Los últimos días de noviembre del 2018 trastocaron la rutina de Julio Solanas. El ex diputado nacional, enrolado en el kirchnerismo duro, se enteró por un medio que una causa que lo había tenido bajo la lupa hace una década era desarchivada. El expediente estaba relacionado con supuestas irregularidades durante su gestión 2003-2007 en la Municipalidad de Paraná.

En aquel entonces, su sucesor José Carlos Halle, cuestionó la adjudicación para tareas de refulado en la playa del balneario Thompson y la eliminación de punta del espigón contiguo al arroyo Las Viejas. Decidió anular el pago por entender que la empresa no debía cobrar por un trabajo que no hizo. En eso estuvieron los entonces funcionarios municipales Alejandro Cánepa, Guido Zuffiaurre y Fernando Quinodoz.

En resumen: debían pagarse 429.912 pesos, pero el dinero acordado con la empresa local JAP, Obras hidráulicas y portuarias, nunca se otorgó porque la gestión carecía de fondos. Pero Solanas, antes de terminar el mandato, reasignó partidas y emitió una orden de pago. Halle asumió y anuló esa decisión bajo el argumento que no había contrato. La causa se cerró durante la gestión de Blanca Osuna, pero hace unos meses se abrió y se apuntó a Solanas. Los delitos que se imputaban eran los de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

La cuestión administrativa se judicializó por parte de la firma, aunque sin éxito. La Justicia decidió archivar la denuncia.

En noviembre de 2018, una década después, el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull decidió desarchivar la causa. ¿Fue realmente una iniciativa del fiscal? Posiblemente no.

La reapertura de la pesquisa se dio en un momento político de alta tensión. Por esas semanas en el seno del oficialismo Gustavo Bordet definía si sellaba la unidad con el kirchnerismo, cosa que sucedió; o iría por separado. Solanas era, en ese entonces, el nombre de Unidad Ciudadana para dar la pelea por la Gobernación.

Ya no en el ámbito kirchnerista, sino en todo el arco oficialista no dudaron que la reapertura de esa causa fue sugerida desde adentro del peronismo. Solanas debió presentar abogados.

A un año y cuatro meses del desarchivo, los representantes del ahora diputado provincial no recibieron una sola notificación respecto a la causa, lo que indica que no se ha movido un ápice. Todo indica –según reconstruyó Página Judicial – que va camino a un segundo archivo. ¿Cuáles fueron los motivos por los que se decidió reabrirla? ¿Aparecieron elementos nuevos para hacerlo? ¿Para qué o con qué sentido se hizo? Esas preguntas no se contestaron.

Pero el silencio delata.

Sectores de la política y el Poder Judicial se entrecruzan al momento de defender intereses en común. Las reformas política y judicial quizás no den respuesta a este desvarío institucional, porque los mecanismos no son siempre el problema, sino que éstos suelen radicar en las personas.