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Fotos de campaña, desprolijidades y un recreo de Berthet

La audiencia giró, otra vez, por despejar dudas sobre la contratación directa de publicidad a medios de comunicación y cartelería. Fue en esta última donde aparecieron las repeticiones de imágenes. El relato de un ex legislador que operó de recreo.
Por: Redacción de Página Política

La jornada de este jueves en el juicio oral y público que se lleva adelante y cuyo principal imputado es Sergio Urribarri, tuvo a funcionarios del área de Comunicación del gobierno provincial. La idea, según todos los testigos que se sentaron en el banquillo, fue precisar acerca del funcionamiento de la contratación de publicidad con los medios de comunicación y campañas.

Mariela Teruel se explayó sobre el modo en que se hacen las contrataciones y las certificaciones de las publicidades o campañas publicitarias. A la responsable del área de Comunicación se le mostraron órdenes de publicidad que tenían una fecha anterior a las propuestas presentadas por las empresas Bustamante, Montañana y TEP S.R.L. La testigo refirió a un posible “error de tipeo” ante el tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.

Fiscalía preguntó sobre la posibilidad de contratar empresas que no estén incluidas en el Registro Integrado de Medios, que se creó durante 2009, ya que según su hipótesis es que TEP S.R.L. (Formato Urbano) se anotó recién en el 2010 pero fue beneficiada el año anterior. “Se puede haber contratado alguno pre-inscrito. Les dimos un tiempo a todos para que se inscriban. Pero si la contratación fue en el 2009, no debería haber contrataciones sin que estén en el registro. Porque le dimos un tiempo de plazo, como máximo un año, no puedo decirte cuanto”, contestó.

La funcionaria fue convocada por varios de los legajos que confluyen en la causa que se conoce como “sueño entrerriano”, en el que el ex gobernador está acusado de haberse beneficiado con fondos públicos para su campaña presidencial.

Teruel dio detalles del procedimiento sobre la contratación y narró que “hasta que se creó el área de Legales (en el Ministerio de Comunicación y Cultura que conducía el imputado Pedro Báez), las contrataciones se definían por excepción sin justificación inicial. Hasta determinado monto sólo requería la firma de quien era director de Comunicaciones o el ministro”.

La fiscal Patricia Yedro insistió en saber cómo se justificaba la contratación de publicidad. La testigo dio cuenta de la imposibilidad de fijar un criterio y dejarlo escrito. Alegó, incluso, que hubo intentos pero al momento de “llegar a todos los puntos de la provincia es imposible”.  Puso como ejemplo las dificultades de otorgar una publicidad a un canal de Paraná y una radio barrial, por ejemplo de otra ciudad, donde también tiene que llegar la información gubernamental.

 

Las famosas fotos

Las fotos, como elemento de certificación, aparecen en la causa como fundamental. El Ministerio Público Fiscal hizo hincapié en la repetición de fotos, que eran presentadas en diferentes campañas. Teruel ratificó que de certificar se encargaba Gustavo Tamay, designado para tal labor en 2009. Debía ir a los lugares en los que se había autorizado la cartelería adjudicada en Paraná, Gualeguaychú, Concordia, Concepción del Uruguay y las rutas 11, 12 y 14.

“Cuando había una orden de publicidad, se la entregábamos a él para que se constituya en el lugar y certifique que la publicidad estaba colocada”, narró Teruel.

Tamay debía certificar la existencia del cartel y la ubicación del mismo. Fue el momento en que la Fiscalía le exhibió expedientes a nombre de Montañana, Bustamante y Formato Urbano en donde aparecían fotos. La testigo reconoció que las imágenes utilizadas en distintos casos y que correspondía a firmas diferentes eran las mismas. “Las fotos son iguales y los expedientes son de distintas empresas, son las mismas imágenes”, afirmó. De ahí surge el nombre de la causa “de la vaca”, en la que todos estos años se hizo referencia por la repetición de la imagen del vacuno en diferentes carteles.

