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El proyecto y los fundamentos

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SANCIONA CON FUERZA DE LEY: Artículo 1º.- Toda persona tiene derecho, de conformidad a las disposiciones establecidas en la presente ley, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración pública […]

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º.- Toda persona tiene derecho, de conformidad a las disposiciones establecidas en la presente ley, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración pública provincial, municipal y comunal, centralizada y descentralizada, de entes autárquicos, universidades, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado provincial y/o municipal tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo y del Judicial, en cuanto a su actividad administrativa, y del Defensor del Pueblo, Consejo Económico y Social y Ministerio Público.

Artículo 2º.- A los efectos de la presente ley, se entiende por información todo conocimiento que conste en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por los órganos mencionados en el artículo 1º, o que obre en su poder o bajo su control, o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público o que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa.

Artículo 3º.- La solicitud de información debe ser realizada por escrito, con la identificación del requirente, sin estar sujeta a ninguna otra formalidad, no siendo necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones que motivan el requerimiento, ni contar con patrocinio letrado para su solicitud al momento de requerirla.

Artículo 4º.- La solicitud de información no implica la obligación de la administración de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, salvo que el Estado se encuentre legalmente obligado a producirla en cuyo caso no mediará justificación para la denegatoria.
La información será brindada en el estado que se encuentre al momento de efectuarse la petición, no estando obligado el órgano requerido a procesarla o clasificarla. Sin embargo, cuando la información recurrida contenga datos personales o perfiles de consumo, deberá ser disociada, sin proveer la que afecte el derecho a la intimidad.

Artículo 5º.- El órgano requerido está obligado a permitir el acceso a la información en el momento que le sea solicitado, o proveerla en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles administrativos. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por quince (15) días hábiles administrativos de mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada.
En su caso, el órgano deberá comunicar en acto fundado las razones por las que hará uso de tal prórroga.
Serán consideradas circunstancias inusuales:
a) La necesidad de buscar y reunir la información solicitada en otros establecimientos que están separados de la oficina que procesa el pedido;
b) La necesidad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de informes separados y distintos que se soliciten en un solo pedido;
c) La necesidad de realizar consultas con otro organismo que pueda tener un interés importante en la determinación del pedido;
d) Toda otra circunstancia que por su relevancia imposibilite la entrega de la información en el plazo de veinte (20) días hábiles administrativos.
Asimismo, si lo requerido resulta de imposible cumplimiento en los plazos anteriormente mencionados, el ente u órgano requerido fijará un nuevo plazo para satisfacer lo solicitado. En este caso la no aceptación por parte del requirente del plazo fijado deja habilitada la vía judicial directa que se establezca, siempre que no exista un remedio judicial más idóneo.

Artículo 6º.- El órgano o ente requerido sólo puede negarse a brindar la información solicitada si se verifica que ésta no existe o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en esta ley. El silencio o la falta de motivación de la respuesta se presumen como negativa a brindarla y deja habilitada la vía judicial correspondiente.
No se considera denegatoria la respuesta que, motivada en la voluminosidad, cantidad y dificultad para la reproducción de la información pública solicitada, tienda a que el requirente modifique su pedido a fin de poder cumplir con su requerimiento.
Tampoco se considera denegatoria la respuesta del ente u órgano que ofrezca una vía alternativa para satisfacer el requerimiento siempre que se encuentre motivada en las circunstancias señalas en el párrafo precedente.

Artículo 7º.- Las resoluciones que dispongan la denegatoria de lo solicitado, la utilización de la prórroga prevista en el artículo 5º primer párrafo y la prórroga extraordinaria dispuesta en el último párrafo del mismo artículo o la que ofrezca una vía alternativa para satisfacer lo requerido, deben formularse por escrito y estar motivadas.
Artículo 8º.- En caso que la información pública solicitada por el requirente esté disponible en medios impresos o formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber a aquél la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información previamente publicada.

