El Nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia por Razones de Género fue abordado este miércoles por la Cámara de Diputados pero la sanción definitiva deberá esperar hasta la semana próxima en el Senado.

Cambios menores al dictamen, aprobado por unanimidad en la Comisión de la Banca de la Mujer, forzaron un nuevo pase del texto ante la Cámara alta. Concretamente tiene que ver con dos puntos en los que se imponían funciones y responsabilidades al Poder Judicial exclusivamente. La redacción final en estos aspectos atribuye la función al “Estado” en general, quedando para dirimir con más precisión en la reglamentación.

En el debate, la diputada Mariana Farfán (Frente Creer Entre Ríos) actuó como miembro informante de la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Defendió los puntos centrales del texto así como el debate en la Banca de la Mujer que preside y en el ámbito multisectorial como es la Red por la Igualdad constituida en el ámbito de la Vicegobernación.

La legisladora de Gualeguaychú apuntó que el nuevo régimen supone “un procedimeinto específico” para aplicar en Entre Ríos la ley nacional de violencia de género. “Necesitábamos un procedimiento que contemplara las particularidades de esta provincia y de la mujer entrerriana, teniendo en cuenta la accesibilidad a la Justicia en todos los territorios, pensando en las particularidades que presenta la mujer costera, isleña, rural, urbana que sufre distintas violencias y tienen distintas posibilidades de denunciar”, resumió Farfán.

Destacó que la norma está atravesada por los principios de Derechos Humanos, de garantía de las libertades fundamentales, se asegura la gratuidad de todo el proceso, se evita la revictimización, se prevé la protección de los niños, niñas y adolescentes, se contempla la realidad de las adultas mayores, las disidencias. El proyecto prevé los procedimientos adecuados en el caso de atender a problemáticas de salud mental y discapacidad.

Más tarde, su par de bancada, Carina Ramos, rescató la redacción de un texto basado “en la escucha activa a las mujeres y las diversidades”. Mencionó, por ejemplo, el planteo repetido de las dificultades de una mujer de trasladarse muchos kilómetros para radicar una denuncia así como también encontrarse con las competencias acotadas de cada juzgado para atender a sus requerimientos.

A su turno, la diputada radical Gracia Jaroslavsky valoró el proyecto, se explayó en algunos puntos que destacó como el que, por ejemplo, se obvia la instancia de la mediación ante la violencia de género. También defendió la postura de su bloque que no aprobó oportunamente el tratamiento sobre tablas, para dar tiempo a las distintas bancadas a analizar el proyecto.

“Este tema es tan profundo que hasta decimos la p.. que te parió, una expresión con un contenido simbólico tan enorme y lo usamos tanto como nos lavamos los dientes. Que se use a la mujer para insultar muestra que es mucho lo que hay que modificar. Requiere esto un proceso que nos involucre a todos”, argumentó la diputada en una extensa exposición.

 

Avales con dudas

Cuatro diputados varones plantearon sus dudas sobre la instrumentación de la ley, por diferentes aspectos, aunque votaron a favor.

El diputado Julio Solanas planteó un duro mensaje en contra de la actuación del Poder Judicial. Convocó a “ponerse en el cuerpo de los familiares de Fátima Acevedo” o en el de “Yuyo García (padre de Micaela García)” ante la actuación judicial. “¿El Poder Judicial se pregunta por qué la ciudadanía reclama Justicia? ¿Por qué el pueblo no cree, cree que llega siempre tarde?”, enfatizó el legislador del Frente Creer Entre Ríos que aseguró que no se garantiza justicia “a los más humildes, a los más pobres que están desamparados”.

A su turno, el diputado radical Gustavo Cusinato insistió con que la iniciativa debió pasar por la Comisión de Legislación General. Vaticinó que la ley puede llegara a “chocar muchas veces con problemas de la implementación por todos los sectores a los que compete y a los que va a modificar”, planteó con relación al texto que tiene 69 artículos. Añadió al respecto su par de bancada, Julián Maneiro, que la reglamentación deberá definir hasta “el rol de las escuelas, el de la policía, lo que constituye una serie de intenciones que compartimos pero que van a requerir también un esfuerzo económico”.

Abonó el argumento el diputado Uriel Brupbacher que planteó la preocupación por la falta de previsión presupuestaria. Puso como ejemplo concreto el artículo que prevé la creación de Consejos Locales, ya mencionado por Maneiro para aplicar la ley y aseguró que hay municipios y comunas que no están en condiciones de cumplir con esto.

Fuente: Página Política