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Intervención al Municipio

Es una cuestión ausente en el texto constitucional vigente, que el autor entiende necesario contemplar “especialmente para limitar el alcance del instituto a favor, por ende, de la autonomía municipal”.

Solo se dispone mediante ley de la Legislatura y por plazo determinado que “en ningún caso excederá los ciento veinte días”. Es para casos de “acefalía, grave alteración en el funcionamiento de los órganos municipales o conflicto entre los mismos, que afecte o ponga en riesgo los fines de la institución municipal”. Salvo cuando la causal fuese acefalía, la decisión de intervenir requiere del voto favorable de los dos tercios de los miembros de cada Cámara, con la posibilidad de que el Ejecutivo lo haga ad referéndum de la Legislatura.

El interventor designado por el Ejecutivo, debe reunir las condiciones que se exijan para ser intendente y limitará su cometido a “la adopción de medidas administrativas tendientes al mantenimiento de la prestación de los servicios y conservación de la obra públicos; y hacer cumplir las ordenanzas vigentes al momento de asumir el cargo”.

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