
El texto lleva la firma de Hernán Orduna, pero al mismo se llegó luego de encuentros del que participaron otros dos ex jefes comunales peronistas que tuvieron a cargo áreas en el gobierno provincial. Se trata del chajarisense Juan Javier García y el gualeguaychuense Daniel Irigoyen, éste último en la gestión de Martín Piaggio. Hubo otros dirigentes que conforman ese ámbito de conversaciones. Por ahora es eso, un ámbito.
El documento con la rúbrica del concordiense lleva un título de taquilla, pero detrás del mismo hay otros títulos.
“Un almacén tributa en Entre Ríos, mientras que Mercado Libre no lo hace”. Esa certeza que sintetizaría el trabajo y apunta a la empresa que más creció durante la pandemia, debe ser expansiva a otros sectores que tienen sus bocas de expendio en la provincia, pero casas matrices en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mejor de los casos.
El documento manifiesta la necesidad de que la provincia modifique su estructura tributaria y la amplíe abarcando los sectores que representan las nuevas tecnologías que hoy no tributan Ingresos Brutos. El “aporte peronista”, como dice en un párrafo de la presentación tiene un destinatario, al que se nombra: Gustavo Bordet.
La Ley de Emergencia Solidaria impulsada por el Poder Ejecutivo derivó en un anuncio inquietante del presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano: la creación del impuesto a las Plataformas Digitales. El impuesto tendría entre otros grandes contribuyentes a Netflix y Amazon, que ya rige en la mayoría de los países del mundo.
El documento se para sobre la idea de que “Entre Ríos tiene una economía muy primarizada y exporta capitales, se desangra, y se empobrece cada día. Esta realidad es sentida por centenares de miles de comprovincianos que no tienen o carecen de un trabajo decente y sus carencias deben ser atendidas. Entre Ríos necesita acumular capital y distribuirlo para que el pueblo–y particularmente los jóvenes-, tengan futuro en la provincia”. Enseguida el texto propone “fortalecer el Estado” y para ello hace hincapié en un sistema tributario que promueva la incorporación de valor agregado a la producción y hacer tributar a las grandes empresas y las corporaciones transnacionales”.
Y continúa: “Para avanzar en materia de salud, educación, vivienda y seguridad es necesario aumentar la inversión social, la cual necesita que se tomen políticas tributarias lo más justas posibles”.
Para los autores, estas medidas “pueden lograr que, tanto el Estado provincial, como los municipios, mejoren su capacidad de recaudación de ingresos propios. Y para ello se deberían resolver algunos problemas:
– La evasión y elusión tributaria de empresas y personas que obtienen rentas por su actividad en la provincia, pero envían sus ganancias al exterior (a las guaridas fiscales). No invierten esos fondos acá. El Estado entrerriano debería registrar a las empresas y personas físicas que desarrollan actividades económicas en la Provincia y tienen dinero en paraísos fiscales en el exterior.
Para saber qué empresas y empresarios poseen fondos declarados o detectados en el exterior, se cuenta con varias fuentes valiosas: los datos del BCRA no publicados de fugadores de los años 2015 a 2019, las 4.040 cuentas no declaradas de argentinos en el exterior enviadas a la AFIP en cumplimiento de convenios con la OCDE y las listas de quienes se acogieron al blanqueo macrista y dejaron sus fondos en el exterior (90% de lo blanqueado quedó afuera de Argentina).
Evasión y cobros
En el documento los redactores entienden que el Estado provincial no debe otorgar subsidios a las empresas que tengan domicilio fiscal en otra jurisdicción, o que tengan fondos detectados en el exterior. Ese beneficio, dicen, debe ser para las pymes y empresas entrerrianas. Cualquier cuenta o fondo radicado en una guarida fiscal debería ser un impedimento.
Vuelve a aparecer la referencia al título del texto y la necesidad de gravar a las firmas, en rigor plataformas extranjeras, tales como Mercado Libre, Mercado Pago, apuestas y juego en línea (que compite con el Iafas), Google, Facebook, Amazon, Netflix, Spotify y Youtube. Y las que llegarán como Rappi, Glovo, Uber, cuando lleguen), etc.
“Son actividades que se pueden gravar. No hacerlo es defender a las grandes corporaciones transnacionales en desmedro de las empresas entrerrianas que sí pagan el impuesto a los ingresos brutos”, apuntaron.
Varias provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya han incorporado la tributación de la economía digital en su sistema fiscal o están en proceso de ello: Córdoba, Salta, Tucumán, San Juan, Mendoza, Chubut, Buenos Aires, La Pampa, entre otras.
Para eso será necesario modificar el Código Fiscal y de la Ley Impositiva que incluye, entre otros, la incorporación de las plataformas digitales. (Ver recuadro)