Por Stefanía Alejandra Zalazar *
En los últimos años, la conversación pública en Argentina ha sido atravesada por un veneno sutil pero persistente: los discursos de odio. En debates sobre la legalización del aborto hasta la política migratoria, pasando por la actuación de las fuerzas de seguridad, se observa cómo expresiones agresivas, insultantes y excluyentes circulan con normalidad en la esfera pública. A nivel internacional, fenómenos similares se han visto en la polarización política de Brasil o en los episodios de violencia racial en Estados Unidos, evidenciando que no se trata de un problema local, sino de un desafío global para la democracia contemporánea.
Estos discursos no son solo palabras: son armas que segregan, persiguen, justifican la violencia y construyen enemigos; atacan derechos, generan miedo, profundizan prejuicios y erosionan los lazos de convivencia. Pero cuando el discurso hostil proviene de la cima del poder, sus efectos se amplifican, atraviesan la sociedad y, en ocasiones, se manifiestan en hechos de violencia cotidiana. Recientemente, nuestra sociedad ha sido atravesada por la violencia en instituciones educativas, donde alumnos han explicitado la agresión en su máxima expresión, asesinando o hiriendo a compañeros. Estos episodios reflejan cómo la violencia simbólica puede trasladarse a la acción real y cómo la sociedad argentina no está exenta de este fenómeno.
En términos políticos, a comienzos del siglo XXI, durante los gobiernos kirchneristas, comenzó a asomar la idea de un enemigo, identificado con los sectores concentrados de poder, parte de la Justicia y los grandes medios de comunicación. En este marco, se consolidó un estilo político de fuerte antagonismo, dando paso a una lógica de polarización con determinados sectores de la sociedad. Sin embargo, ello no implica desconocer el amplio conjunto de políticas públicas impulsadas durante el período, muchas de las cuales tuvieron un significativo impacto social e institucional. Entre ellas, se destacan especialmente las vinculadas a los Derechos Humanos y las políticas de Memoria, convertidas en uno de los principales emblemas de la etapa, entre otras iniciativas de relevancia.
Durante la presidencia de Mauricio Macri, el enemigo se redefinió: el peronismo pasó a ser símbolo de corrupción y mala gestión, mientras que la justicia y los grandes medios de comunicación se convirtieron en instrumentos de poder que el gobierno supo articular como herramienta de gobernabilidad. Si bien muchos funcionarios de la gestión anterior no estaban exentos de ser juzgados por hechos de corrupción, numerosas causas se presentaron con fundamentos inconsistentes o pruebas débiles, amplificadas por un coro mediático que consolidaba la sensación de culpabilidad colectiva. Este entrelazamiento de poder judicial y comunicación concentrada no solo marcó a los adversarios políticos, sino que estructuró la narrativa de un país dividido entre “ellos” y “nosotros”, modelando la percepción social y legitimando decisiones del poder.
En paralelo, comenzó a emerger un discurso negacionista sobre los crímenes de lesa humanidad, relativizando hechos históricos y cuestionando la magnitud de las desapariciones, erosionando la fuerza ética de la memoria. La confrontación política, antes centrada en rivales, se orientó hacia la persecución simbólica de sectores específicos, incubando desconfianza, polarización y desgarros sociales, preparando el terreno para que en gobiernos posteriores la construcción de enemigos alcanzara nuevas dimensiones.
En la última década, Argentina estuvo signado por una persistente inestabilidad macroeconómica, caracterizada por restricciones externas, alta inflación, precarización laboral y un severo endeudamiento con el FMI. Este escenario recesivo, agravado por el impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19, erosionó las capacidades de autodeterminación e intensificó el malestar social. A nivel global, la postpandemia aceleró transformaciones tecnológicas que reconfiguraron el ecosistema digital y las temporalidades sociales. La expansión de redes sociales y medios de comunicación favoreció la creación de entornos informativos segmentados, desinformación y «burbujas de filtro» que profundizaron la fragmentación del espacio público. En consecuencia, la convergencia entre el deterioro material y la mutación de la conversación pública debilitó la confianza institucional, agudizó la polarización y consolidó una crisis de representación democrática que facilitó la emergencia de opciones políticas antisistema.
En el actual gobierno de Javier Milei, la construcción de enemigos alcanza nuevas dimensiones. Todo aquel que no piensa como el gobierno deja de ser un rival para transformarse en un enemigo; quienes disienten son deshumanizados y atacados públicamente. Discursos presidenciales recientes, como calificar a sectores de la oposición de “zurdos de mierda”, denominar a académicos “ladrones, delincuentes y mentirosos”, atacar al colectivo de discapacidad, periodistas o agredir a artistas críticos, ilustran cómo la retórica de odio se naturaliza desde la cima del Estado. Pero estas palabras no se desvanecen con el viento: son registradas, archivadas y perpetuadas por quienes tienen el deber de documentar cada intervención presidencial en la página oficial de la Casa Rosada. Cada insulto, cada descalificación y cada humillación quedan inmortalizados en los anales institucionales, como marcas indelebles que la historia conservará. Las redes sociales, además, se han convertido en su laboratorio de experimentación, donde la violencia verbal se amplifica, se viraliza y permea la vida cotidiana, enseñando a la sociedad que insultar, excluir y hostigar es legítimo, y dejando una sombra que atraviesa desde la cúspide del poder hasta los rincones más cotidianos de la vida social.
Nuestra historia reciente muestra no solo un cambio cualitativo, sino cómo durante las primeras décadas del siglo XXI se fue pavimentando el camino para que las políticas del gobierno actual fueran posibles: los gobiernos anteriores consolidaron la confrontación como herramienta política, construyendo rivales y señalando responsabilidades en distintos sectores; hoy, esa lógica se ha extremado: los contrincantes políticos se transforman en enemigos, son deshumanizados y atacados directamente desde la figura presidencial. El discurso de odio no se queda en la retórica: atraviesa la sociedad, moldea percepciones y genera tensiones que llegan hasta los espacios más cotidianos. La violencia simbólica del poder legitima agresiones, fragmenta la convivencia, entorpece el ejercicio de la función pública y desvía la política de su fin primordial: mejorar la vida de los ciudadanos y construir un bien común.
Los discursos de odio del Estado son, entonces, un factor de corrosión social. No solo deterioran la calidad del debate público, sino que alteran la percepción de la democracia, debilitan la confianza en las instituciones y generan un ambiente en que la violencia, verbal y simbólica, se naturaliza. Frente a esto, es urgente que los gobiernos de todo el mundo y las instituciones reconozcan cómo estos discursos atraviesan a la sociedad. La acción debe incluir legislar para prevenir la violencia simbólica, promover la alfabetización mediática y digital, y fortalecer la educación cívica a través de la participación de diversos actores sociales.
El envenenamiento del discurso público no es un accidente: es un proceso deliberado que atraviesa generaciones, espacios educativos, medios y redes sociales, dejando marcas que moldean percepciones y relaciones. Solo reconociendo su impacto, estudiándolo con rigor y actuando con decisión será posible reconstruir un clima de respeto, diálogo y democracia. Mientras tanto, la palabra continúa su camino, y con ella se despliega la tensión, la polarización y la sombra de enemigos que nacen del poder mismo, derramándose de arriba hacia abajo, atravesando la sociedad y dejando huellas en los rincones más cotidianos de nuestra vida social.
* Doctoranda en Ciencias Sociales (UNER); Licenciada en Historia (Uader); y profesora universitaria (UCA).
Fuente: Página Política
