La licitación por la seguridad de Enersa llegó a su fin. En rigor resta que la empresa estatal, finalmente, adjudique el servicio por unos 3 mil millones de pesos por año. Debería ocurrir en los próximos días.
La unidad transitoria con las firmas Watchman Seguridad SA – Sentry Srl fue la única que mereció la apertura de sobre en la última etapa. Es decir que fue la única que quedó en pie luego de todo el proceso licitatorio que cuenta de dos instancias: la primera es en las que se pueden hacer observaciones e impugnaciones, que se conoce como “propuesta técnica”. Allí Watchman Seguridad SA – Sentry Srl fueron las únicas que no obtuvieron ninguna impugnación en el pliego por parte de las otras competidoras. La segunda etapa ocurrió la semana -como lo anunció Página Política- y es lo que se conoce como “propuesta económica”, donde esta unidad transitoria fue la única que mereció la apertura de sobre. Lo que hace suponer, entonces, que el partido ha finalizado.
Para la licitación (2024-0320) para contratar el “servicio de seguridad patrimonial física, operación, mantenimiento y actualización del sistema de videovigilancia” presentaron pliegos Star Servicios Empresarios SA; Redguard SA; Empresa de Seguridad Integral Alesa; y Rebor Seguridad. Todas, por distintos motivos, fueron quedando fuera de competencia. Sentry Srl es la única con sede en Entre Ríos (Paraná), en calle Rosario del Tala 625, y personal con domicilio en esta ciudad. Su titular es Lucas Czarlinsky y sus asesores legales son los doctores Rubén Pagliotto e Iván Vernengo.
Según su sitio oficial, la empresa brinda “servicios para múltiples clientes en diversas industrias y segmentos” y se presenta como un equipo profesional “con capacidad de ejecutar protocolos de seguridad especializada” para “prevenir, detener, disminuir o disuadir los atentados o amenazas que puedan afectar a nuestros clientes y sus bienes”.
Sentry ya se había presentado en otras oportunidades para prestar el servicio en Enersa, pero la suerte quedaba en manos de firmas que supieron manejar los empresarios Claudio Raúl Tortul y Marcelo Javier Tortul, entre ellas Tornell (de los hermanos Tortul y Daniel Eduardo Carbonell).
De hecho, a este proceso licitatorio se llega luego del escándalo suscitado por la investigación de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, por las posibles coimas cobradas por los Tortul y funcionarios durante el gobierno anterior.
Fuente: Página Política