Artículo 9º.- Los órganos comprendidos en la presente ley sólo podrán exceptuarse de proveer la información requerida cuando una ley, acordada, decreto o resolución ministerial, nacional o provincial, así lo establezca o se configure alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de información referida a seguridad, defensa o política exterior es clasificada como reservada e inaccesible al público, o bien establezca un procedimiento especial para acceder a ella;
b) Cuando se tratare de secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos que pertenezcan a un órgano de la administración pública que tengan un valor sustancial o sea razonable esperar que lo tuviere y cuya revelación perjudique la competitividad, o lesione los intereses de la Provincia, o su capacidad de conducción de la economía o resulte en un beneficio indebido para el recipiendario de la información;
c) Cuando comprometiere los derechos o intereses legítimos de un tercero, cuando se tratare de secretos industriales, financieros, comerciales, científicos o tecnológicos suministrados a un ente u organismo estatal en la confianza de que no serían revelados. También se entenderá que compromete los derechos de un tercero la información cuya revelación sin fundamento en la defensa del interés público provoque como resultado importantes pérdidas o ganancias financieras, la pérdida de posiciones competitivas o interferencias en la celebración o ejecución de contratos. Pero cuando el interés vinculado a la salud y seguridad pública y a la protección del ambiente sea claramente superior en importancia a los intereses particulares de terceros que estuvieren en juego, podrá revelarse la información;
d) Cuando se trate de información preparada por asesores jurídicos o abogados de la administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación; o cuando la información privare a una persona el pleno derecho a un juicio justo o cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado;
e) Cuando se trate de información contenida en notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso previo a la toma de una decisión de autoridad pública que no formen parte de los expedientes.
f) Cuando se trate de información referida a datos personales protegidos por la ley 25.326, cuya publicidad constituya una vulneración al derecho a la intimidad y el honor, salvo que se cuente con el consentimiento de la persona a que refiere la información solicitada;
g) Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, en cualquier estado del proceso, y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal desarrollo del procedimiento judicial;
h) Cuando pudiere ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona;
i) Cuando se trate información o documentos constitutivos del patrimonio cultural o histórico cuyo acceso o reproducción pueda poner en peligro su estado de conservación;
j) Cuando se trate de información protegida por el secreto profesional.

Artículo 10º.- La declaración de reserva o confidencialidad debe contener:
a) El órgano, ente o fuente que produzca la información;
b) La fecha o el evento establecido para el acceso público. Si no se pudiere determinar una fecha específica o evento anterior, la información será de acceso público a los diez años de la fecha de la decisión que la clasificó como reservada. Se podrá extender la clasificación o reclasificar una información específica por períodos sucesivos que no podrán exceder cada uno de ellos el plazo de 10 años, si se cumplen los requisitos exigidos por la presente ley para la clasificación de la información;
c) La autoridad que adoptó la decisión y las razones que fundamentan la confidencialidad o reserva;
d) Las partes de información que son sometidas a confidencialidad o reserva y las que están disponibles para acceso al público.
Una vez dada a publicidad ninguna información puede ser nuevamente reservada o declarada confidencial.

Artículo 11º.- La autoridad judicial podrá solicitar información oficial de carácter reservado para el caso concreto de un juicio en trámite, al solo fin de la resolución del mismo siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
1. Que el magistrado requirente sea competente;
2. Que el petitorio de las partes este referido a hechos vinculados a normas o actos de carácter reservado;
3. Que las partes invoquen en su petición la vulneración de derechos amparados por la Constitución Provincial o la Constitución Nacional;
4. Que para la dilucidación de la causa sea necesario el acceso a la información reservada. Si del análisis de la información solicitada el juez concluye que la misma efectivamente vulnera los derechos individuales alegados por las partes, podrá dictar sentencia recogiendo aspectos de la información reservada necesarios para la fundamentación de su resolución. Por el contrario, si del análisis de la información solicitada el juez no concluye que existe la vulneración alegada por la parte, no se incluirá en el fallo la información secreta y/o reservada.

