1º de marzo. Hace casi un año. Era domingo. Fátima Acevedo era vista por última vez al salir de la Casa de la Mujer en la que estaba refugiada junto a su niño. Desde el refugio se hizo la denuncia el martes 3 de marzo.

Fátima, de 25 años, había señalado a su pareja como violento en varias ocasiones, tenía un botón antipánico que no sirvió. Sus audios de Whatsapp reclamando que la cuiden quedaron grabados como impiadoso golpe a toda pretensión del Estado de explicar nada. Porque falló todo.

Encontraron el cuerpo de Fátima el 8 de marzo, Día Internacional de Mujer. También domingo. Cientos de manifestantes frente a Tribunales se encontraron y permanecieron horas y horas, sin plan previo, para estar juntas, para compartir la impotencia, la bronca, el dolor, para marcar falencias mostradas obscenamente, para exigir justicia. Otra vez.

 

Forma de ley

“Fátima nos interpeló a los tres poderes del Estado”, aseveró el gobernador Gustavo Bordet ante la Asamblea Legislativa, el 15 de febrero pasado en la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias. Pidió pronta sanción a un proyecto de ley que supone un nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia por Razones de Género.

Más allá del compromiso y la eficacia de los operadores judiciales, de personal policial y de trabajadores públicos en distintos ámbitos, el nuevo proyecto conviene ser mirado, antes que nada, en función de los cambios que puedan implicar que la historia de Fátima, y la de tantas otras mujeres, hubiera sido otra.

El proyecto, de 68 artículos, fue elaborado por un equipo de la Vicegobernación. El jueves, por Zoom, Laura Stratta reactivó la Red por la Igualdad, ámbito multipartidario y multisectorial creado para debatir la Ley de Paridad Integral. Participaron referentes sociales, legisladoras, funcionarias provinciales, de municipios y juntas de Gobierno, operadores del sistema judicial.

La intención oficial es recabar opiniones en ese ámbito, divulgar el contenido del proyecto y lograr un consenso social relevante para el debate final en la Legislatura. La pretensión es que en mayo, junio, pueda convertirse en ley.

 

Legitimación activa amplia

El proyecto en debate abre las puertas a la denuncia por violencia de género no solamente de la propia víctima sino de sus amigas, de vecinos, compañeros de trabajo, familiares, organizaciones sociales, cualquier trabajador o trabajadora que en una escuela, un hospital, centro de salud tome nota o sospeche el ejercicio de maltrato contra una mujer.

Aun cuando Fátima había hecho varias exposiciones -que no la pusieron a salvo-, esta nueva cláusula hubiera permitido abrir más el juego, en el proceso en trámite, a otras actoras -amigas, compañeras del refugio- que sabían el riesgo que corría.

Sofía Uranga, abogada que integró el equipo de redacción del proyecto en debate, afirmó que “la legitimación activa amplia es importante” para prevenir la violencia, llegar a tiempo de cuidar a una víctima. Precisó que refiere “no sólo a quién puede hacer la denuncia si no también respecto de cómo denunciar” porque se habilitan distintas modalidades para presentar la denuncia en sede judicial. “Esto es un paradigma en (los casos de) niñez”, dijo a Página Política.

Añadió que también es clave “la protección efectiva después”, resguardando por ejemplo el anonimato del denunciante. “De otro modo, si un docente, una amiga, una vecina radican la denuncia y después no pasa nada, deja de ser confiable el sistema”, aseveró.

 

Medidas urgentes

En el femicidio de Fátima se hizo visible una actuación descoordinada y descuidada de distintos organismos, la Justicia (el juez que entendía en la causa, el área que proveía el botón antipánico), la policía dependiente del Poder Ejecutivo, el municipio que tiene a cargo el refugio en el que estaba la mujer.

El proyecto, tal como se expresa en los fundamentos, decide “habilitar a que todos los jueces y juezas de Entre Ríos, ante hechos de violencia de género, tomen las denuncias, que se tramiten con carácter urgente y se puedan dictar medidas”. El juez que toma la denuncia tendrá “la posibilidad amplia de dictar medidas de protección” y además se estipula una regulación “sobre el incumplimiento de las medidas” lo que supone seguir de cerca y prever sanciones de variado tipo al agresor”.

