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Expuso ante los Senadores el candidato a Defensor General

Maximiano Benítez enfatizó que tiene “un compromiso muy fuerte con la defensa pública”. Se refirió a la necesidad de “coordinar acciones con todos los estamentos del Estado entrerriano”. No concuer

Se realizó este miércoles en el recinto de la Cámara de Senadores la audiencia pública al doctor Maximiliano Francisco Benítez, propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo de Defensor General. Allí respondió los requerimientos de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. El cargo quedó vacante ante la jubilación de Arsenio Mendoza.

Hay que mencionar que esta instancia, abierta a la comunidad, es parte de los alcances del artículo 19 del Reglamento de la Cámara y apunta a conocer de un candidato a ocupar un cargo que requiere del acuerdo constitucional, las motivaciones que tiene para el cargo o la forma en que desarrollará eventualmente su función, entre otros aspectos.

Benítez, quien fuera defensor de pobres y menores en Concordia y que no hace tanto había obtenido el mayor puntaje en el concurso del Juzgado de Instrucción número 4 de aquella ciudad, presentó ante los legisladores su situación patrimonial.

Consultado sobre las motivaciones que tenía en relación a la función para la que es propuesto, enfatizó que tiene “un compromiso muy fuerte con la defensa pública”.

En relación a qué aportes podría realizar desde su experiencia para atender las cuestiones relacionadas a la minoridad, indicó que el área de la Defensoría está ordenada y destacó el accionar del doctor Mendoza. Expuso la necesidad de “coordinar acciones con todos los estamentos del Estado entrerriano”.

Relató que uno de los temas de la coyuntura es el de la adicción. “Es una problemática acuciante, real”, deslizó y dijo que se tiene que continuar trabajando para contar con espacios adecuados tratamiento.

El candidato consideró que en diversas reparticiones existe el recurso humano que puede atender los requerimientos de este problema, pero se tiene que lograr armonía entre los equipos que dependen de las fuerzas de seguridad, de Educación, del Consejo del Menor y de la propia Justicia, como así también de los municipios que tienen equipos interdisciplinarios.

“No hay mayores costos, se trata de aprovechar al máximo lo que ya está”, comentó. “La provincia de Entre Ríos está en condiciones inmejorables para poder enfrentar este tema”, añadió Benítez.
En cuanto a la intervención de la defensoría en temas relacionados a casos de violencia contra menores y adolescentes, el letrado sostuvo que “en Entre Ríos la defensa pública ha sido jerarquizada”. “Se trabaja para asegurar los derechos de los menores”, explicó.

Destacó que en ámbitos de la Justicia entrerriana se han hecho esfuerzos para incorporar elementos técnicos que permiten resguardar al menor que ha sido víctima, y puso como ejemplo la Cámara Gesell, que evita con su uso que el menor deba revivir en diferentes instancias de la aplicación de Justicia lo que ha sufrido.

Cambios en la ley nacional

Los legisladores consultaron a Benítez su opinión sobre el debate abierto en el Congreso de la Nación para cambiar aspectos de la imputabilidad de menores. Comentó que ha seguido el tema a través de los medios y que por ello conoce que hay un proyecto que tiene más posibilidades y coincide con ideas impulsadas por el ministro de la Corte Suprema, Eduardo Zaffaroni.

“Todo proyecto que se apruebe debe garantizar a los menores los mismos derechos y garantías de los que hoy goza un mayor”, resaltó y recordó que “lamentablemente” está vigente como ley aplicable a los menores, un decreto ley de la dictadura militar.

En relación a su experiencia y conocimiento Benítez explicó a los Senadores que “no es fácil promover cambios en las leyes sobre minoridad”. Puso como ejemplo lo acontecido en otros países, como por ejemplo España, donde se tardó mucho tiempo en lograr consensos para modificar la legislación y apenas puesta en marcha, se necesitó introducir más cambios.

Con los menores: objetivos, no penas

Benítez dijo que no concuerda con la idea de sólo pensar en aplicar penas a menores. Amplió su concepto indicando que “se debe pensar en aplicar medidas. Con objetivos concretos. Creo que de este modo se puede mejorar la relación del menor con la comunidad”, amplió.

“La aplicación de una pena sin objetivos, sin lugares adecuados para la estancia y contención del menor, no benefician ni al joven ni a la sociedad”, aseguró.

Finalmente se refirió a la relación con la prensa. Al respecto comentó que a lo largo de su desempeño en la Justicia ha tenido una buena relación con los medios de difusión. Destacó el rol de la prensa en lo que hace al fortalecimiento de las instituciones y el sistema democrático. Sostuvo que los actos del funcionario público en general, deben ser conocidos a través de la prensa.

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