La reforma previsional impulsada por el gobierno provincial insiste con un argumento conocido: que la Caja atraviesa un déficit porque el sistema es insostenible y que por lo tanto, la reforma previsional es una necesidad técnica frente a variables objetivas. Otra mentira más para justificar el desmantelamiento de los derechos previsionales de los trabajadores.
En la reunión de comisión del Senado realizada ayer, el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, buscó darle sustento jurídico al proyecto oficial. Defendió su constitucionalidad y sostuvo que la reforma es necesaria para restablecer el equilibrio financiero de la Caja frente a una supuesta situación de emergencia. Nuevamente, el gobierno pretende transformar una definición política en una obligación legal, como si el ajuste fuera el único camino posible.
A la par, mientras el oficialismo y sus cómplices defendían la reforma, comenzó a trascender que distintos senadores, funcionarios, burócratas sindicales e integrantes del Poder Judicial aceleraban sus trámites jubilatorios para acceder al régimen vigente antes de que cambie la normativa.
Esto desnuda el carácter real de este proyecto. Si quienes impulsan esta reforma hacen todo lo posible por jubilarse con el sistema actual, quedan en evidencia al menos dos cuestiones. La primera es la ausencia de ética pública: quienes impulsan la reforma regresiva son los primeros en garantizarse quedar al margen de sus consecuencias. La segunda es que se trata de una reforma política y socialmente deslegitimada.
Siempre que se aplica una política de ajuste, el poder protege primero sus propios privilegios y tiene el cinismo de pedirle sacrificios y comprensión al resto de la sociedad. Mientras utilizan su posición para preservar derechos, condenan a miles de trabajadoras y trabajadores entrerrianos.
Pero además, el gobierno intenta instalar una enorme mentira de que el problema son las jubilaciones, cuando nunca se discute con la misma intensidad la evasión fiscal, las exenciones impositivas que benefician a los grandes grupos económicos, la precarización laboral que reduce los aportes al sistema o las políticas que durante años desfinanciaron al Estado. Esta claro que el déficit lo generan ellos y nos quieren hacer creer que es responsabilidad de quienes trabajamos todos los días en condiciones precarias por un salario por debajo de la línea de la pobreza.
Por eso desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad rechazamos una reforma construida sobre un diagnóstico completamente falso. Existe una decisión política de descargar el costo del ajuste sobre los trabajadores, mientras la verdadera casta, los sectores con mayor poder económico y político, conservan intactos sus privilegios.
Defendemos un sistema previsional público, solidario y de reparto, con el 82% móvil, que garantice jubilaciones dignas y no condene a la pobreza a quienes trabajaron toda su vida. Para financiarlo hay que terminar con las exenciones y privilegios fiscales de los grandes grupos económicos, combatir la evasión, poner fin a la precarización y al trabajo no registrado que desfinancian la Caja. Es necesario profundizar el plan de lucha para enfrentar la reforma e impedir que descarguen nuevamente la crisis sobre las espaldas de quienes producimos realmente la riqueza de esta provincia, que somos los trabajadores.
Fuente: Página Política
