El procurador general de la provincia se va deshaciendo de inconvenientes que se le cruzan en el camino. Los resuelve personalmente. Logró que los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, donde recayó la denuncia en su contra interpuesta por el abogado de Sergio Urribarri, Fernando Burlando, rechace la competencia. 

En una ajustada votación, el Jury considerará que es el juicio político quien debe juzgarlo. Jorge Amilcar Luciano García se aferra a ese instituto constitucional, porque sabe que allí nunca correrá peligro. El monopolio de la persecución penal y el verticalismo que le concede el Código Procesal Penal al procurador lo convierte en garante o verdugo de todos quienes forman parte de la vida pública. En la realpolitik tiene más poder que el gobernador, si el bienestar es la meca del devenir. 

Los votos para que García sea juzgado en el Jury lo aportarán el representante de la Abogacía, Gonzalo García Garro y Victoria Gimenez; y la senadora peronista Gladys Domínguez. La mayoría para que sea el juicio político corre por cuenta de los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Leonardo Portela, Miguel Angel Giorgio y Susana Medina; y el diputado radical Marcelo López. Esa es la certeza que tiene el jefe de los fiscales. 

Jorge Busti – el último jefe político que ejerció el poder y García lo sabe muy bien- no hubiese dejado en manos de 23 voluntades el destino del procurador o de una persona que pueda decidir sobre su futuro, sino en 4, como prevé el Jury. 

El respeto de García a Busti fue tal, que cuando se destapó el escándalo de los contratos truchos en la Legislatura, el procurador hizo un recorte que fue escandaloso: decidió que se investigue el período 2008-2018, con la excepción en la Cámara de Diputados, en la que se evitaría el período 2008-2011, que fue precisamente cuando Busti presidió ese cuerpo. No existió, jamás, una explicación sobre ese recorte que es lisa y llanamente un acto de impunidad sin precedentes. Algo similar ocurrió en la causa de Urribarri y Cardona Herrera si se repasan los hechos y la lista de imputados. 

En las próximas semanas García restituirá a Cecilia Goyeneche en el cargo bajo la figura caducidad de instancia, por entender que el proceso por el que se la juzgó se agotó. La decisión se sustentará en la independencia que tiene el Ministerio Público Fiscal como órgano dentro del Poder Judicial. ¿Qué sucederá con el Jury? Por ahora nadie dice nada.

La llegada de Goyeneche, con la denuncia contra los vocales aún latente porque pese al archivo ordenado por Santiago Brugo no se efectivizó, será un vuelta a foja cero de la tormenta desatada hace dos años. La vieja guardia, sobre todo Daniel Carubia y Claudia Mizawak, se abroquelarán. Los jueces hablan por sus sentencias, se dice hace siglos. Mala noticia para el Ejecutivo, donde el STJ ve una desprotección ante los embates de la doctora que no se toma descanso en vapulear a los magistrados que fallaron en contra de su parecer. 

Los hechos suponen el restablecimiento de la guerra sin cuarteles, que lleva años, y fue descuidada por la política. Esas deudas se pagan. 

Fuente: Página Política