El oficialismo dio marcha atrás en la intención de incrementar la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. El proyecto original pretendía llevar de uno a tres el número, lo que significó un rechazo contundente por todos los sectores del organismo y entidades de la comunidad judicial, como el Colegio de la Abogacía y la Asociación de la Magistratura.

En la audiencia, que se transmitió en vivo y de la que participaron todos los representantes del Consejo, las instituciones mencionadas cuestionaron “el equilibrio” al que hacía referencia el texto inicial. La política si bien no está, en números, equiparado en el seno del organismo, sí lo está en el proceso de evaluación y selección de funcionarios judiciales. En primer lugar porque es el Senado el que presta acuerdo a un pliego; y luego el Gobernador al momento de elegir de una terna y designar.

Pero la integración sufrirá cambios que a la oposición no convencen. Por eso rechazó tratar el proyecto sobre tablas en la sesión de este jueves y el mismo se abordará en 15 días. Está vinculado al estamento de los académicos. El oficialismo defendió la integración de las universidades con sede en Entre Ríos, lo que a la vez, deja afuera a la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

El artículo 2º inciso d, que refiere a la integración de los académicos, quedó redactada de la siguiente manera:

-Tres miembros de reconocida trayectoria del ámbito académico o científico, docentes de nivel universitario de materias de derecho, titulares, asociados o adjuntos, con carácter ordinario, de universidades públicas, nacionales o provinciales, o privadas, con sede y domicilio real en la Provincia de Entre Ríos. La designación se hará a través del Consejo Superior de cada Universidad por el mecanismo que determine cada casa de estudios.

Dos de los representantes docentes deberán pertenecer a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Para el supuesto que se superara el número de universidades en relación a la cantidad de consejeros o consejeras a seleccionar, se nominarán de modo tal que en los distintos periodos se sucedan los y las representantes.

Las casas de altos estudios de la provincia emitieron un apoyo al proyecto que las incorpora en el Consejo de la Magistratura, mientras que la UNL lo cuestionó y la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Claudia Levin, prometió llevar el tema a la esfera nacional. El viernes pasado, el presidente del bloque radical, Gustavo Cusinato mantuvo un encuentro con Levin.

El tercer lugar del estamento queda para la Universidad Católica Argentina (UCA), Subsede Paraná; y la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU).

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) vio con agrado que las universidades de nuestra provincia sean las que integren el órgano de selección, “bajo el pleno conocimiento que Entre Ríos tiene en la composición de su sistema de justicia, una realidad completamente distinta a otras provincias del país, y también que integrantes del Poder Judicial y profesionales que ejercen la profesión han estudiado en casas de estudios de diversas partes del país (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Provincia de Corrientes, entre otras)”, dice la nota remitida a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Los vocales pusieron como ejemplo que “por derivación del carácter local de los procesos judiciales, éstos difieren de los que se estudian en universidades que no son de la provincia” y subrayaron que “Entre Ríos es la única con una configuración territorial que comprende 19 circunscripciones judiciales y la única con una cercanía territorial tan intensa en relación a los lugares de ciudadanos y ciudadanas que la habitan; entre otras”.

La Asociación de la Magistratura, en una nota también enviada a la comisión, ve con buenos ojos la incorporación de las universidades entrerrianas, pero asegura que no por eso debe excluirse a la UNL, que está desde los inicios en el Consejo.

 

Vía recurrible

El bloque oficialista abrió el juego a las instituciones y sectores del Poder Judicial como el STJ.

De alto cuerpo surgió la propuesta, incorporada al dictamen de la mayoría, de establecer una línea directa de apelación por parte de los concursantes. La misma quedó establecida en el artículo 26.

Del resultado de la calificación de los antecedentes y del resultado final de la prueba de oposición, donde están en juego 80 puntos de 100 de todo el proceso, se correrá vista a los postulantes, quienes podrán impugnarlos mediante recurso de aclaratoria o reposición ante el Consejo de la Magistratura y dentro de los tres días hábiles. El organismo analizará en forma indelegable los cuestionamientos y podrá, previo a resolver, requerir informe a los jurados que deberán expedirse dentro del término de 10 días hábiles. De esa manera se agota la vía administrativa.

Para lo que sigue, el STJ aportó una vía directa que quedó transcripta en el proyecto de la siguiente manera: “La revisión judicial de la decisión corresponderá al Superior Tribunal de Justicia en pleno, a través de un recurso directo que deberá interponerse dentro de los cinco días de notificada, tendrá efecto suspensivo, y deberá ser resuelto en un plazo de 30 días”.

También el alto cuerpo propuso que al realizarse la evaluación de antecedentes se deberá correr vista al STJ, debiendo expedirse en el plazo de 15 días hábiles. Para el caso de no expedirse dentro del término fijado, se considerará validado el antecedente.

Para la entrevista personal, tercera etapa del proceso en el Consejo de la Magistratura, quedó prohibido el interrogatorio “sobre la eventual adhesión del postulante a un partido político; pedir opiniones acerca de jueces o juezas, u obligarle a prejuzgar”.

 

Desigualdades

El Colegio de la Abogacía recurrió a un reclamo histórico que, hace ya varios años, supo plantear Enrique Pita sin suerte y con críticas que emanaron del STJ.

La entidad que aglutina a profesionales del derecho marcaron las desigualdades que se presentan en diferentes etapas del proceso con los postulantes que se encuentran en el ejercicio de la profesión y los que están en tribunales ejerciendo cargos.

El Colegio hizo saber  en la comisión que el Consejo de la Magistratura otorga puntos a los cursos del “Instituto Alberdi”, que depende del STJ, no teniendo dichos cursos aprobación o control de la Coneau o universidades de Derecho. Esas capacitaciones, remarcan, son gratuitas para los integrantes del Poder Judicial y, en pocas ocasiones, se da participación a los abogados del foro.

El ex camarista Pita supo plantear esta cuestión y fue criticado. Aquí una crónica.

Para la entidad que conduce Alejandro Canavesio, entre los abogados y quienes se desempeñan en tribunales, se produce otra diferencia al momento de tomarse una licencia y prepararse para un concurso, sobre todo ante un sistema de solo 40 casos que establece precisamente el banco de casos y al que seguramente tienen más posibilidades de acceder quien trabaja en un organismo en el seno de los tribunales. También hay otra disparidad –esta no la menciona Canavesio pero se deduce – que un abogado a diferencia de un interino, si hace un parate en su actividad para estudiar, seguramente ve reducido sus ingresos.

El sistema de preguntas que se plantean para la etapa de la entrevista personal aparece la e “planes de trabajo o los medios que propone para que su función sea eficiente” para un futuro magistrado o magistrada “son más fáciles de contestar para postulantes que ya están ejerciendo cargos en tribunales en comparación a los abogados de foro”, dice el documento del Colegio de la Abogacía.

El dictamen, con esos cambios al texto original, está en Comisión  de Asuntos Constitucionales para ser aprobado, hasta ahora con mayoría oficialista.

Fuente: Página Política