Este martes se vivieron momentos de tensión en las calles churruarin y López Jordán cuando el juez Carlos Coglionesse rechazó una medida cautelar y ratificó la orden de desalojo de tres familias que viven allí hace 30 años.
El Grupo de Inteligencia Armada (GIA) intentó sacar a la gente del lugar de forma violenta. En el procedimiento, personal del GIA utilizó gases lacrimógenos y balas de goma. Había vecinos e integrantes de la agrupación Movimiento Evita, que estaban apoyando a la familia y que ante el inminente fallo judicial montaron una vigilia durante toda la noche en las inmediaciones de las viviendas. En las primeras horas de la mañana habían prendido gomas y cortado la calle.
La represión tuvo un saldo de 15 heridos, entre ellos tres menores de edad; un bebé de 8 meses, y dos niños de 5 y 9. Una mujer de 30 años con diálisis debió ser trasladada a un centro de salud porque se descompuso.
Emiliano Gómez Tutau, coordinador de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, quedó demorado en la Comisaría 12º. El funcionario, de 25 años, es secretario de organización del Movimiento Evita en Entre Ríos y delegado provincial de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (Uolra).
Ni bien se conoció la noticia, el diputado provincial y referente local del espacio, Juan José Albornoz, pidió a través de las redes sociales “la liberación inmediata del joven compañero Emiliano Gómez Tutau, quien fue apresado por la Policía”.
“Creemos que el Estado puesto al servicio de los negocios inmobiliarios trae como consecuencia la criminalización de la militancia popular e inclina la balanza a favor de los que más tienen, a favor de la injusticia”, sentenció el legislador que, como todo el Movimiento Evita, se alineó tras la candidatura presidencial de Jorge Taiana.
El director de Operaciones de la Policía de Entre Ríos, comisario Gustavo Maslein, se hizo presente en el lugar y suspendió el desalojo ordenado por el juez, a cargo del Juzgado Civil Nº 1.
Todo comenzó la semana pasada con un operativo para sacar de un predio a tres familias que, según las mismas, hace 30 años están en el lugar. La medida fue después de una orden de un juez y una decena de policías de la GIA que, junto a una topadora, llegaron a la zona.
