El gobierno provincial quiere cambiar la mayoría en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en materia de amparos y recursos de inconstitucionalidad. Mediante un proyecto para reformar la ley de Procedimientos Constitucionales se pretende sacarle a la Sala Penal la facultad exclusiva en el tema y que sean cinco vocales quienes resuelvan. Sencillo: este organismo está sacando fallos desfavorables a los intereses del Poder Ejecutivo.
El proyecto de ley – al que tuvo acceso Página Judicial- es de autoría del diputado justicialista Diego Lara y el mismo pretende ser aprobado en ambas cámaras antes de que termine el período legislativo, pretensión de dudoso cumplimiento.
La Sala Penal Nº1 de Asuntos Constitucionales ha mantenido una mayoría en un tema sensible que se intentó modificar con la salida de Carlos Chiara Díaz. La designación de Miguel Angel Giorgio venía a inclinar la balanza en favor del Iosper, apacible de cuanto amparo se presenta en su contra por un usuario. Daniel Carubia y Chiara Díaz solían hacer lugar a las peticiones, lo que generó un enorme agujero negro en las arcas de la obra social del Estado. En minoría quedaba Claudia Mizawak. Sin embargo, ese juego de mayorías se mantiene intacto, ahora con Giorgio.
La llegada del concordiense fue fruto del consenso entre el oficialismo y la oposición luego del proceso de juicio político a Chiara Díaz que, con el hecho casi consumado, decidió dar un paso al costado. Cuando aquello sucedió, en Página Judicial se hizo hincapié en el tema del Iosper y en la necesidad del Gobierno de cambiar la mayoría en la Sala Penal y Asuntos Constitucionales.
El proyecto presentado establece en su artículo cuarto que el tribunal de alzada, es decir los nueve vocales, resolverá el amparo genérico; acción de amparo en defensa de intereses de incidencia colectiva; amparo por mora; acción de ejecución; acción de prohibición y habeas data. Ya no será, entonces, una facultad de la Sala Penal.
En el artículo sexto, el autor habla de la competencia de ese organismo que integran Carubia, Giorgio y Mizawak. Tendrá competencia en toda la provincia para entender en las siguientes materias: en la impugnación extraordinaria, queja por denegación de dicho recurso, cuestiones de competencia que se susciten en el fuero penal cuando no exista un superior común que resuelva la contienda, apelaciones de la acción de habeas corpus, y vigilar el cumplimiento de los fines del proceso penal, debiendo para ello realizar inspecciones de establecimientos penitenciarios, carcelarios y policiales, e informar al Poder Ejecutivo trimestralmente los resultados del ejercicio de la presente potestad.
En el artículo segundo, inciso B se especifica con excepción de la acción de habeas corpus “decidirá un tribunal de cinco miembros. Se sorteará por secretaría el orden en que intervendrán los ocho vocales del Superior Tribunal de Justicia, ya que su presidente actuará siempre en último término”, dice el texto.
No está mal que sea el pleno quien resuelva estas cuestiones de amparo y los planteos de inconstitucionalidad los nueve vocales. Se democratiza y se burocratiza a la vez el servicio de justicia.
El otro tema que encendió la alarma en la política, no solo en el Gobierno sino también en Cambiemos fue el fallo que prohíbe realizar fumigaciones aéreas en un radio de 3.000 metros y pulverizaciones terrestres en un radio de 1.000 metros alrededor de las escuelas rurales entrerrianas y también la obligación de establecer un cerco verde. Giorgio y Carubia votaron de igual manera, mientras que Mizawak lo hizo en disidencia.
Antecedentes
El 9 de septiembre del 2015, el entonces gobernador Sergio Urribarri tomó la decisión de “restituirle” al pleno del alto cuerpo la competencia para resolver los amparos. Al proyecto lo aprobó el Senado, entre gallos y medianoche, pero en Diputados no pasó.
En aquel tiempo ya era gravitante el resultado de los amparos en favor de los afiliados del Iosper con los votos de Carubia y Chiara Díaz.
En el segundo gobierno de Sergio Montiel, el gobernador radical encontró en el pleno la posibilidad de bloquear a la Sala Penal que en ese momento integraban Chiara Díaz, Carubia y Miguel Carlín, adversa en cuanto interés apareciera para el Ejecutivo al mando de la UCR. Las “tres C”, como se la conocía, sacaba fallos a favor de trabajadores que acudían a la Justicia para resolver cuestiones laborales en plena crisis económica de retrasos de salarios.
Cuando Jorge Busti asumió su tercer mandato le devolvió esa facultad a las tres C.
