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Imputaron al ex intendente Juan Carlos Cresto

Varios de los ex concejales que aprobaron una cuestionada concesión no recibieron aún las citaciones a indagatorias. La causa cuenta con una larga historia de demoras por las relaciones entre funcionarios judiciales y dirigentes pol&iac

El juez Civil y Comercial N º1, Gregorio Martínez, imputó al ex intendente de Concordia Juan Carlos Cresto y a sus funcionarios, Daniel Martínez y Alfredo Francolini, en la causa por la concesión del Campo del Abasto en Concordia.

En noviembre de 2006, el ahora ex concejal, Eduardo Miranda; y el ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativa, Oscar Rovira; denunciaron al entonces intendente y a siete concejales por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad en la causa en la que se investiga la concesión sin licitación pública del Campo del Abasto. Allí la Municipalidad de Concordia concedió a la firma la administración y manejo del basural. El hijo del ex gobernador cumplía su segundo mandato.

Varios de los ex concejales que aprobaron ese permiso no recibieron aún las citaciones a indagatorias, aunque uno de ellos, Marcos Wdowiak, criticó el hecho de que una causa demore tanto tiempo en cerrarse: “Lo único que debe resolverse es si debió o no llamarse a licitación”, dijo.

Según Wdowiak, en diálogo con Diario Junio, de la denuncia realizada por Eduardo Miranda y Oscar Rovira sólo queda en pie la determinación de este punto porque, si bien la denuncia señalaba que se debió tener mayoría especial en el Concejo Deliberante para aprobar tal concesión, ese tema “ya quedó descartado”.

Además de Cresto se denunció a los concejales Jorge Ferrera (PJ), Heriberto Pezzarini (PJ), Martín Santana, (PJ) Roberto Abel González (PJ), Roberto Chabrillón (Todo por Concordia), y Ricardo Zubillaga (Nuevo Espacio); y a los entonces secretarios de Gobierno, Alfredo Francolini; y de Servicios Públicos, Daniel Martínez.

Una causa demorada

La causa tuvo un primer round que permitió que se dilatara el proceso. Fue el traspaso de la causa. En un primer momento recayó sobre el Juzgado de Instrucción Nº 1 a cargo de Martín Carbonell, quien planteó su inhibición por entender que no correspondía tomarla cuando uno de los imputados, en este caso Cresto, fue uno de los que dio acuerdo a su pliego en el Senado para su nombramiento en épocas de legislador. De la causa también se iban a apartar los jueces Marcelo Garay y Marta Amaduzzi, de los juzgados Nº 2 y Nº 3 respectivamente. El primero por alegar “su amistad íntima” con el ex intendente; y la segunda – según se publicó en una nota de Análisis – se excusó, como lo ha hecho en otras causas en la que se involucra a una personalidad que provenga del justicialismo, por entender que puede llegar a ser sospechada de perseguimiento partidario, ya que su esposo es un reconocido dirigente radical. Excepto la excusa de Garay, las otras dos carecen de fundamentos sensatos. El fiscal a cargo, Mario Guerrero, es yerno del dirigente y ex funcionario radical Alberto Rotman y fue nombrado por Sergio Montiel. ¿Tendría que haberse excusado? De ninguna manera. En fin, finalmente la denuncia terminó en el Juzgado de Instrucción Nº 4, a cargo de Maximiliano Benítez, hoy a cargo de la Defensoría General.

La segunda traba se produjo cuando Wdowiak se presentó en sede judicial antes de ser llamado a prestar declaración. Guerrero rechazó la solicitud del denunciado y éste finalmente terminó apelando. El entonces juez Benítez le concedió el reclamo y el expediente terminó en la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay. Allí durmió un año. Rareza el entusiasmo del vecinalista por declarar antes de tiempo. Bien pudo esperar a que la Justicia lo llame. Ni bien se conoció el requerimiento de Guerrero, Wdowiak volvió a cuestionar los tiempos de la Justicia en medios locales. Dijo que el caso debió aclararse “en tiempo oportuno” y se mostró ofendido al entender que “no se puede mantener en vilo a quienes se sienten afectados en su honorabilidad por estar implicados”. En ese sentido apuntó que “estas cosas deben ser investigadas en su oportunidad y no dejar pasar el tiempo y después de transcurrido, arribar a requerimientos de esta naturaleza” en referencia al pedido del fiscal.

De la Redacción de Página Política

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