Antes de concurrir a tribunales a buscar la información que estuvo hasta este miércoles bajo secreto de sumario, los abogados Guillermo Vartorelli y José Velázquez hablaron sobre el escándalo de las contrataciones truchas en la Legislatura.

En diálogo con el programa Cinco Esquinas, que se emite por Radio Costa Paraná, los abogados que representan a personas que están imputadas en la causa se refirieron a la investigación que, según las estimaciones del Ministerio Público Fiscal, habría generado un desfalco de 1.235 millones de pesos a las arcas públicas entre los años 2008 y 2018.

Vartorelli, junto con Miguel Ángel Cullen, es defensor de Gustavo Pérez, quien se desempeñó como director general del Servicios Administrativo Contable de la Cámara de Senadores a partir de 2011 y fue desplazado del cargo luego de que Página Judicial revelara la investigación que estaba llevando adelante la Justicia.

En ese sentido, el letrado aclaró que “el señor Pérez decidió apartarse luego de que lo allanaran y no se encontrara nada en su domicilio” e insistió en que “pidió ser apartado para no ser sospechado, ni siquiera, de ocultar alguna información. El apartamiento lo aleja de la posibilidad de obstruir la investigación. Por eso no se justifica la detención”, señaló el abogado al comparársele la situación de Pérez con la de Alfredo Bilbao, quien sí está detenido luego de que constatara que borró información de su computadora.

El abogado sostuvo que “la investigación se centra casi exclusivamente en el Senado de la provincia. Si bien fue mencionada la Cámara de Diputados y hubo un pedido (de información), la investigación está en el Senado de la provincia”. No obstante, aclaró que se sabe muy poco de la marcha de la causa y la mayor parte de lo que se conoce fue a partir de una reconstrucción que han podido hacer por fuera del secreto de sumario.

El defensor de Pérez dijo que no teme que la investigación apunte solo a personas que están por fuera del radar de la política y apuntó que “Pérez no tenía la facultad de disponer a quién se le hacía un contrato, es un (empleado) administrativo, no es quien decide en la Legislatura. A partir de eso habrá que ver si se le puede endilgar alguna responsabilidad, pero en principio su responsabilidad no puede ser nunca la de haber otorgado un contrato”.

–¿Quiénes le pedían a Pérez que hiciera los contratos? –se le preguntó.

–Por el reglamento de la cámara, son siempre legisladores. Pérez no toma la decisión de contratar a fulano o mengano, es un administrador que está por debajo del legislador.

Enseguida destacó que Pérez “se presentó espontáneamente luego de que lo allanaran” y agregó que “ante la noticia de que podría estar involucrado, presentó un escrito y se puso a disposición” de los fiscales.

El letrado consideró también que “debe ser reformulado” el pedido de los fiscales para que se les remitan todas las contrataciones efectuadas por la Legislatura durante los últimos diez años, “porque si no estaríamos ante una auditoría del Poder Legislativo, que es independiente y autónomo” y resaltó que la requisitoria fiscal “es muy genérica, aunque las cámaras tienen la voluntad de colaborar”.

Planteos en puerta

De acuerdo con la imputación formulada por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, con la coordinación de la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, en el ámbito legislativo se creó un sistema de recaudación fraudulento a través de contratos a favor de “prestanombres”.

El abogado Velázquez es defensor de quienes están acusados de ser los reclutadores de esos “prestanombres”: Hugo Mena, su pareja Flavia Beckman; la hija de ésta, Victoria Álvarez; y la pareja de ella, Esteban Ángel Alberto Scialocomo.

En declaraciones radiales no descartó “plantear ciertas nulidades sobre la formulación de cargos e inclusive alguna recusación”. Si bien no dio detalles, adelantó que objetaría la imputación porque desconoce el hecho y las pruebas de cargo.

Mena, Beckman, Álvarez y Scialocomo se encuentran detenidos y con prisión preventiva por cuatro meses, una medida que el letrado consideró como “totalmente irracional” y adelantó que será apelada. Si bien su defensor dijo desconocer los detalles de la investigación y las pruebas de cargo, por el secreto de sumario, explicó que “el hecho se investiga a partir de 2008 hasta la fecha. Pero habría que analizar quiénes eran las personas que disponían de los fondos, es decir, quiénes tenían poder de decisión”, funciones que no tenían sus defendidos. “Beckman era una persona que tenía un contrato de obra por la Cámara de Senadores desde hace muchísimo tiempo y hacía trabajos de militante”, acotó.

El senador Pedro Guillermo Guastavino ha admitido que tenía Beckman, Álvarez y Scialocomo como contratados en la Cámara de Senadores de la Nación.

Asimismo, Velázquez cuestionó la aplicación de una doctrina según la cual “todo tipo de persona que esté relacionada con el Estado se supone que tiene capacidad de entorpecer la investigación porque Beckman no es funcionaria”.