El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a cargo de Sonia Velázquez, reclamó a Nación la urgente regularización de la entrega de vacunas. Se resaltó que su incumplimiento va en detrimento de “la salud colectiva de la población”. Hoy no hay stock de cuatro de las mismas.
La persistente faltante de distintas vacunas gratuitas y obligatorias se tradujo en un reclamo legal que el Ministerio de Salud de Entre Ríos efectuó mediante carta documento a la Secretaría de Salud de la Nación, a cargo de Adolfo Luis Rubinstein.
Formalmente se requirió al organismo nacional la urgente regularización y entrega en la cantidad y calidad necesaria de distintas dosis atendiendo a que se trata de una potestad exclusiva a cargo del Estado nacional. Allí se mencionó que en reiteradas oportunidades se efectuaron sin éxito los reclamos pertinentes a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), dependiente de la Dirección de Epidemiología.
En ese contexto las autoridades sanitarias entrerrianas sostuvieron que el principal fundamento de la presentación de un escrito es que justamente “la población destinataria de las mismas queda en franca desprotección y riesgo epidemiológico en virtud de los trastornos que trae aparejado el no cumplimiento de la aplicación de las dosis en niños, jóvenes y adultos mayores ya que esto implica exponerlos a padecer estas enfermedades que están destinadas a prevenir”.
Actualmente – se informó desde la cartera de Velázquez – las vacunas que no tienen stock en la provincia son: Hepatitis A pediátrica (se aplica al año de vida); Meningococo (se colocan dosis a los 3, 5 y 15 meses así como a los 11 años); Varicela (se utiliza a los 15 meses); y Salk (previene la poliomielitis colocándose dosis a los 2 y 4 meses). Además existen sólo unas 1500 tanto de Triple Bacteriana Acelular (que se utiliza a los 11 años y en embarazadas para evitar difteria, tétanos y pertusi acelular) como Celular que se pone al ingreso escolar.
Por ello se insistió en la necesidad de contar con estos insumos de forma rápida y urgente porque esto constituye “un acto de responsabilidad pública y social impostergable habida cuenta que su aplicación en forma adecuada contribuye a la inmunidad colectiva, a proteger no solo a los individuos alcanzados por las vacunas sino también a la población en su conjunto”. Asimismo evita lo que se denomina una “omisión regresiva” esto quiere decir atentar contra uno de los derechos humanos fundamentales como es a la salud ya que “se podrían contraer enfermedades que podrían acarrear discapacidades e inclusive la muerte”.
Finalmente también se indicó que con esta falta de envío se ve amenazado el cumplimiento de los objetivos sanitarios de vacunación ya que siempre se pretende alcanzar el 95 por ciento de cobertura.
