El decreto 406 firmado por Mauricio Macri que abre la puerta para empezar a discutir un mecanismo por el cual se restituya la porción de coparticipación a las provincias que la Nación les retiene es más un gesto que una medida concreta. La iniciativa crea el Programa Acuerdo para el Nuevo Federalismo en el ámbito del Ministerio del Interior “con el objetivo de alcanzar una propuesta para la eliminación de la detracción del 15 % de la masa de impuestos coparticipables desde 1992”.
El órgano de aplicación de ese acuerdo sería un consejo conformado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, tres diputados y tres senadores designados por los presidentes de ambas cámaras del Congreso. “La eliminación de la detracción del 15 % se hará en forma progresiva y escalonada durante los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, estableciéndose como fecha límite para su eliminación definitiva el 1 de enero del 2021”, dice el decreto. ¿Qué debería suceder en estos cinco años? Esa pregunta aún no tiene respuesta.
La devolución del 15 % – según el decreto – será a través de pautas establecidas por el gobierno nacional que aún no están claras y ni siquiera se sabe si dan respuesta a un reclamo que la Corte Suprema de Justicia, por su parte, ya sentenció en el fallo que exigió al Gobierno nacional devolver ese porcentaje de la coparticipación a Córdoba, Santa Fe y San Luis.
En definitiva, lo único para destacar es que el tema sea parte de la agenda. El decreto es, lisa y llanamente, el comienzo de un proceso largo que no será sencillo y que deberá contemplar las diferentes historias y coyunturas provinciales. Por ejemplo, hubo distritos provincias que firmaron convenios bilaterales y de armonización de déficit, mientras que otras que desistieron de hacer acciones judiciales. Entre Ríos, por caso, se hizo cargo de la Caja de Jubilaciones.
Mandato legislativo
Hace unas semanas, las provincias decidieron darse una estrategia en común luego de los encuentros que mantuvieron los mandatarios con Frigerio. El primer paso fue un cónclave del que participaron 18 fiscales de Estado y se acordó avanzar en una petición vía judicial, como lo hicieron los distritos que fueron beneficiados. Esa idea se mantiene intacta en Entre Ríos. “Nosotros estamos preparando la presentación ante la Corte, porque hasta ahora, ese decreto no garantiza nada. No podemos adherir cuando no sabemos cómo se va a desarrollar el proceso”, apuntó a El Diario Julio Rodríguez Signes. La Fiscalía de Estado está siendo notificada por estas horas de la ley 10.049 que aprobó la Legislatura entrerriana durante el mes de diciembre pasado y que manda al Poder Ejecutivo provincial a presentar la demanda ante el máximo cuerpo de Justicia de la Nación. Ese es el estado de situación de Entre Ríos. “No hay motivos para adherir al decreto y desistir de la presentación”, sentenció el fiscal de Estado.
Una presentación en la Justicia -pese a la jurisprudencia establecida en el caso mencionado- no tendría una respuesta a corto plazo. Hay posibilidades de acudir a los tribunales: reclamar el 15 % de ahora en adelante, es decir lo que corresponde a 2016; o sumarle la deuda que se acumula de que se firmaron los pactos fiscales, algunos en 1992. La postura entrerriana es reclamar a futuro, porque agilizaría el dictado de una sentencia.
Todo por discutir
Si la devolución del 15 % se haría en un solo acto a Entre Ríos -cuestión que no sucederá – ese porcentaje de impuestos coparticipables inyectaría a la provincia unos 3.500 millones de pesos al año. Esto, por ejemplo saldaría el déficit del sistema previsional de la provincia que llega a 2.200 millones a anuales. Marcelo Casaretto también fue cauto ante el decreto de Mauricio Macri. “Plantea un calendario de devolución, pero nada más. No están establecidas las pautas”, prologó ante la consulta de El Diario. En principio, la devolución podría ser a través de programas de salud o educación, lo que impediría que ese monto sea de libre disponibilidad. “A la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le incrementaron la coparticiparon para traspasarle la Policía Federal”, ejemplificó el asesor económico de Gustavo Bordet.
