Rogelio Frigerio envió este miércoles a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear la Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública. La iniciativa busca realizar un análisis exhaustivo del desenvolvimiento histórico de los pasivos del Estado desde el 10 de diciembre de 1995 a la fecha.
El período que eligió el Gobernador deja afuera a Mario Moine, un aliado y asesor del mandatario en encuentros de viernes a la tarde, según reveló el propio empresario.
La propuesta busca poner bajo la lupa la evolución, composición, destino y legalidad de la deuda provincial, incluyendo la interna y externa, directa e indirecta, y abarcando renegociaciones, refinanciaciones, canjes y situaciones de incumplimiento o reestructuraciones.
Según publicó la agencia APF, el objetivo de la Comisión es “realizar el estudio y análisis del desenvolvimiento histórico de la deuda pública del Estado entrerriano, interna y externa, directa e indirecta, desde el 10 de diciembre de 1995 hasta la fecha de promulgación de la presente ley, comprendiendo sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, los respectivos pagos de comisiones, situaciones de incumplimiento (‘default’) y reestructuraciones”.
La iniciativa llega no solo en el marco de un proceso electoral en el que faltan apenas cuatro días para que la ciudadanía tenga la posibilidad de expresarse, sino en un año en que el Gobierno solicitó la autorización para endeudarse en 500 millones de dólares, cifra que el Ejecutivo suele comparar con la solicitada durante la administración de Gustavo Bordet.
La pesquisa incluye a todos los mandatarios entrerrianos del último período democrático (los peronistas Jorge Busti, Sergio Urribarri y Gustavo Bordet; y el radical Sergio Montiel), excepto Moine, el hombre que mejor expresó el neoliberalismo en Entre Ríos. El libro del periodista Juan Bracco, “El Informe Domenicone”, sería un importante aporte para sumar a la historia, si el objetivo es entenderla. Moine fue el firmante del más lesivo pacto fiscal que se haya convenido con Nación, cediendo los servicios de salud y educación sin la contrapartida presupuestaria, que se paga hasta hoy con el déficit de la Caja de Jubilaciones. Además de ceder el 15 por ciento de la coparticipación, lo que generó un desequilibrio crónico en los años por venir.
La comisión estará integrada por nueve miembros: tres senadores, tres diputados y tres representantes designados por el gobernador, que desempeñarán sus funciones ad-honorem. Los integrantes podrán “requerir al Poder Ejecutivo Provincial, sus ministerios, organismos autárquicos y descentralizados, empresas con participación estatal o cualquier ente bajo su órbita, así como a los órganos autónomos de control y la Legislatura provincial, toda la documentación e información vinculada a operaciones de endeudamiento”.
El trabajo deberá estar realizado en un plazo máximo de 12 meses, si el plazo se vence sin un dictamen final, deberá difundir la información recopilada y sus conclusiones parciales, justificando la falta de conclusión.
Fuente: Página Política