Las medidas de protección tienen plazos perentorios: no más de 24 horas luego de radicada la denuncia; y se prevé la elaboración de un informe técnico sobre el caso en 48 horas aunque este informe no es requisito para el dictado de medidas de tutela anticipada. En esa amplitud de medidas para cuidar a la víctima se incluyen aspectos vinculados no sólo a proteger la vida sino también los bienes de la mujer y sus hijos como, por caso, disponer la inmediata sesión del derecho a percibir la AUH o el salario familiar a la madre. También es amplia la atribución respecto de sanciones al agresor ante el incumplimiento de medidas como la exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento. Se contempla, por caso, la notificación al lugar de trabajo de la denuncia por violencia de género. El femicida de Fátima, Jorge Nicolás Martínez, era empleado del Hospital San Martín de Paraná.

 

Registro de denuncias

Fátima tenía denuncias, varias, que tramitaban en distintos juzgados. Había exposiciones, además, de anteriores víctimas de Martínez. Aunque parezca increíble, cada expediente tuvo su curso, en paralelo, lo que puso anteojeras a un juez incapaz de advertir el riesgo que se corría.

Ante cada presentación, se radique donde y cuando se radique, se prevé la carga en el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia de la Oficina de Violencia de Género del Poder Judicial. De ese modo, además, se consulta sobre la existencia de antecedentes y medidas vigentes.

“Esto es fundamental”, destacó Uranga. “Hoy por hoy tenés un mismo agresor que tiene una causa en su contra en un Juzgado de familia; otra en fiscalía en turno por el delito de amenazas que por la pena puede no parecer grave pero es gravísimo si se advierte el riesgo que puede suponer para una víctima de género”, afirmó.

“Tiene que haber comunicación. Por ahí son 20 metros entre juzgado y juzgado pero hoy no está. Y además no se puede fragmentar a las mujeres en cada intervención judicial”, remarcó.

 

Otros puntos

El proyecto prevé mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento y control de las políticas en materia de género; se contempla una articulación con áreas vinculadas a la Educación Sexual Integral; se planifican distintas modalidades de intervención y se tipican los tipos de violencia en correlación con diferentes normativas nacionales que han implicado nuevos derechos y medidas de protección.

Se plantean como principios de la ley, plasmados en distintos modos de la intervención del Estado, “la perspectiva de derechos humanos y las libertades fundamentales; el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias; el respeto a la dignidad de las personas; el principio de igualdad real de oportunidades; el acceso a la justicia; la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; la protección integral de los derechos de las adultas mayores; la protección del derecho a la salud mental; la protección integral de las mujeres con discapacidad; la protección integral de los derechos del colectivo LGTBQ+”.

Además, se estipula “el principio de no revictimización de la mujer” por lo cual se valora “un criterio inviolable para el seguimiento del proceso el evitar la superposición o reiteración de informes innecesarios que revictimicen a la mujer”. Se contempla la intervención ante casos de mujeres migrantes, de zona rural o isleña. Se prevé la gratuidad de todas las actuaciones judiciales y la defensa y patrocinio letrado gratuito.

En los fundamentos del proyecto, se afirma que “las actuales circunstancias develan el gran componente doméstico de la violencia de género como un rasgo estructural y frente a esta característica muchos dispositivos o acciones han demostrado ineficacia y para los operadores, impotencia. Frente a esta realidad la creatividad deber estar al orden del día, para reinventar soluciones”.

“Decimos que el patriarcado se reinventa, pues bien, nosotros debemos reinventar las soluciones. Entonces, revisar la normativa y sincerar cada artículo desde la mirada de la eficacia, es el desafío”, se plantea el texto en debate y se agrega: “Hablamos de deconstruir mandatos culturales que muchas veces son el trasfondo de las situaciones de violencia, ahí va la tarea de visibilizar y promover derechos. En paralelo planteamos la construcción de herramientas y dispositivos que protejan y cuiden”.

Fuente: Página Política