Tres años después de haberse gestado la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), una funcionaria pública y cuatro empresarios de la construcción deberán prestar declaración indagatoria. Será en el marco de una causa en la que se investigan irregularidades en la adjudicación directa de una serie de obras públicas realizadas con motivo de la XVLII Reunión Ordinaria del Consejo de Mercado Común del Sur, celebrada en diciembre de 2014 en Paraná.
Los fiscales Juan Malvasio y Alejandro Cánepa, tras reunir pruebas y requerir diversas pericias, decidieron hoy citar a quienes estuvieron de un lado y otro del mostrador. Y una de las personas convocadas resultó ser Alicia Benítez, actual administradora de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), quien se desempeñó como coordinadora del Comité Operativo de la UOCM.
Desde el Ministerio Público Fiscal pusieron en duda el celo con que Benítez efectuó su trabajo. En base a los elementos colectados en el legajo, los fiscales dejaron entrever que eso pudo facilitar el pago de sobreprecios, tal es así que hasta le pusieron una cifra al perjuicio causado al Estado. La UOCM autorizó el pago de 17 millones de pesos más de lo necesario.
La actual titular de la DPV tuvo un puesto clave: representó a la provincia en una comisión que, con la ayuda de la filial local de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), adjudicó en forma directa la obra pública necesaria para garantizar la concreción de la Cumbre.
Benítez, a criterio de los fiscales, no fue lo suficientemente estricta en los controles y avaló pagos por encima de los valores de mercado. Entre otras cosas llamó la atención que los presupuestos presentados por las contratistas fueron avalados los mismos días en que se presentaron y sin que merecieran objeciones, según publicó el periodista Oscar Londero en El Entre Ríos.
Para que las empresas pudieran cobrar las cifras que están bajo sospecha, necesitaron que Benítez reconociera la necesidad de los trabajos a través de diversas resoluciones. Esos documentos fueron suscriptos por la funcionaria y por el representante de la CAC ante el Comité Operativo de la UOCM: Miguel Marizza.
El ejecutivo también fue citado a indagatoria y por tres motivos: por haber integrado la comisión con Benítez, por ser vicepresidente de la Delegación Entre Ríos de la CAC y por su condición de presidente de Caballi SA.
Esa firma realizó una serie de trabajos en la Escuela Del Centenario y en el Centro Cultural La Vieja Usina, las dos sedes utilizadas para la Cumbre. De acuerdo con documentación emitida por la UOCM percibió 11.722.585 pesos.
Otro de los que deberá afrontar la indagatoria será Néstor Iván Szcezech, presidente de la CAC y máximo responsable de la firma Szcezech & Szcezech. A esa contratista se le adjudicaron obras por 9.066.678,40 pesos.
Rubén Grosso, presidente de la firma Cemyc SRL, también tendrá que dar las explicaciones del caso durante la serie de indagatorias previstas para el mes de septiembre. La empresa que dirige, de acuerdo con los datos de la UOCM, efectuó trabajos por 13.307.506 pesos.
La lista de empresarios citados por la Justicia también incluyó a Daniel Hereñú, presidente la firma Organización lntegral Constructora SA. Según las resoluciones emitidas desde la UOCM, la contratista efectuó obras por 5.784.289 pesos.
