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El STJ suspendió el acuerdo a dos pliegos en el Senado

La Cámara alta no podrá avanzar hoy en el acuerdo de dos pliegos de aspirantes a vocal de cámara en lo Civil y Comercial. Así lo dispuso el STJ tras hacer lugar a una medida cautelar interpuesta por un abogado que cuestion

El Senado de la provincia no podrá avanzar, en la sesión prevista para hoy, en el tratamiento y acuerdo de dos pliegos de aspirantes a vocal de cámara en lo Civil y Comercial de Paraná.

Se trata de las propuestas remitidas por el gobernador con los nombres de las doctoras Gabriela Teresita Mastaglia y Ana María Celia Stagnaro, quienes fueron evaluadas y ternadas por el Consejo de la Magistratura en el marco del Concurso Nº 25, convocado para cubrir cinco vocalías.

Así lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia que hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por el doctor Mario Quinteros contra el Estado provincial por un acto del organismo asesor del gobernador en materia de designación de jueces. El alto tribunal ordenó suspender —en el Senado y en el Poder Ejecutivo— todo procedimiento tendiente a la eventual designación de magistrados para cubrir estas vocalías —en las cámaras II y III– que reconozcan como antecedente el cuestionado Concurso Nº 25.

El concurso fue observado en la etapa de prueba de oposición por 15 de los 19 participantes lo que motivó que el Consejo de la Magistratura convocara al doctor Atilio Alterini para que analice los exámenes dados por quienes promovieron la impugnación. Luego, con esa evaluación en manos, el organismo resolvió mejorar las notas en algunos casos lo que derivó en la aceptación de la queja; y mantener las notas en otros casos y, a su vez, rechazar el planteo.

Para el abogado, la resolución del Consejo de la Magistratura (Nº 194) el organismo “actuó con exceso de poder, en violación a los principios de legalidad y debido proceso, con afectación del postulado básico de igualdad entre los concursantes y demostrando clara arbitrariedad”.

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Con el patrocinio de la doctora Noemí Berros, Quinteros presentó un recurso de apelación jerárquica ante el gobernador Jorge Busti.

En tanto, el mandatario entrerriano, vía decreto, se autolimitó en la facultad constitucional de designar jueces, delegando su función en el Consejo de la Magistratura, Berros entendió que Busti debía entender en el caso por cuanto es quien, según la Constitución vigente, es responsable de la designación de los magistrados, con acuerdo del Senado.

Berros presentó luego una acción contenciosa administrativa ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que inició su curso. Ante la publicación en los diarios de la sesión del Senado convocada para hoy para tratar los pliegos en cuestión, Berros pidió habilitación de día y hora para la sentencia del STJ que, finalmente, hizo lugar ayer a la medida cautelar por la que se suspende la designación de los vocales.

“Si no se hacía lugar a esta medida cautelar, se tornaba abstracto el planteo del doctor Quinteros”, explicó el presidente del cuerpo, Daniel Carubia, en diálogo con El Diario.

“Nosotros tendremos que resolver el caso”, precisó el vocal del STJ. Según dijo el máximo tribunal de Justicia ya tuvo planteos contra resoluciones del Consejo de la Magistratura. “Pero es la primera vez que se hace lugar a un recurso de un concursante. Ha habido varios, pero no han sido fundados”, explicó Carubia.

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El presidente del cuerpo votó haciendo lugar a la medida cautelar, en coincidencia con los vocales Carlos Chiara Díaz, Germán Carlomagno, Susana Medina de Rizzo, Silvia Nazar y Leonor Pañeda. En disidencia, votaron Bernardo Salduna y Emilio Castrillón mientras que se abstuvo el juez Héctor Vilarrodona que integró el cuerpo para resolver el caso ante la excusación de Héctor Ardoy.

Entre otros fundamentos de los magistrados de la mayoría, la resolución cuestionada “no se ajustaría” ni a lo previsto por el Decreto Nº 39 que creó el Consejo de la Magistratura, ni al reglamento de concursos. Además, se considera que la evaluación de los concursantes no aparece como suficientemente motivada “toda vez que hace suya la evaluación conceptual aconsejada por el consultor externo” (Alterini) designado mediante un procedimiento creado por el Consejo. También se cuestionó la creación “ex post y ad hoc de un procedimiento especial para resolver las impugnaciones”.

En cambio, en disidencia, se sostuvo la potestad exclusiva del Gobernador de designar a los jueces, según criterios no estipulados por la Constitución. De este modo, se entendió que una opinión del STJ sería una intromisión en una facultad del Ejecutivo, aún cuando ésta haya sido delegada en el Consejo de la Magistratura.

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