Artículo 12º: De forma.-

FUNDAMENTOS

Nadie puede dudar que el libre acceso a la información pública genere transparencia en la gestión de gobierno que redunda en beneficio de una mejor imagen de las instituciones democráticas frente a la ciudadanía.
La noción de que los ciudadanos tiene derecho a solicitar información «pública» y a que esta le sea brindada debe traducirse el prácticas culturales que se transfieran a diseños institucionales y normativos que hagan posible que los administrados puedan acceder a ella y el mismo Estado pueda procurárselas.
El derecho a la libertad de información y derecho al libre acceso a la información están íntimamente vinculados entre sí, lo que encontramos debidamente reconocido en el marco normativo internacional por la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuando en su Art. 13.1 prescribe que «toda persona tienen derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección». En igual sentido el artículo 19, inciso 2°, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier procedimiento de su elección” disposiciones que adquirieron jerarquía constitucional en 1994, en virtud de lo dispuesto por el Art. 75 inc. 22 de la ley suprema.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho al respecto que «la libertad de expresión posee dos dimensiones: «Requiere, por un lado que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa por lo tanto un derecho de cada individuo pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno» (Opinión Consultiva Nro. 5/85, Párrafo 30).
En nuestro país, antes de la reforma constitucional de 1994, el derecho al acceso a la información pública sólo estaba amparado implícitamente en la norma de los artículos 1°, 14 y 33 de la Constitución. A partir de la última reforma, si bien no se encuentra reconocido en forma expresa, el mismo se desprende del artículo 38 en relación a los partidos políticos, en el artículo 41 en cuanto al medio ambiente, en el artículo 42 respecto de los consumidores de bienes y servicios y por último en el artículo 43, párrafo tercero, en lo referente al acceso a los datos personales obrantes en los registros o archivos estatales y en el artículo 75 inciso 22 por el cual se incorporan los tratados con jerarquía constitucional que incluyen dicho derecho en su normativa.
En la legislación nacional Argentina todavía no contamos con una ley de acceso a la información pública, aun cuando se trata de un derecho reconocido en nuestra Constitución. Sin embargo, se han sancionado leyes en las que se prevé el acceso a la información en materias concretas, como ser la «Ley General del Ambiente», Nº 25.675; la ley sobre «Régimen de Libre acceso a la Información Pública Ambiental» Nº 25.831; la ley de «Protección a Usuarios y consumidores», Nº 24.240 y la ley de «Protección de datos personales o habeas data» Nº 25.326.
La única norma reglamentaria del mandato constitucional genérica que se refiere al acceso a la información es el decreto de «Acceso a la Información Pública» Nº 1172//2003, el cual sólo está previsto para el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.
De otro lado, es del caso destacar que algunas provincias como Chubut (Ley n° 3764, sancionada el 15/10/92); Jujuy (Ley nº 4444, Ley de Publicidad de los Actos de Gobierno y de Libre Acceso a la Información del Estado 9/8/89); Río Negro (Ley N° 1829 de Derecho al Libre Acceso a las Fuentes de Información Pública, Sancionada el 07/06/1984 y Ley 3441, Sancionada el 12/10/2000); Córdoba (Ley N° 8803, sancionada el 6/10/1999); La Pampa (Ley Nº 1612, publicada en el BO del 3/2/1995); Tierra del Fuego (Ley Nº 653, sancionada el 02/12/2004, publicada en el BO del 3/1/2005); Santiago del Estero (Ley 6715, publicada en el BO del 10/3/2005); Buenos Aires (Ley 12.475, sancionada el 5/7/00, publicada en el BO del 29/8/2000) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 104 de 1998, Publicada en el BOCBA N° 600 del 29/12/98), cuentan con leyes que regulan el derecho de acceso.
En el ámbito normativo provincial encontramos el Decreto Nº 1169 del 25 de marzo de 2005 el que tiene por objeto “regular el mecanismo de Acceso a la Información Pública, estableciendo el marco general para su desenvolvimiento.” y cuyo ámbito de aplicación se extiende a la “Administración Pública provincial centralizada y descentralizada, entes autárquicos, empresas del estado, sociedades con participación estatal y todo ente público con participación estatal y/o que tenga como fuente de recursos el aporte del estado Provincial.”.
Este decreto, junto con la demás normativa precitada, actúa como antecedente necesario en la provincia del actual artículo 13º de la Constitución de Entre Ríos publicada en el Boletín Oficial el 15 de octubre del corriente año y vigente en la Provincia desde el 1º de noviembre de 2008 conforme lo estipula su artículo 296º. La misma se refiere al derecho de acceso a la información pública en los siguientes términos: Artículo 13º: “Se reconoce el derecho al acceso informal y gratuito a la información pública, completa, veraz, adecuada y oportuna, que estuviera en poder de cualquiera de los poderes u órganos, entes o empresas del Estado, municipios, comunas y universidades. Sólo mediante una ley puede restringirse, en resguardo de otros derechos que al tiempo de la solicitud prevalezcan sobre éste, la que deberá establecer el plazo de reserva de dicha información.
