Las marchas que se realizaron durante el gobierno de Alberto Fernández fueron en el marco de la cuarentena, lo que su legalidad bien podría merecer un debate. Qué debería primar: ¿el derecho a la circulación o el derecho a la salud?
Las movilizaciones en defensa de la familia Vicentin y ahora por algo tan abstracto como la República, además de explicitar el carácter opositor a un gobierno también se empieza a definir la identidad de un sector de la sociedad que lo canaliza en la calle. La de este 17 de agosto no fue una marcha de Cambiemos como organización política, sino del PRO, un ámbito político con el que el radicalismo articuló poco y nada cuando el frente gobernó.
Como en cualquier alianza, las identidades no son homogéneas y las diversidades se explicitan para afuera según el liderazgo. Durante el gobierno de Cristina Kirchner la conducción férrea provocó la fractura del enorme espectro que se llama peronismo. Con la vuelta al poder, y con todos adentro, en la esfera pública sólo se insiste en imponer una disyuntiva: ¿quién gobierna, Alberto o Cristina? Los cuatro años anteriores esa pregunta no se la hizo ni la dirigencia que estaba en el gobierno ni los principales medios de comunicación. En soledad lo intentó el hijo del “padre de la democracia”, Ricardo Alfonsín, con escasa difusión y hoy en el proyecto de Fernández. Mario Cimadevilla se fue por un tema delicado como el caso AMIA. El radical terminó renunciando a la Unidad Especial AMIA con un duro documento en que dio en llamar InfAMIA, cuando el ministro de Justicia, Germán Garavano, protegió a los fiscales acusados Eamon Mullen y José Barbaccia.
Por fuera del ámbito parlamentario, en donde se resuelve parte del tome y daca más rayano de la política entre las fuerzas que constituyen un frente, los que mandan son los que gobernaron en los últimos 15 años: el PRO y el peronismo.
Por eso, la reforma judicial es un debate que atraviesa a las dos expresiones que tuvieron en sus manos los destinos del país, y que lo hicieron con el Poder Judicial a mano. No existió, en todos estos años, una mesa judicial de la UCR.
La suma de consignas de la marcha tuvo como tema aglutinador la reforma judicial. En Entre Ríos se mostraron la diputada nacional, Gabriela Lena; la ex diputada, Alejandra Viola; el macrista Alfredo De Angeli; el ex ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere; y el diputado provincial y ex titular de la Sociedad Rural, Nicolás Mattiauda, entre otros.
Sin un motivo más que movilizarse por ser opositor, en ninguno de los casos se les conoce a los dirigentes mencionados una posición sobre el proyecto de reforma judicial- que es malo- y hay mucho para discutir. Su presencia en la marcha no fue otra cosa que apoyar algo tan fuera de debate como es un sistema de gobierno, el republicano, que lejos está de ser corrompido.
Como posteó un amigo, hay cosas más palpables: “Vacunar a todos los argentinos costará aproximadamente 180 millones de dólares. A Vicentin le dieron 250 millones”. Y se podría agregar: no se sabe dónde fueron a parar.
En 2005, el filósofo José Pablo Feinmann escribió en Página/12 una columna en la que hablaba del “aparato y la política”. Allí decía que el primero era “lo anti” de lo segundo.
Escribió Feinmann: “El aparato no tiene dueño. Puede tener dueños ocasionales. Nunca permanentes. ¿Cómo se lucha contra el aparato? ¿Dentro del aparato o afuera? Pareciera que la única posibilidad es dentro, ya que no hay sino ‘el aparato’. No obstante, pelear ‘dentro’ del aparato implica aceptarlo. Jugar con sus reglas. Vencer con sus métodos. Pensar como él lo exige. Actuar como él lo pide”.
Ninguno de los partidos se hizo cargo de haber convocado a la marcha de este lunes. ¿Si no fueron los partidos, quién la convocó?
El nuevo aparato, el que moviliza sin tantas explicaciones, sumó otra foto. Mauricio Macri dijo sentirse “orgulloso” por lo que había visto desde París. Lo vio desde un aparato.
