Las causas que se investigan por supuestos hechos de corrupción están en una encrucijada. Muchos de los delitos que se han imputado, como el de negociaciones incompatibles en la administración pública o fraude por licitaciones directas que evidencian sobreprecios, dejaron al desnudo la ineficacia de los organismos de control. Esa ineficacia está en permanente sospecha de impunidad.
Raúl Barrandeguy, abogado de Sergio Urribarri, viene diciendo que todos los supuestos gastos irregulares que se hicieron en la gestión de su defendido no merecieron observación o impugnación alguna por parte de los organismos de control como la Contaduría General, la Tesorería y el Tribunal de Cuentas. Con esos argumentos, ya adelantó, solicitará el sobreseimiento.
Hay verdades y mentiras en esto. En principio es cierto que no hay impugnaciones a las contrataciones que se hicieron durante los gobiernos de Urribarri y que ahora están bajo la lupa judicial, pero también es cierto que el Tribunal de Cuentas no ha aprobado gastos que serían prueba irrefutable.
En el caso de la Cumbre del Mercosur, por citar una de las causas más significativas que están tramitando, el Tribunal de Cuentas aprobó los gastos de octubre de 2014, es decir dos meses antes de realizarse. Pero el organismo tiene aún sin aprobar seis actuaciones desde noviembre de ese año a abril de 2015, según se confirmó a Página Judicial. Se van a cumplir tres años y aún el Estado no pudo discernir si los gastos en la organización del evento diplomático cumplieron con los requisitos pertinentes o no. En el organismo que conduce interinamente Federico Felipe Tomas aclararon a este sitio que “si se determina perjuicio fiscal y responsables no se van a aprobar”. Los expedientes son voluminosos, pero han pasado más de tres años.
El Tribunal de Cuentas supo ser un organismo de contralor que dejó de serlo desde el momento mismo en que se le quitó una herramienta fundamental que era el juicio por responsabilidad tras el reconocido caso Morel. Allí comenzó la tragedia por la falta de controles a los funcionarios. Esa maldición se fue profundizando con los años por decisión política.
Antes de la Convención Constituyente, en 2008, hubo entusiasmo en restituirle al Tribunal de Cuentas la facultad de promover el juicio de responsabilidad que había sido eliminada mediante una modificación de la ley orgánica del organismo en 1993.
Esto implicaba la potestad de llevar a un funcionario a juicio como responsable ante la presunción de irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Se trataba de un proceso que se desarrollaba con amplitud de pruebas y terminaba con una sentencia, apelable por recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Con la restricción, el organismo quedó acotado a lo renditivo. La modificación surgió con el escándalo de la causa de las “cajas de alimentos”. Uno de los vocales, José Rubén Morel, decidió investigar el desvío de fondos en el que estaban involucrados disputados justicialistas y terminó haciendo la denuncia penal. La iniciativa le costó el cargo. La Cámara de Diputados lo destituyó de un plumazo con un Jury. Desde el TdC hicieron oídos sordos y no defendieron la persecución que se hacía desde el ámbito legislativo. La Justicia dejó prescribir la causa.
Lo cierto es que hubo un intento de devolverle atribuciones por vía de una ley a mediados de 2001 por iniciativa del ex senador radical Jorge Campos. El proyecto tuvo tratamiento en la Cámara alta pero no prosperó en Diputados.
La Contaduría General es un órgano más importante que el Tribunal de Cuentas en la actualidad. Es quien se encarga de la prevención. No hizo objeciones en loa causa de la Cumbre. Ambos organismos, sin embargo, no dudaron en dictar objeciones en el pliego de condiciones para la licitación pública por la provisión de medicamentos y material biomédico para los hospitales de la provincia que hizo en su momento el entonces ministro de Salud, Ariel De la Rosa. No pasaron dos años, ni un año, ni meses. Apenas unas semanas fueron suficientes.
