Su apellido sorprendió al no estar en la lista de imputados que dio a conocer la Procuración General. Se trata del hombre que más turbaciones provocó en los últimos días en la causa por la que se investiga la estafa a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) por unos 50 millones de pesos.
Darío Barreto quedó imputado este lunes al abstenerse a declarar, según se informó a Página Judicial. La jueza Marina Barbagelata lo llamó a indagatoria luego de que Aníbal Darío Aisichovich, productor agropecuario de San Salvador, revelara en sede judicial que se reunía con él, en su domicilio, para hacer operaciones de compensación por deudas tributarias.
Barreto es empleado de carrera del organismo recaudador que llegó a ser segundo en la ex DGR y director de Interior. Luego de cumplir esas funciones, se convirtió en secretario de Gobierno de la gestión oficialista de Marcelo Berthet. El hombre, pese a desempeñar funciones en el gobierno municipal de San Salvador, vendía créditos fiscales a proveedores del Estado y, de esa manera, compensaba sus deudas. Lo hacía en nombre de la ATER, en donde estaba de licencia.
Una vez que estalló el escándalo, Barreto renunció al cargo en la Municipalidad. El jueves pasado le allanaron el domicilio de calle Tomas de Rocamora 434, donde se reunía con Aisichovich para iniciar los trámites de compensaciones y compra de créditos fiscales.
Daniel Berthet, productor de General Campos, también contó en la Justicia que hizo compensaciones y que el gestor por parte del organismo recaudador fue Barreto. Éste se manejaba con planillas membretadas de la ATER. Muchas de ellas firmadas por la jefa de Despacho, Estrella Martínez de Yankelevich, una de las principales imputadas en la causa, junto al jefe de Mesa de Entradas, Daniel Gaggión.
El viernes pasado declaró el titular de la ATER y denunciador de la estafa, Marcelo Casaretto. En su testimonio no involucró a ningún funcionario, aunque dejó un mensaje aterrador. Fue cuando lo consultaron por la reacción que tuvo cuando tomó conocimiento del delito que se había perpetrado en el seno del organismo que conduce. Casaretto contó que encaró a los dos empleados hoy imputados, Martínez de Yankelevich y Gaggión, para pedirles explicaciones, hacerles saber lo que implicaba el hecho y preguntarles si había alguien más en el fraude. La respuesta de Martínez de Yankelevich fue la siguiente: “Hay más, pero esto muere en mí”.
Barreto y Martínez de Yankelevich son en la actualidad los dos imputados más complicados en la causa. Ambos decidieron guardar silencio y no declararon.
El otro enigma es el de Gustavo Gioria, que se desempeñaba como tesorero de la provincia, y que apareció como contador asesor de una de las empresas vinculadas al escándalo que denunció Casaretto.
Gioria, trascendido el episodio, decidió presentar su renuncia al cargo. No es para menos. El ahora ex funcionario, junto a otros contadores, aparentemente formarían parte de una red de profesionales que “ofrecían” a empresas proveedoras del Estado, deudoras de impuestos, compensarlas con acreencias y así liquidar todo en cero. La salida del cargo fue el fusible ante el delito de incompatibilidad en el ejercicio de la función. Hasta ahora, para la Justicia, no es un sospechoso.
