En el ámbito provincial se instaló el dialogo como forma de gobernar. Hay buena relación no sólo con la Nación, sino también con los municipios de la oposición. Se volvió a trabajar en el ámbito legislativo. Este órgano de poder jugó el rol que le corresponde: legislar, controlar, llevar adelante el debate político, e incluso marcar los aciertos y errores de los otros poderes.
Como negativo, sobresale la ausencia del ordenamiento y optimización del gasto público. Se gasta más de lo que se recauda, y todo indica que el déficit y endeudamiento se irá incrementando.
No se reconoció a tiempo el ahogo financiero de la provincia, que les dejó la anterior gestión. Se dio otra vuelta de rosca a la presión tributaria, con incrementos impositivos que solo desalientan la radicación de empresas generadoras de fuentes de trabajo. No se dio otra solución a la tarjeta Sidecreer que no sea su privatización, y seguramente a manos de los que la saquearon y llevaron al endeudamiento que hoy presenta.
En infraestructura vial no solo que no se hizo prácticamente nada, sino que hubo muchas dificultades para atender los efectos que dejaron las lluvias del primer semestre de este año.
La situación de los hospitales es desastrosa y la educación sigue por los mismos carriles de siempre: en decadencia y sin solución a la vista.
En cuanto a la persecución del flagelo de la corrupción, si bien hubo algunas actitudes de parte del Gobernador, y que marcan la diferencia con la gestión anterior, no se advirtió un gran avance. El gobierno de Bordet debe generar credibilidad en la sociedad de que es distinto, que está dispuesto a combatir la corrupción y, esencialmente, que no la va a proteger.
A nivel nacional, hay que ponderar como positivo: el marco institucional republicano, que se había diluido en los últimos doce años; el sinceramiento de la economía; eliminación del cepo cambiario; eliminación y rebaja de las retenciones a la producción agropecuaria; acuerdo con los fondos buitre; la apertura de las relaciones con el mundo; se mantuvieron y se ampliaron los planes sociales, pero desapareció el clientelismo político; se encararon y se proyectan obras vinculadas con el agua potable y cloacas y la construcción de un ambicioso plan de viviendas en todo el país.
En materia de coparticipación de impuestos a las provincias, se encaró la progresiva devolución de los 15 puntos que se les venían reteniendo desde 1992. Hubo una importante asistencia, en adelantos de coparticipación, que recibió la provincia de Entre Ríos para atender las urgencias salariales del sector público y una ayuda especial para atender los efectos de las inundaciones.
Entre los hechos negativos sobresale no haber dado un mejor tratamiento a la problemática tarifaria; el proceso inflacionario que se desató con el acomodamiento de la economía y no haber generado credibilidad en el sector empresario para que hubiera más fuentes de trabajo genuino, e incluso, no dispusiera despidos.
