“Sacamos esta vieja arma del galpón”, dijo Jorge Monge minutos antes de que, por unanimidad, la Cámara de Diputados disparara contra el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz. Radicales, legisladores del PRO, referentes de todo el arco peronista unificaron criterios para sacar por unanimidad el dictamen que acusa al magistrado y, al mismo tiempo, lo suspende en su cargo.

Monge historió la vigencia de la herramienta del juicio político, mencionó que ha tenido más vida en los textos jurídicos que en el concreto acontecer institucional, recordó los cambios que se introdujeron al instituto en el marco de la Convención Constituyente de 2008, para lo cual fue la mejor base la experiencia frustrada de enjuiciar al ex gobernador Sergio Montiel.

Precisamente Montiel –a quien durante tanto tiempo se asoció la expresión “juicio político”- había recurrido a esta “vieja arma del galpón” entre uno de varios intentos que hizo por sacar a Carlos Chiara Díaz del STJ. No tuvo reparos ni tampoco tuvo suerte en su pretensión de desarmar la Sala Penal que integraba el vocal. Para el radical era “la obra” que había consolidado el peronismo que lo había antecedido en el poder, a lo largo de doce años. En los hechos, durante su convulsionada gestión, se constituyó en un verdadero contrapoder.

Al inicio del mandato, el presidente del Alto Cuerpo en ese momento, Julio César Berlari, se había encargado de divulgar y de advertir sobre la conducta de Chiara Díaz, el uso de vehículos oficiales y de viáticos para actividades personales, etcétera. Montiel avivaba el fuego en cuanto podía respecto de asuntos que se volvieron a ventilar ahora, 16 años después.

No es que el caudillo radical tirara la piedra y escondiera la mano. Nada de eso. El mismo día de su asunción, en su mensaje a la Legislatura, el 11 de diciembre de 1999, hizo levantar de sus bancas y retirarse molestos del recinto a varios legisladores del peronismo entonces referenciado con Jorge Busti. Los criticó de viva voz y con el dedo levantado, los acusó de corrupción a ellos y al gobierno al que habían pertenecido. Apuntó también contra la Sala Penal a la que le prometió quitarle las posibilidades de entender en los amparos, tal como lo había dispuesto Busti.

Unos meses después, Montiel recurrió al “arma en el galpón”. Fue por el denominado Caso Berterame que dirimió la integración de la Cafesg en representación de la minoría. El gobernador había promovido por ley la desaparición de esa integración pero Néstor Berterame ya había sido elegido por sus pares del peronismo. La Sala Penal disgustó a Montiel cuando confirmó al dirigente en su puesto contra lo que disponía la norma (Nº 9279). El mandatario recurrió a la Corte pero tampoco tuvo suerte y empeñado en su objetivo recurrió a pedir juicio político contra Miguel Carlin, Daniel Carubia y Chiara Díaz. El expediente caducó sin que se lo tratara en comisión.

Sin respiro, Montiel lo intentó también “por las buenas”. Impulsó la sanción de la denominada Renta Vitalicia, un “puente de plata” como se denominó entonces a un retiro anticipado y privilegiado para los vocales del STJ a los fines de buscar un cambio en su composición. Le salió el tiro por la culata y en junio de 2000 no se fue Chiara Díaz (ni sus pares de la Sala Penal) sino que se retiraron otros cuatro vocales: Julio Herrera, Aníbal Nesa, Jesús Solari y Juan Carlos Turano.

La última opción que tuvo Montiel fue recurrir a lo que había “prometido” en su asunción. Darle al pleno del cuerpo (y sortear a la Sala Penal) la potestad de resolver los amparos, entre otros los que tramitaron a lo largo de los extensísimos procesos de enjuiciamiento al ex gobernador.

Llegó finalmente el martes 13 para Carlos Chiara Díaz. El dictamen acusatorio repasa abundante prueba en su contra por su desempeño en los últimos diez años. Un gobierno peronista vino a concretar los intentos frustrados de Montiel.

La Cámara de Diputados, por unanimidad, ratificó la voluntad acusatoria de la Comisión de Juicio Político. Tres radicales, en mayoría, sostendrán ante el Senado los fundamentos de la acusación.