Por Eduardo Medina (*)
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A menudo la administración del Estado, la llamada administración pública, sus implicancias, su efectividad, no es tenida en cuenta por los analistas como determinante en el voto ciudadano. Sin embargo, una mala gestión de gobierno puede ser decisiva en la época electoral. O como bien se dice a veces, “ganar elecciones es fácil, lo difícil es gobernar”.

El gobierno de Alberto Fernández (AF) ha tomado debida nota de la administración ejercida por Cambiemos y está dispuesto a revertir su ineficiencia e ineptitud en muchas áreas. Lo que hasta ahora tenemos son signos y el comienzo de algunas políticas, quizás entonces solo podamos hablar de improntas e iniciativas.

En principio, AF lidera una coalición progresista, popular, de marcada tendencia peronista, en donde el peso histórico de esta última traza algunos caminos de forma indeclinable. El kirchnerismo, base consolidada del armado triunfador, se encuentra tras bambalinas custodiando ciertos legados, recordando tiempos pasados que tal vez fueron mejores que éste. Los que menos tienen, los sectores humildes y postergados de la sociedad, son prioridad y hacia ellos van orientados los primeros pasos del Gobierno. Pero las respuestas que se le piden a AF desbordan ese marco. Salud, trabajo, género y educación están en la agenda con prioridades variadas según el contexto de debate público en el que nos encontremos.

Generar mecanismos de articulación o promover consensos al interior del Estado por parte de un nuevo gobierno no es tarea sencilla. La matriz de análisis se forma a la derecha por militantes convencidos y a la izquierda por adherentes coyunturales; abajo por técnicos y arriba por políticos. Usualmente, la confianza en los propios vence a la (probable) virtud de los extraños. La administración pública oscila entre estas variables desde hace décadas, tal vez desde siempre. El dilema entre la burocracia militante y la burocracia profesional hasta ahora no está resuelto. Para muchos, es un debate necesario, para otros, uno de los tantos paraísos perdidos que alberga el sentido común. La estabilidad de las políticas públicas, su sostenimiento en el tiempo y en el espacio, en definitiva no depende tanto de los actores que las manipulen sino de la lógica con la que un Estado se relaciona con la sociedad a lo largo la historia. Como caso más cercano, el macrismo sostuvo muchos de los programas e iniciativas que el kirchnerismo había creado, ya sea por necesidad electoral o por consenso y resistencia social.

Cuando un gobierno asume y se empiezan a dirimir los cargos y funciones públicas, la idoneidad de los nombramientos se pone sobre el tapete. En un espacio político heterogéneo y ante una sociedad diversa y sedimentada, los puntos de acuerdo, los criterios de elección, son difíciles de establecer. Pesan allí la representatividad política, las trayectorias biográficas, la ética, la formación académica. Ninguno de esos puntos dejan de influir en quién será partícipe principal y necesario de la administración pública. Cada actor seleccionado es parte de un agrupamiento, pero también de una historia personal y colectiva. La fricción entre estas instancias, las contrariedades y contradicciones, son moneda corriente e inciden directa o indirectamente en las decisiones tomadas.

El actor que dirige un ministerio o secretaria nunca es un dato menor, ni para los analistas ni para el ciudadano de a pie. Los primeros pondrán la lupa en las relaciones políticas que lo llevaron hasta ahí, causas y consecuencias. Los segundos verán en ese sujeto una expectativa, una posibilidad, cuando no la desazón y la bronca dependiendo del lugar en el que inscriban sus propias identidades en el campo político. Como sea, “el puesto” o el “cargo” siguen siendo los leimotiv para desacreditar la sustancia última con la que se sostiene una sociedad, su orden o su cambio permanente, es decir, la política.

