El proyecto fue presentado en el mes de octubre por el Poder Ejecutivo y busca poner bajo la lupa la evolución, composición, destino y legalidad de la deuda provincial, incluyendo la interna y externa, directa e indirecta, y abarcando renegociaciones, refinanciaciones, canjes y situaciones de incumplimiento o reestructuraciones, desde el año 1995.
Pero este martes, en su paso por la Comisión de Legislación General, se modificó el punto de partida: será desde el 10 de diciembre de 1991, cuando inició su gobernación Mario Moine.
El pedido de incluir a Moine fue formulado por la presidenta de la bancada del PJ, Laura Stratta.
“Hubo distintos diputados que entendieron que ese período, en que se firmaron los pactos fiscales y se produjo la transferencia de los servicios de educación y de salud a la provincia, también debía incluirse. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, mientras mayor transparencia exista respecto de cómo se generó la deuda pública provincial y el destino que se le dio, para nosotros mejor”, afirmó a Página Política el presidente de la comisión, Marcelo López.
Aún así, el PJ no acompañó el dictamen. Stratta, señaló como principal objeción ante esa iniciativa, la existencia de un organismo específico como es la Contaduría General de la Provincia, que se encarga de auditar la deuda pública, y tiene cargada información referida a ese tema en su página web oficial. También señaló que el Tribunal de Cuentas realiza el control posterior en la materia.
La diputada remarcó que se trata de un proyecto “que genera más dudas que certezas y que superpone funciones, en el marco de una comisión en la que el oficialismo va a tener siete de sus nueve integrantes”, dado que el proyecto contempla que la integren tres legisladores por cada Cámara, indicando que al menos uno de ellos sea de la oposición; además de tres funcionarios designados por el Ejecutivo provincial.
Remarcó que existen en la sociedad civil organismos capacitados para realizar este trabajo a los cuales no se convoca, ya que el proyecto no incluye especialistas independientes (economistas, universidades, organismos de control externo y representantes de la sociedad civil).
También se observó que “no están previstas las responsabilidades de quienes integrarían la comisión investigadora” y que el origen de la información con la que debería trabajar la Comisión Investigadora es la Contaduría, es decir “el mismo organismo que resulta indirectamente cuestionado por el supuesto objetivo de creación de la Comisión de develar aspectos ocultos del endeudamiento provincial”.
El texto del dictamen:
Descargar 28737 Comisión Especial Investigadora de la deuda pública
