“Negar derechos es delito” se titula un documento que firman organizaciones feministas, de derechos humanos y agrupaciones políticas en el que se repudia la serie de manifestaciones a raíz de una Interrupción Legal del Embarazo a una niña de 13 años en el Hospital Masvernat de Concordia.
“Respaldamos y brindamos todo nuestro apoyo a profesionales sanitarios y judiciales que garantizaron dicha práctica de forma segura, la cual se encuentra enmarcada legalmente como aborto no punible por causales en nuestro Código Penal Argentino desde el año 1921”, dice el texto que repudia que “grupos antiderechos una vez más, utilizan para confundir a la población, una situación enmarcada en el pleno de normativas vigentes en Argentina para realizar campañas basadas en falacias y distorsión de los hechos, para hostigar y amedrentar a quienes cumplieron con el derecho llevando adelante un procedimiento médico”.
“Estas situaciones no solo demuestran su menosprecio por la salud y derechos de las niñas y mujeres sino sus mecanismos de apriete para imponer sus intereses, tal como lo han llevado adelante en otras oportunidades en Entre Ríos”, se apuntó.
Se denunció “el accionar de legisladores, legisladoras, grupos fundamentalistas religiosos y la Red de familias entrerrianas que en absoluto desconocimiento del marco normativo vigente en nuestro país y en base a sus creencias personales intentaron someter a escrutinio judicial una prestación médica absolutamente legal”. Reclamaron “no manifestarse en contra del marco normativo vigente en nuestro país” y demandaron que promuevan el respeto y la protección de la niña garantizado la privacidad y la no estigmatización mediática y social y eso incluye “la no divulgación de datos sobre la menor que solo profundizan la grave situación que atraviesa la menor y su familia”.
Además, se respaldó el accionar judicial cuyos representantes han dejado aclarado que ‘ningún juez otorgó autorización judicial para la interrupción del mencionado embarazo, dado que se trata de un caso no judiciable por existir normativa que regula el aborto no punible’, y que sólo se exhortó a los profesionales de la salud a cumplir con sus obligaciones en la prestación de la práctica legal”.
Desde el Ejecutivo
Desde el Ministerio de Salud de la provincia se emitió una declaración en la que se enfatiza que “las políticas públicas que se implementan están en el marco del respeto irrestricto de las leyes”.
“La protección de derechos de niñas, niños y adolescente es responsabilidad del Estado” y se afirma que la ILE en niñas y/o adolescentes supone en primera instancia “respetar la integridad de la persona, e intentar terminar con un cruento camino de violencias, frente a flagrantes violaciones de estos derechos”. “El estado debe reparar aplicando la ley sin dilaciones, para restituir en parte la condición de dignidad de esa niña, niño, o adolescente”, indicaron desde el área a cargo de Sonia Velázquez.
“Los profesionales de la salud frente a situaciones complejas de riesgo de salud, riesgo de vida o violaciones/abuso sexual, están habilitados a proceder según lo establecido en el Código Penal Art. 86, inc. 1 y 2, siempre y cuando la niña o adolescente así lo demande”, dijeron, al tiempo que agregaron: “Es importante aclarar que siempre se actúa respetando la legislación argentina que reconoce situaciones en las que el aborto está permitido”.
Además el programa provincial de Salud Sexual y Reproductiva trabaja en forma coordinada con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, cuya Secretaría de Gobierno de Salud está a cargo de Adolfo Rubinstein, para garantizar que el acceso a los derechos sexuales y reproductivos sean una realidad y por ende garantizar estas prácticas.
Por eso ambas carteras de salud, a nivel provincial y nacional, compartieron “la preocupación por la manipulación de información (en el caso de la ILE en Concordia), exponiendo a niñas, niños o adolescentes, porque se vuelve a dañar la integridad de esas personas, vulnerabilizándolas nuevamente”.