La información será recopilada en el medio de almacenamiento de datos de acceso más universal que permita la tecnología disponible.”
El proyecto que aquí se presenta tiene la difícil e importante tarea de delimitar el marco normativo del derecho de acceso a la información pública en el ámbito provincial. En su artículo 1º reconoce el derecho de solicitar y recibir “información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano perteneciente a la administración pública provincial, centralizada y descentralizada, de entes autárquicos, universidades, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado provincial tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo y del Judicial, en cuanto a su actividad administrativa, y del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo Económico y Social y Ministerio Público Fiscal”
El artículo 2º primera parte instituye el principio general de publicidad, el cual establece una presunción iuris tantum acerca de la información producida u obtenida por los órganos y entes públicos a quienes se aplica la ley la cual se reputa pública, salvo que se exceptúe de la forma determinada en los artículos respectivos.
Se desarrolla un concepto amplio de información entendiendo por tal “todo conocimiento que conste en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato” (artículo 3º). Este concepto posee una relevancia vital a los fines de poder asegurar una adecuada protección del derecho dada la amplitud de contenido que no excluye ningún tipo de formato donde la información se contenga y no solo autoriza a requerir la información que ha sido creada por al órgano respectivo sino que también incluye toda aquella otra que el mismo obtenga o que “obre en su poder o bajo su control o que haya sido financiada total o parcialmente por el erario público”.
Con respecto a la formalidad del pedido solo se impone su realización por escrito y la identificación del requirente, vedándose expresamente otro tipo de formalidad que pueda obstruir el acceso a los datos (artículo 4º). El mismo dispositivo además, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 1º cuando dice: “Toda persona”, no impone como requisito de presentación de la solicitud la acreditación de derechos subjetivos ni de intereses legítimos así como tampoco se requiere expresar los motivos por los cuales la información es demandada ni la presentación con patrocinio letrado, todo ello sin perjuicio de que la reglamentación pueda establecer alguna especie de formulario y/o formato de escrito a los fines de, a través de los exigencias a cumplimentar, actuar con la mayor celeridad posible como así también poder recolectar información de manera ordenada con el objeto de recopilar estadísticas acerca de las solicitudes recibidas.
El artículo 5º segunda parte prevé como debe ser brindada la información pública, disponiendo que esta se entregará en el estado en que se encuentra al momento de ser solicitada. De esta manera ya se cumple con el objetivo de la ley con la efectiva entrega, no siendo obligación del ente u órgano requerido procesarla o clasificarla. La excepción se produce al entrar en juego datos personales o perfiles de consumo los cuales deberán ser disociados a los efectos de no vulnerar derechos fundamentales protegidos por otras leyes tanto en ámbito nacional como provincial. Tampoco es obligación del sujeto requerido crear o producir la información con la que no cuente dado que sería una prerrogativa fuera de los marcos razonables del adecuado ejercicio del derecho de acceso a la información lo que desnaturalizaría el instituto y haría pesar sobre los sujetos comprendidos en el primer artículo una gravosa carga que excede el marco regulatorio del derecho. Sin embargo el órgano deberá crear o producir la información cuando “se encuentre legalmente obligado” a ello.
Es de suma importancia cumplir con la obligación de exhibir la información en tiempo oportuno, paro lo cual la ley en su artículo 6º establece un plazo de veinte días hábiles administrativos prorrogables por acto fundado y bajo determinadas circunstancias que la misma norma establece por quince días más. En caso de que el requirente acredite razones objetivas por las cuales su pedido deba ser evacuado en un plazo menor a veinte días hábiles administrativos el funcionario responsable se encuentra en la obligación de suministrar la información antes de que ella resulte ineficaz para el solicitante. Si existen razones que imposibiliten el cumplimiento de los plazos establecidos el órgano se encuentra facultado a fijar un nuevo plazo para satisfacer el pedido mediante resolución fundada (artículos 6º y 8º).
El artículo 7º establece expresamente que los sujetos obligados sólo pueden denegar la información solicitada cuando ésta no existe o cuando se trate de información comprendida dentro de alguna de las excepciones previstas por la propia ley. Asimismo, prevé que el silencio o la falta de motivación de la respuesta se presumen como negativa a brindarla dejando habilitada la vía judicial correspondiente.
