“De dónde viene esto”. Con ese interrogante llegó el link con la nota de La Nación que revela conversaciones de WhatsApp donde aparece Gustavo Bordet acordando, supuestamente, el cobro de coimas por la prestación del servicio de seguridad en Enersa por parte de Securitas. Con el correr de las horas se fue acrecentando en el mundo peronista la incógnita y las sospechas sobre la procedencia de la información publicada por la prensa. Interesante, nadie hizo hincapié en la veracidad del hecho, sino que el acertijo de los muchachos propuso dilucidar la autoría de la acción por la que ese material llegó al matutino porteño.
La causa Securitras se inició en los inicios de la gestión de Rogelio Frigerio cuando una serie de allanamientos derivaron en la detención de los empresarios, Claudio Raúl Tortul y Marcelo Javier Tortul, dueños de firmas del rubro que operan en la provincia, imputados por la sospecha de haber pagado coimas millonarias para retener contratos, por emisión de facturas truchas, evasión y lavado de activos.
El caso recayó en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado, porque la denuncia la radicó la empresa global en esa jurisdicción.
La causa no tiene como imputado a Bordet, con quien el periodista de La Nación, Nicolás Pizzi, se contactó para el informe. El diputado nacional insistió con que no formó parte de “ningún sistema de coimas o maniobras ilícitas vinculadas a la relación comercial entre la empresa de seguridad Securitas y Enersa” y que “nunca tuvo ningún tipo de contacto personal ni vínculo con los hermanos Tortul ni con los responsables de la empresa”. Sostuvo que “no será la primera ni la última vez que se invoque el nombre de un gobernador o de una figura de poder como excusa para intentar facilitar negociaciones, acortar caminos o cometer actos ilegítimos”.
La pregunta que se suscita por estas horas en el microclima del peronismo es el momento en que surgió esa información, que no ha motivado un avance en el proceso. La novedad es la publicación periodística. Se sabe, hace un tiempo, que en el ámbito penal cuando se trata de un funcionario público, la condena no es la pena sino el proceso por el que se transita. Para que se entienda: el escrache.
En el círculo de la política no hubo señalamientos al gobierno provincial de estar detrás de la publicación.
El primero que se puso en la lista de sospechosos fue a Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con una parva de delitos imputados, entre ellos los que se investiga en la causa Securitas. Como se ha dicho en este medio, si hay un proceso en el que parece no tener nada que ver el ex senador es precisamente en este.
Pero la pregunta que debería hacerse es si Kueider realmente tiene capacidad operativa desde el lugar en el que está. Pareciera que no.
La doctora Arroyo Salgado, que lo involucró en la trama judicial, estuvo en Paraná meses después de los allanamientos que ordenó. Fue el 29 de noviembre, en carácter de panelista para disertar sobre “el poder político, la Justicia y la corrupción”. La presentación estuvo a cargo de la procuradora adjunta restituida, Cecilia Goyeneche. La jornada tuvo lugar en el Howard Johnson Mayorazgo. Dato de color.
Los canales por los que se comenzó a diseminar la noticia este lunes ni bien se publicó dejaron marcas de los intereses en el seno de la interna peronista. En el entorno del senador nacional electo, Adán Bahl, debería sobreponerse la prudencia.
Que la interna peronista entrerriana escale, ahora, al fuero federal de San Isidro, estamos hablando de otra magnitud. En este caso, con la ex esposa de Alberto Nisman al timón. Una jueza que ha sabido aportar a la política.
Fuente: Página Política