Teruel, de todas maneras, no se hizo cargo de esa cuestión y catalogó el procedimiento de “desprolijo”.

Báez ha explicado en Fiscalía en la etapa preparatoria que las fotos eran algo meramente ilustrativo, ya que hasta el momento (o su llegada al ministerio) era el privado (es decir las empresas) el que presentaba la imagen de certificación.

La testigo ratificó que las empresas presentaban fotos que valían como certificación, pero luego se habilitó el pago a partir de la certificación “in situ” de Tamay.

En el expediente de Global Means, donde se investigó contrataciones irregulares a la empresa de Germán Buffa supuestamente direccionada, Teruel dijo desconocer a Jorge “el corcho” Rodríguez, propietario de Nelly Entertainment, una empresa que realizó spots en el marco de la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná. Juró por sus hijos no conocerlo al ex de Susana Giménez, que resolvió su situación en este caso con un juicio abreviado.

 

Recreo y algo más

Luego de la kilométrica declaración de la funcionaria, fue el turno del ex legislador Hugo Berthet. La desopilante introducción, en la que repasó las internas del PJ de los últimos 15 años, complicó enfocarlo en la causa. “Lo hice diputado a (Hernán) Vitulo o al chico de Kramer, que lo saqué de Ramírez, y se fue con (Adán) Bahl y Urribarri”. Y así fue contando anécdotas mientras la fiscal Yedro trataba de llevarlo a los legajos que se están sustanciando en estos días.

Repasó encuentros con Jorge Busti y opiniones que aportaba Augusto Alasino para definir acciones del partido tras la derrota del justicialismo en 1999. Saludó la iniciativa de Juan Domingo Zacarías de recaudar a través del pago del 10 por ciento del salario de cada afiliado. De lo más pintoresco por la galería de personajes que trajo a colación y que en algunos casos mencionó con el sobrenombre. Eso sí, de la causa nada.

Sobre la figura del imputado Juan Pablo Aguilera, el cuatro veces legislador (entre diputaciones y senadurías), dijo haberlo conocido en el Senado, donde se desempeña (y tiene planta permanente). Recordó que el cuñado de Urribarri tuvo en el PJ un “rol protagónico en la campaña, según los compañeros, quizás por méritos propios quizás por su cercanía con el gobernador”.

El final quedó para Maricel Brusco, secretaría de Comunicación, sostuvo que los “mecanismos de contratación directa (de publicidad) es el mismo que en todos los gobiernos, por lo menos desde que me acuerdo”.

La testigo hizo referencia a la ley 5140, que rige hace décadas, que regula la contratación de publicidad. La misma “terminó con cualquier mecanismo que no sea la contratación directa a los medios de comunicación. En el tiempo hubo decretos, registro de medios y una serie de cuestiones que se fueron mejorando todos los marcos regulatorios”, sostuvo.

Brusco aseguró que “no se le da una pauta a cualquiera que viene diciendo que tiene un medio. Hay contadores auditores y diferentes organismos de control y jurídicos que participan de la elaboración de un decreto”, contó.

La procuradora adjunta Cecilia Goyeneche la consultó si se acordaba por una campaña de 3 millones dólares, lo que respondió negativamente.

Volvió a ser consultada sobre el criterio, al que dijo ser muy difícil, definir radio, interés periodista. “Es muy difícil decir por qué el Gobierno pautaría con este y no con este. Eso no está resuelto, ni siquiera, en otras provincias. Es muy complejo comparar uno medio con otro, por eso lo que se ha hecho es ir mejorando las auditorias y procedimientos”, apuntó.

Marcos Rodríguez Allende se interesó en saber si Brusco conocía a Aguilera, y respondió que sí y si en alguna oportunidad le había pedido por alguna contratación, donde respondió que no.

El juicio sigue el lunes, donde declarará Pablo Dimier, Natalia Gallo y Virginia Livsonvky.

Fuente: Página Política

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