La administración de lo público también es mensaje, es comunicación, es una forma de hablar. En la era de la selfie y las redes sociales, no es difícil de confundir el acto administrativo con la propaganda partidaria o con la publicidad individual a secas. Las redes sociales, en efecto, son el modo en que la clase política, distintos actores, trazan una campaña continua, que puede tener como fin el calendario electoral pero también la búsqueda de legitimidad y reconocimiento. Hasta aquí todo más que válido y necesario para el engranaje político. Pero la selfie no es administrar; la historia de Instagram no es comunicación de gobierno. Podríamos afirmar que la administración de lo público pasa a ser comunicación gubernamental cuando lo que se sociabiliza es la información detallada y precisa de los distintos programas y las diferentes políticas que el Estado lleva a su ejecución, a la práctica. Esto también implica acercarle al ciudadano, no solamente los beneficios a los que puede acceder, sino también una educación cívica (el organigrama del Estado, las funciones de las distintas áreas y organismos, la especificidad de algunas políticas, etc.), para lo cual se requiere el desarrollo de una cierta pedagogía pública que hasta ahora estaba prevista solo para las escuelas y universidades. “La administración pública es el Estado en acción” rezan desde hace tiempo los viejos manuales de esta disciplina. Esa acción es una praxis que combina saber y hacer. Esto, que parece casi una verdad de Perogrullo, a menudo naufraga en las aguas de la subestimación hacia la ciudadanía, pues el prejuicio cotidiano indica que la misma se muestra indiferente ante la aprehensión de ciertos saberes.

El gobierno de Mauricio Macri llevó la comunicación de gobierno a su mínima expresión, ante el espanto de “aburrir” a los ciudadanos con los detalles y pormenores de las herramientas con las que cuenta el Estado para operar en la sociedad. Pero no es cierto que los ciudadanos, cualquiera sea su procedencia, rechacen el conocimiento de la maquinaria del Estado. Toda la sociedad, directa o indirectamente, se relaciona con algún estamento gubernamental. Partiendo de ese punto, se puede suponer que la comunicación de gobierno, de los actos administrativos, es más que necesaria, digamos que hasta obligatoria.

Nada es fácil en cuanto a lo público se refiera. Y el Estado Nacional cuenta con una historia de idas y vueltas que fáctica y discursivamente riegan el presente de innumerables contratiempos. Tomar decisiones de gobierno y ejecutarlas es arriesgarse a perder más que a ganar. Y en última instancia, la historia futura quizá pueda auscultar las buenas intenciones que se tuvieron. El kirchnerismo sabe esto a flor de piel. Casi no hubo política pública que haya desarrollado que no estuviera denunciada mediática o judicialmente, cuando no alguno de sus ejecutantes puestos tras las rejas. Uno de los tantos desafíos de AF es rescatar muchas de las iniciativas que tuvo el kirchnerismo y que significaron beneplácito y gratitud en diversos sectores de la sociedad (Pro.cre.ar, Conectar Igualdad, Pro.gres.ar, etc.). Esto significa que el gobierno de AF trabaja con un saber acumulado, que puede ser negativo, positivo, y ambos a la vez.

Desde el “Conflicto del campo” se sabe que el Estado ya no está en condiciones de realizar grandes ostentaciones de su poder coercitivo. La causa justa o el argumento racional chocan contra los intereses corporativos. Y estos últimos, a fuerza de reclamo y publicidad, llevan las de ganar. El poder esparcido entre los lazos sociales desbarata la idea de un poder concentrado en la cúspide de mando. Mucho menos se puede hablar de usar el monopolio de la violencia como antaño se pensaba. La imposición tajante es vista como autoritarismo, la fuerza o la violencia como algo casi criminal. La sociedad ha hecho en ese sentido una militancia asombrosa y digna de elogio. El Estado, dependiendo las manos que lo dirijan, ya no es un enemigo tan poderoso a consecuencia de todo aquello.

