corte de puentes internacionales”.

En este marco, hizo notar que “de los cuatro espacios jurídicos en donde el conflicto ha sido planteado (Corte Internacional de Justicia, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ombusdman del Banco Mundial y Justicia Federal Argentina), el único que hoy -a cuatro meses de la puesta en funcionamiento de la planta- queda con capacidad como para obligar a la empresa Botnia a negociar y aceptar ser controlada legalmente es el de la Justicia Federal Argentina. Es en este espacio jurídico en donde hemos recusado al juez, a la fiscal y al secretario”, apuntó.

En este sentido, recordó que, “haciendo uso de los derechos que nos da la legalidad procesal, hemos sostenido que el proceso de investigación ha sido desnaturalizado por ilegales decisiones judiciales”, las que “han buscado paralizar la investigación de la contaminación denunciada a pesar de contundencia de las pruebas judiciales”.

“El gobernador y el vicegobernador de Entre Ríos han decidido no ser cómplices con su silencio de tal actitud judicial”, sentenció y afirmó que “es la Cámara Federal la que deberá resolver sobre la recusación planteada y lo hará de manera inapelable”.

Para Vera, “sea que la Cámara confirme o aparte al juez Quadrini, habrá quedado transparentado en el proceso judicial y ante la sociedad cuál es la verdad real”.

En ese marco, entendió que “el juez que actúe no podrá silenciar más” la causa, sino que “tendrá la obligación legal de actuar y citar de inmediato a los directivos de Botnia a prestar declaración indagatoria, en calidad de imputados, y avanzar en la investigación penal o bien desestimar la denuncia y decir que no existe tentativa de conminación. Se tendrá que hacer responsable de las altas funciones constitucionales que tiene”, acotó.

Finalmente, advirtió que “la Justicia argentina no puede resignarse a ser un mero espectador de la consumación de un delito de contaminación que hasta ahora es sólo una tentativa”.

Claves

Notas más
leidas
© 2021 Página Política
Términos y Condiciones
Política de Privacidad