La noticia que se conoció este jueves y que hacía referencia al traslado del procurador general Jorge García a otro lugar, dejando su despacho en el edificio central de los tribunales de Paraná, explotó como una bomba.
La medida aparece enmarcada en una restructuración de las estructuras judiciales, a raíz del elevado costo de los alquileres que tiene el Poder Judicial.
En la reunión de acuerdo celebrada el 2 de agosto pasado, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso hacerle saber al jefe de los fiscales que deberá desocupar todas las oficinas en el palacio de tribunales. En rigor son tres.
La información- es decir la resolución- se filtró antes que el comunicado oficial y fue inevitable no hacer una lectura de coyuntura ante el nivel de tensión que se vive entre un sector del STJ y el Ministerio Público Fiscal. La carta de la presidenta Susana Medina en respuesta a García cuando se negó a participar de una reunión de acuerdo evidenció el enfrentamiento que en las últimas horas parecía reverdecer. Aquí la misiva, que fue pública.
Pero había otro elemento ineludible en el proyecto edilicio que transcendió: quien debe reubicarse es sólo la Procuración General y no, por ejemplo, el Ministerio Público de la Defensa
La otra cara
El procurador García estaba al tanto de la resolución que tomó el STJ. Fue la propia Medina quien se lo comunicó el 2 de agosto. Esa es la primera noticia relevante que se desconocía. El plazo del 31 de agosto para que en las oficinas de la Procuración se instalen los jueces de Paz no es tal, ya que se hará un tracto sucesivo con el locador del inmueble donde hoy están hasta fin de año. En resumen, estos funcionarios no tendrán sus oficinas en el edificio central por ahora.
El Ministerio Público Fiscal está en lo que era un apart, sobre calle Santa Fe, enfrente a tribunales. Al lado del edificio hay locales comerciales desocupados y una casa en alquiler que podría ser los lugares para que se instalen García y las otras dos áreas para unificar a todo el organismo. De esa posibilidad se puso en conocimiento a la procuradora adjunta Mónica Carmona, un cable, quizás el único, que conecta a la Procuración con el STJ en esto contexto de crisis. La doctora fue quien se juntó con Medina y mantuvo, también, un encuentro con la directora de patrimonio del alto cuerpo, la arquitecta Diana Zilli. Si los fiscales se enteraron por los medios están, entonces, en un problema.
La mudanza – de concretarse si así lo desea la Procuración – se haría en un tiempo que no tiene precisamente una fecha próxima, según pudo constatar Página Política.
El Ministerio Público de la Defensa también deberá dejar las oficinas del edificio central. Maximiliano Benítez sí participó del encuentro con el STJ en el que fue notificado de la decisión. El defensor solicitó un presupuesto para emprender la retirada.
La crisis en el Poder Judicial se alimenta en su seno.
Fuente: Página Política