Sin embargo, la sociedad guarda para con su Leviatán una relación ambigua, de rechazo pero de necesidad a la vez. Por lo tanto hay un grado de consenso y aceptación mínimos de algunas acciones estatales, que en los primeros meses de un gobierno significan una clara oportunidad. Como antes decíamos, expectativas y oportunidad priman como sentimientos ante lo nuevo. La decepción y el rechazo, desde luego, están a la vuelta de la esquina.

El Estado que encuentra AF a lo largo y ancho del territorio nacional se mueve entre dos variantes que negativamente se complementan. Las acciones más intensas se desarrollan en Capital Federal y provincia Buenos Aires. En el resto del país lo que se ve del Estado es su dispersión y alejamiento entre las líneas de acción. Ministerios y organismos descentralizados conviven sin tocarse. Toda articulación posible y a menudo invisible o inviable viene dada desde las áreas centrales y a menudo apenas reflejada en cartillas, circulares o inscripciones informales. Entonces el mensaje, lo que el Estado comunica, es justamente eso: dispersión, alejamiento, desarticulación. La política pública tiene éxito, no por ser parte de una administración de lo público, sino por su propia aura o brillo, por su impacto o conocimiento expandido. De no alcanzar dichas prerrogativas, por más buena y efectiva que sea en los fines que inicialmente se trazaron, naufragará en las aguas del olvido. Es como que allí el Estado no estuvo. Tarde, luego vendrá el recuento en los informes ministeriales anuales, material que muy pocos leen.

Con respecto a la relación entre los estamentos nacionales, provinciales y municipales, la cuestión se complejiza aun más. Allí el signo partidario muchas veces prima sobre los intereses colectivos. Y aunque los actores que se (entre)cruzan tratan de jugar la ficha de la tan mentada “pluralidad”, a veces “al enemigo ni justicia” gana por goleada. No obstante, es verdad que los años han acumulado una necesaria interdependencia entre estos estamentos. Y las nuevas tecnologías y la rapidez en las comunicaciones han posibilitado que muchos programas puedan implementarse universalmente, esquivando el sesgado clientelismo, haciendo que los derechos realmente se cumplan para todos.

El gobierno de AF debe innovar en muchos planos. Componer una administración pública con los diversos actores de su coalición; rescatar los aciertos del kirchnerismo, cuidando los reclamos de austeridad y transparencia; atender las penurias del Conurbano Bonaerense sin descuidar olvidados parajes de las provincias más postergadas; readaptar el Estado y algunos de sus anquilosados sectores a los nuevos parámetros de convivencia (diversidad, género, inclusión); alejarse lo más que pueda de la tecnocracia y los sueños neoliberales de un Estado “mínimo”; hacer parte a la ciudadanía de los saberes con los que trabaja la maquinaria estatal; desarrollar nuevas formas de legitimidad tanto para el gobierno, su liderazgo, como para la administración y ejecución de las políticas públicas; transformar los puntos anteriores en información y discurso inteligible; no perder de vista que a fines de 2021 habrá nuevamente elecciones.

Tal vez generar un espacio institucional que sea capaz de articular los recursos estatales en todos sus niveles, asegurando el correcto funcionamiento y optimizando la utilización de los distintos instrumentos, sería un paso más que inteligente.

Para Max Weber, la política era “la dirección o la influencia de la dirección de una asociación política, lo que hoy equivale a decir, el Estado”. Sin menoscabar otras experiencias alejadas de la órbita del Estado, aquello significa que la administración pública es claramente una función estructurante y consecuente de la política, indisociable de ella, ya sea en su faceta electoral como de gestión; es lenguaje y es acción. Es una unidad que se desarrolla en un proceso de continua organización, con múltiples tareas que le imponen objetivos permanentemente. Política y administración se retroalimentan todo el tiempo. Se consideran insumos uno del otro. Comprender la magnitud de lo que esto implica es tarea principal de analistas y académicos, divulgarlo masiva y popularmente es el desafío más osado que pueda imponerse cualquier gobierno del mundo. Como sea, las consecuencias de su intento nos terminarán enriqueciendo.

(*) Politólogo