Como sucede en todos los rincones de las instituciones, la relación personal vale a veces más que los méritos. Existe también la buena onda. Y el mandado, liso y llano. Estas cuestiones que se dan en todos los ámbitos de la vida en sociedad también atraviesan el seno del Estado, en sus tres poderes.
El Ministerio Público Fiscal, en una flagrante violación al artículo 207 de la Constitución provincial, trasladó al fiscal Federico Uriburu de Nogoyá a Rosario del Tala. El traspaso fue luego de terminar en los últimos lugares de una serie de concurso en el Consejo de la Magistratura. Además pesa sobre él una denuncia por violencia de género con un importante volumen de evidencia.
La Asociación de Magistrados de Entre Ríos no se ha manifestado. La última consulta que hizo este medio a la entidad respecto al tema obtuvo como respuesta el desconocimiento del caso. En rigor se sabía lo que Página Judicial había publicado.
La causa que lo tiene a Uriburu en el lugar de sospechoso mereció oportunamente un llamado de atención del diputado radical de Nogoyá, Gustavo Cusinato, quien presentó un proyecto de comunicación para poner al tanto a sus pares de lo que estaba ocurriendo en su terruño. Hubo reuniones informativas de las que también participaron la ministra de Gobierno, Rosario Romero. La vicegobernadora Laura Stratta también se interesó por esa causa que tiene al integrante del Ministerio Público Fiscal denunciado por acoso.
La solución llegó de manera vulgar. Uriburu fue trasladado a la Fiscalía de Rosario del Tala tras la jubilación del fiscal Elbio Rojkin, el 31 de diciembre. El cambio de jurisdicción no le cambia la conducta a Uriburu. Tampoco borra lo que hizo y de lo que está acusado.
En coincidencia con ese traslado sucedió el siguiente episodio: la pareja de Florencia Navarro, sobrina de Juan Navarro que se desempeña como secretaria del Juzgado de Familia de la ciudad, fue enviado a Concepción del Uruguay. Se trata de Eduardo Santos. Estaba al frente de una Fiscalía en Gualeguay y concursó, pero quedó afuera de la terna. No obstante tuvo suerte. Consiguió instalarse en una Fiscalía en la ciudad de donde es oriundo. Le salió redondo. Toda esta secuencia se la adjudican en Tala al diputado Navarro. Sería el gestor.
El legislador justicialista jamás se expresó sobre el caso Uriburu y Cusinato, sentado en el recinto a apenas unos metros, dejó de hacerlo.
Lo cierto es que quienes solucionaron sus problemas fueron el procurador general Jorge García y su subordinado Uriburu. Gol.
El pedido del presidente Alberto Fernández en el Congreso de establecer un “control cruzado” entre los poderes Legislativo y Judicial, en Entre Ríos, queda plasmado en la causa de los “contratos truchos”. Pero en versión de caricatura.
En las últimas horas el abogado José Velázquez ingresó una “nota de conocimiento” en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdo del Senado en la que denuncia una mala praxis judicial por parte de la jueza de Familia de Federal, María Soledad Villalonga, por incumplir la ley procesal de familia. Puede no estar de acuerdo con lo que dice una norma y declararla inconstitucional, pero no incumplirla, interpreta Velázquez en su texto. Y aprovecha a contar que fue denunciado por la magistrada en el marco de una causa en la que representa a la titular del Copnaf de esa jurisdicción.
Lo interesante del caso (que abajo se explica) es que un abogado haya decidido concurrir al Senado para poner de relieve lo que cree que debe analizarse en el ámbito institucional. Lo insólito es que lo haga alguien que no pertenece, precisamente, a una institución.
Nota para conocimiento del Sendo by Página Judicial on Scribd
Fuente: Página Política
