El medio ambiente es, en Gualeguaychú, un tema sagrado. Sólo en esa ciudad el debate atraviesa a la sociedad en su conjunto.

En un encuentro realizado en el salón del Concejo Deliberante de la ciudad se explicaron los alcances de la medida cautelar aplicada por el juez federal Pablo Andrés Seró.

El salón del Concejo Deliberante colmado de vecinos y vecinas fue el escenario en el que se realizó un encuentro convocado desde la Municipalidad. La reunión estuvo encabezada por el vice intendente Jorge Maradey; el secretario de Gobierno Ignacio Farfán; el secretario de Desarrollo Social y Salud Martín Roberto Piaggio; el director de Asuntos Legales Mariano Fiorotto; y la directora de Ambiente Susana Villamonte. Martín Piaggio, el intendente, fue contundente tras conocerse el fallo.

El cónclave comenzó con un video donde Estela Lemes, una docente rural, relata el episodio en el que fue fumigada sobre la escuela donde da clases. Actualmente, Estela realiza un tratamiento médico por estar contaminada con glifosato en su sangre. “El testimonio de Estela, la marcha de diciembre contra el cáncer, y todas las manifestaciones realizadas por el pueblo de Gualeguaychú nos llevaron a aprobar la ordenanza que prohíbe el glifosato en la ciudad”, destacó Maradey, que agregó: “Esta lucha es de todos los vecinos y las vecinas de la ciudad, porque los intereses detrás de la suspensión de la ordenanza son grandes, pero no nos van a vencer”.

Farfán fue quien se encargó de informar sobre los alcances legales de la medida cautelar que suspendió la ordenanza para las seis empresas que presentaron la demanda y que pretenden declararla inconstitucional. “La Municipalidad va a impugnar la competencia del juez Seró porque creemos que esto debe dirimirse en la justicia local, para determinar en los juzgados de la ciudad la plena vigencia de la ordenanza”, desafió el funcionario municipal.

Contra Bordet y Urribarri

El senador departamental por Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda, se expresó también este lunes respecto de la medida cautelar dispuesta por Seró.

“El juez le pone una grado de racionalidad a una medida de la Municipalidad, que obviamente no comparto porque nunca se explicó cuál es el criterio objetivo de prohibir el acopio y comercialización del glifosato, ya que se trata de un insumo de uso agrícola, no urbano. Se cae de maduro que esta medida prohibitiva tiene una fuerte y evidente connotación política que no se ajusta a entender cuál es el sistema de producción que existe hoy en la provincia y en al país”, señaló el legislador del PRO.

Mattiauda comentó que “el principio de estos conflictos se da con la actitud del actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, quien envió a archivo el proyecto de ley de fitosanitarios, tirando a la basura más de dos años de trabajo de todos los espacios políticos de ambas cámaras. Esa ley era más que necesaria, era imprescindible”, aseguró.

En ese mismo sentido, redobló su crítica y apuntó al Gobernador: “Gustavo Bordet no se ha expresado al respecto y no es aceptable que se haga el distraído luego de la dañina jugada política de Urribarri. El Gobernador debe convocar a la Legislatura para dotar a la provincia de una nueva norma que garantice el uso eficiente de los agroquímicos, una mejor identificación de todos los eslabones de la cadena productiva y que aplique fuertes sanciones para quienes hagan un mal uso de los productos”, remarcó.

Y contó: “Ayer hablaba al respecto con el secretario de la Producción de Entre Ríos, Álvaro Gabás, y entiendo que Bordet debe imponer un grado de razonabilidad e instar a los legisladores para que trabajemos sobre una ley que lleve tranquilidad a toda la población con un equilibrio justamente entre el cuidado del medio ambiente, la salud del ser humano y manteniendo un criterio de productividad para generar recursos para la provincia y el país”.

Para Mattiauda “ha existido una utilización político-ideológica del tema agroquímicos sin comprender la realidad del sector, porque los fitosanitarios son un insumo, una herramienta básica para sostener los niveles de productividad. Y ellos van enganchados a otros aspectos, como lo es la siembra directa que es una tecnología que llegó para cuidar los suelos de nuestra provincia. En tanto y en cuanto no podamos avanzar en un sistema de producción alternativa, me parece que la prohibición es un grave error porque va a traer más pobreza a nuestra región, y con esto no quiero habilitar indiscriminadamente el uso de agroquímicos, todo lo contrario, creo que la llave está en el buen uso de los productos, en la responsabilidad de los productores y aplicadores, y en un efectivo control estatal”, afirmó.