Continúa el artículo citado expresando que no se considera como denegatoria la respuesta que motivada en la voluminosidad, cantidad y dificultad para la reproducción de la información pública solicitada tienda a que el requirente modifique su pedido a fin de poder cumplir con su requerimiento. Con ello, se procura orientar al interesado para que especifique, en tales casos, qué partes o piezas constitutivas de la información solicitada son de su especial interés u ofrecerle una vía alternativa para satisfacer el requerimiento, evitando con ello la dilapidación de recursos materiales y humanos así como también la pérdida de tiempo pudiendo perjudicar la satisfacción de pedidos de otros interesados en recibir información.
Asimismo, tampoco se considera denegatoria la respuesta motivada en el último párrafo del artículo 6°, es decir cuando lo requerido resulta de imposible cumplimiento en los plazos establecidos en dicha norma y el sujeto obligado fije un nuevo plazo para cumplimentar lo solicitado el cual es aceptado por el requirente. Cabe señalar, además, que la vía judicial directa queda habilitada en caso de que el interesado no acepte el nuevo plazo fijado por el sujeto obligado.
El artículo 8º del proyecto establece la obligación de que las resoluciones que denieguen la información requerida estén motivadas y se formulen por escrito. El fundamento de esta disposición radica en evitar que los sujetos obligados actúen según sus propios criterios subjetivos al proveer información pública, lo que podría desencadenar en un accionar arbitrario tendiente a ocultar o denegar información en función de criterios caprichosos e irrazonables con la consecuente lesión del derecho que esta ley reglamenta. En consecuencia la motivación de la resolución que deniegue la información implicará el deber del sujeto obligado de dar las razones que han determinado dicha denegatoria las que deberán ceñirse a las que esta ley prevé en el artículo 10º o la verificación de la inexistencia de la información tal como lo prevé el artículo 7º.
En el artículo 9º se establece que en caso que la información pública solicitada por el requirente esté disponible en medios impresos o formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información previamente publicada. De esta manera, existiendo información ya publicada y de fácil acceso se permite a las personas el efectivo ejercicio de este derecho y se evita un colapso en los entes y órganos comprendidos por esta ley como sujetos obligados que son los que van a tener que dar respuesta a todas las solicitudes de información.
Las cuestiones vinculadas con el régimen de excepciones al derecho de acceso a la información constituyen un tema de suma complejidad, tan es así que al legislar en esta materia un sinnúmero de países han incluido en sus normativas diversas cláusulas que, en mayor o menor medida, preservan determinada información del acceso al público. En este sentido el artículo 10º efectúa una enumeración de las causales que permiten limitar el acceso a la información fundadas principalmente en cuestiones de seguridad, económicas y de resguardo de intereses superiores, los cuales no podrían ser violados so pena de caer en la inconstitucionalidad, más aún si tenemos en cuenta la existencia de diversa normativa nacional que protege determinados datos considerándolos fuera del alcance del público como ser la ley orgánica de la S.I.D.E. Nº 20.195, la ley Nº 25.326 de protección de los datos personales, la ley de entidades financieras Nº 21.526, la ley 17.622 de creación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.D.E.C.), la ley 24.481 de patentes de invención y modelos de utilidad, la ley 25.520 de inteligencia nacional, entre otras.
En lo que refiere a legislación provincial, siguen ese mismo criterio las leyes de las provincias de Córdoba, Río Negro y Jujuy. Por su parte las Constituciones de las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza establecen la publicidad de los actos de gobierno en la forma en que la ley lo determine. En idéntico sentido, la ley 104 de la Ciudad de Buenos Aires prevé en su artículo 3º, inciso e), que no se suministra información sobre materias exceptuadas por leyes específicas.
En el artículo 11º se enumeran los requisitos que debe contener la declaración de reserva o confidencialidad, entre los que se encuentran la obligación de contener la autoridad que adopta la decisión y las razones que fundamentan la confidencialidad o reserva así como también el órgano, ente o fuente que produzca dicha información. En el caso que exista un documento que contenga información exceptuada, los órganos y entes comprendidos obligados deben permitir el acceso a la parte de aquélla que no se encuentra alcanzada por los supuestos contemplados en el artículo 10.
El mismo artículo establece que la reserva debe contener la fecha o el evento establecido para el acceso al público imponiendo un máximo de diez años prorrogables por periodos sucesivos de no más de diez años y siempre y cuando se mantengan los requisitos necesarios para la clasificación reservada de la información.
Por último el artículo 12º refiere al tratamiento particular de la información reservada ante el requerimiento del Poder Judicial tanto nacional como provincial, estableciendo una serie de requisitos mínimos a los efectos de impedir el abuso por parte de los magistrados de la atribución de requerir informes a los órganos respectivos.
En virtud de lo expuesto y en el entendimiento de que la consagración efectiva del derecho aquí tutelado es constitutivo de la democracia, es que propicio la sanción del presente proyecto de ley.-

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