El Senado de la provincia continuará este martes escuchando distintas voces respecto del proyecto de ley del Poder Ejecutivo para crear la OSER (Obra Social de Entre Ríos). Será esta vez el turno de los trabajadores y jubilados, a través de sus representaciones gremiales e institucionales.

El proyecto, que supone la disolución del Iosper, es analizado en conjunto por tres comisiones, la de Legislación General, la de Salud Pública y Drogadicción y la de Presupuesto y Hacienda.

Para las 10, están convocados los gremios nucleados en la Intersindical, que ya han expresado su rechazo a la iniciativa. Defienden así la continuidad de trabajadores y jubilados, a través de sus representantes, decidiendo los destinos de la obra social. Allí estarán delegados de Agmer (docentes); Seosper (que nuclea a los empleados del Iosper; ATE por los estatales; Apler (personal de la Legislatura); y AJER (judiciales).

A las 11, será el turno de los representantes del gremio estatal mayoritario, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que tiene sus objeciones al proyecto pero se diferenció cabalmente del posicionamiento de la Intersindical. También será parte de esa reunión el Centro de Jubilados y Pensionados del Departamento Paraná.

 

Una nueva institución

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Expediente Nº 15.313) es, a grandes rasgos, una legitimación de la intervención en el organismo que -según la ley vigente- deben conducir los afiliados, a través de sus representantes, electos por el voto directo, tal como lo prevé la Ley Nº 5480.

En los fundamentos de la propuesta oficial, se insiste con lo que ha sido el argumento central del gobierno de Rogelio Frigerio para intervenir: los fuertes cuestionamientos a la gestión del Directorio, lo que ha derivado en una denuncia en sede judicial.

“La iniciativa surge en virtud de las graves falencias detectadas en el funcionamiento y administración” del Iosper, se expresa en el proyecto enviado al Senado. Se advierte acerca de “un déficit estructural” que se explicaría ante todo en “una gestión ineficiente carente de planificación” y una “dirección macrocefálica con un directorio sobredimensionado”. Se denuncian “sobreprecios injustificados”, falta de transparencia en la contratación de personal, entre otros aspectos que fundamentan la intervención. La gestión de Mariano Gallego concluye el 12 de junio y se advierte en los fundamentos del proyecto que la intervención “no puede ser una solución definitiva”.

El contexto, de este modo, impone un debate contrarreloj. El proyecto postula la necesidad de una ley que “asegure una gestión moderna, profesionalizada y sostenible en el tiempo” con una “nueva estructura institucional que corrija los errores, asegure una administración responsable y transparente”.

Se propone en los fundamentos “crear el OSER como entidad de derecho público con autarquía administrativa y financiera, (…) con un Directorio significativamente reducido en su número de integrantes, pero que respeta plenamente la representación de los trabajadores en su conducción”. Se dan precisiones, además, acerca de cómo funcionaría un síndico, designado por el Ejecutivo, en reemplazo de la Comisión Fiscalizadora que se ocupa hoy del control.

 

Una voz en minoría

En efecto, el proyecto de ley contempla integrar a los afiliados con una representación en el directorio. Habrá dos representantes “obreros”: uno por el gremio docente mayoritario (Agmer), otro por el gremio mayoritario de los estatales (UPCN), que duran un año en su mandato. Se completa la conducción con un presidente y un vicepresidente designados por el gobierno de turno.

De este modo, queda una conducción de cuatro miembros. Pero aun cuando los directores de Agmer y UPCN se pusieran de acuerdo, y enfrentaran la posición de los funcionarios políticos, la situación de empate pondría las cosas en favor de la Casa Gris: el presidente tiene doble voto. (Artículo 13º: El Directorio requerirá para sesionar la presencia de, al menos, dos de sus miembros. Cada uno de los miembros del Directorio tendrá derecho a un voto y las decisiones se tomarán por mayoría simple de los votos de los presentes. En caso de empate el Presidente tendrá doble voto). Tal como lo prevé la cláusula mencionada, la conducción funciona con la presencia de al menos dos miembros que bien podrían ser, por caso, los dos delegados del Gobierno.

Otra cuestión pone en desventaja a los representantes de los trabajadores. Sin dar fundamentos del criterio, el artículo 27° dispone que “la remuneración del Presidente y Vicepresidente (designados por el Ejecutivo) no podrá superar a la de un Ministro (…), mientras que la de los Vocales del Directorio no podrá superar la de un Secretario Ministerial”.

Último punto al respecto del lugar asignado a los directores “obreros”. Una cláusula transitoria dispone que “hasta tanto los gremios propongan” a sus representantes y se proceda a la designación, “la totalidad de las atribuciones otorgadas al Directorio serán ejercidas por el Presidente y el Vicepresidente”.

 

Afiliaciones

Un aspecto importante para el debate en curso es que el proyecto garantiza el aporte de todos los agentes del Estado, despejando cualquier iniciativa de “liberalización” de la afiliación, cláusula que analiza impulsar UPCN.

En efecto, al artículo 18° establece que quedan “obligatoriamente” comprendidos en el régimen “a) los funcionarios, magistrados, empleados y agentes que desempeñen cargos en cualquiera de los Poderes del Estado Provincial, Municipalidades y Comunas, sus reparticiones u organismos Autónomos, Autárquicos o Descentralizados; b) los jubilados, retirados y pensionados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia y los que en el futuro gozaren de tales beneficios del mencionado organismo; c) los menores de edad que se encuentren bajo el amparo del Organismo estatal de protección de sus derechos”.

Una novedad que surge con el proyecto es la posibilidad de afiliar a trabajadores de otros sectores que, voluntariamente, decidan adherir a la obra social (artículo 20).

 

Una reforma a la ley actual

Senadores de Más para Entre Ríos, bancada del peronismo que es mayoritaria en la Cámara, le saca punta a un proyecto propio que se orienta en el sentido de modificar la ley vigente, dejando de lado en principio la opción del gobierno de dictar una nueva ley.

Desde el bloque que preside Martín Oliva, se insta a una reforma que contemple “la perspectiva de los afiliados” con lo que se sostiene la necesidad de que sean trabajadores y jubilados los que conduzcan la obra social, tanto en el directorio como en los mecanismos de control. De esta manera, argumentan en favor de sostener “la autonomía y el caracter solidario” del instituto.

Se cuestiona el resultado de la intervención en materia de gestión y de prestaciones. Se advierte que “se han recortado servicios esenciales, aumentaron los coseguros y se han producido demoras y negativas en la autorización de medicamentos y tratamientos”. El resultado en el que puso el ojo el bloque es en el aumento de amparos en reclamo de prestaciones.

Desde el peronismo, se remarcó que el Iosper “no es gasto estatal” por cuanto se sostiene con el aporte de los afiliados. Se cuestionó que se pretenda fundar en irregularidades, que son motivo de investigación judicial, la disolución del Iosper.

Finalmente, se consideró necesario sostener las funciones de la Comisión Fiscalizadora y evitar la concentración de poder si se pretende transparencia y control.

Fuente: Página Política