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La Comisión Ejecutiva previa a la Convención iniciará sus tareas el lunes

El ministro de Gobierno, Adán Bahl, precisó que la intención es “llevar adelante todas las acciones necesarias para lograr un comienzo organizado, acorde a la trascendencia del proceso”. Además, aclaró q

El artículo 222 de la actual Carta Magna deja asentado que la Convención funcionará en la capital de la provincia y que se instalará en el local de la Legislatura o en el que ella misma determine. Los plazos previstos son de 120 días corridos a contar desde el 22 de enero de 2008, según lo prevé la ley que declaró la necesidad de la reforma, pudiendo prorrogar aquel plazo, de acuerdo al artículo 223 de la Constitución provincial vigente.

Bahl afirmó que la actual gestión de gobierno es “una administración que se ha destacado por su previsibilidad y por tomar las cosas con responsabilidad, razón por la cual, con este mismo criterio creímos conveniente conformar una comisión ejecutiva a fin de tomar todas las medidas necesarias para tratar de lograr un inicio de la Convención acorde a la trascendencia de este proceso”.

Después de 75 años de la última reforma de la Constitución entrerriana, “queremos llevar adelante todas las acciones necesarias para lograr un comienzo organizado”, precisó el funcionario, no obstante lo cual aclaró que “de ninguna manera esta comisión se adjudica ninguna de las facultades propias de la Convención, sino que el objetivo es darles un escenario de respuestas a las necesidades previas, y ponernos a disposición de los constituyentes durante la Convención”.

En cuanto al presupuesto previsto para el funcionamiento, Bahl insistió en el concepto de darle a este proceso “un horizonte de previsibilidad”. Por ello, al momento de enviar a la Legislatura el proyecto de Presupuesto “hicimos una estimación tratando de prever las partidas necesarias”, explicó. Acto seguido, aclaró que el artículo 222 de la Carta Magna deja asentado que los convencionales tendrán facultades para designar su personal y confeccionar su presupuesto.

NNAALa historia de la reformaNNCC

A lo largo de esta gestión se han enumerado muchas veces las razones por las cuales este gobierno considera que están dadas las condiciones sociales y políticas para actualizar la Constitución del siglo pasado y adaptarla a las necesidades de los nuevos tiempos, incluso haciendo hincapié en que Entre Ríos y Santa Fe son las únicas provincias que no han reformado sus cartas magnas.

Por ello, en marzo de este año, luego de las elecciones provinciales, el gobernador convocó a una comisión de consenso legislativo que integraron apoderados de los partidos políticos, funcionarios y legisladores, que fue la encargada de elaborar el proyecto de ley para habilitar la reforma y llamar a la Convención Constituyente.

Es la misma Constitución la que deja explícitas las condiciones que deben cumplirse para una reforma total o parcial de su texto. Al respecto, el artículo 216 deja en claro que la Carta Magna sólo podrá ser reformada por una Convención nombrada por el pueblo mediante una elección directa.

La convención fue convocada por la Ley que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Carta Magna Entrerriana y que fue promulgada a fines de mayo. La norma, que lleva el Nº 9768, consigna el núcleo pétreo (aquellos artículos que no se pueden modificar) y enumera los temas habilitados, además de prever las elecciones de convencionales por sistema proporcional y que los comicios se realicen en coincidencia con la elección de presidente y legisladores nacionales.

Como el texto actual de la Constitución indica que la Convención debe estar compuesta por un número de miembros igual al de la totalidad de los senadores y diputados, el pasado 28 de octubre 45 convencionales fueron elegidos por el pueblo entrerriano, de los cuales 23 representarán al Frente Justicialista para la Victoria; nueve a la Unión Cívica Radical; ocho a la Coalición Cívica-Partido Socialista; cuatro a la Alianza peronista Viva Entre Ríos y uno a Recrear para el Crecimiento.

NNAANúcleo PétreoNNCC

Según lo previsto en la ley 9768, la Convención Constituyente deberá abstenerse de eliminar o modificar los principios, declaraciones, derechos y garantías. Tal el caso de la sección I, que prevé la forma de gobierno republicana y representativa, los derechos del pueblo, la sede de gobierno, la vigencia y plenitud de los derechos y garantías, la libertad de culto, el derecho a la educación, entre otros. Sólo podrán reverse unos pocos aspectos puntualmente señalados, como por ejemplo la anacrónica prohibición de acceder a empleo público a personas con capacidades diferentes.

Tampoco se podrán reformar derechos y garantías como la estabilidad y carrera en el empleo público, ni modificar lo previsto en la Constitución vigente en materia de seguridad social, ni alterar el Régimen Económico y del Trabajo, o modificar el sistema bicameral, ni eliminarse las garantías, derechos, obligaciones e incompatibilidades establecidas para los Legisladores Provinciales.

La Convención deberá abstenerse también de eliminar las previsiones actuales sobre Juicio Político; el Tribunal de Cuentas, o las figuras del Fiscal de Estado, del Contador y del Tesorero General de la Provincia. No podrá alterar de ninguna forma las previsiones, garantías, derechos, obligaciones e incompatibilidades establecidas para los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, ni eliminar el Jurado de Enjuiciamiento de funcionarios y magistrados del Poder Judicial.

Los convencionales no podrán variar los principios de gratuidad, obligatoriedad y laicidad de la educación pública y las obligaciones estatales en materia de Educación Común; ni modificar las previsiones actuales en lo referente a la Reforma de la Constitución, ni eliminar o modificar las disposiciones respecto del Poder Ejecutivo.

NNAATemas habilitadosNNCC

En tanto, la Convención Constituyente está habilitada para incorporar el reconocimiento del medio ambiente como patrimonio común de todos los entrerrianos y el derecho de toda persona de gozar de un ambiente sano, como así también, el reconocimiento del patrimonio natural, cultural, urbano e histórico de la Provincia, y promover la industria de la cultura provincial a partir de la creación de un fondo específico para su impulso y fomento

También tendrá la posibilidad de dar rango constitucional al Consejo de la Magistratura como organismo técnico, con participación ciudadana para la selección y acusación de jueces y funcionarios del Poder Judicial, y otorgar poder constituyente a los municipios para que se dicten sus propias cartas orgánicas, discutan y diseñen su institucionalidad.

Los convencionales estarán habilitados para plasmar los principios de equidad de género y de no discriminación; constitucionalizar los derechos de las mujeres, niños, ancianos y personas con capacidades especiales y/o diferentes; como así también reconocer a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático y revisar el Régimen Electoral completo, respetando el sistema proporcional y de distrito único para la elección de Diputados Provinciales, y el plazo de sus mandatos.

La ley que declaró la necesidad de la reforma posibilita además a incorporar el sistema de segunda vuelta o ballotagge para la elección del gobernador y vice; a introducir mecanismos de democracia semidirecta o participativa (iniciativa legislativa popular, consulta popular, revocatoria de mandatos, audiencias públicas, licencia social para emprendimientos con riesgo ambiental, entre otros) y a reformar el procedimiento para la sanción de las leyes, revisar lo referente al veto parcial del Poder Ejecutivo y actualizar las disposiciones referidas a la publicación de las normas.

También podrán los convencionales actualizar la disposición que actualmente fija en un máximo de tres el número de ministros del Poder Ejecutivo; variar la integración del Tribunal de Cuentas, permitiendo la participación de la oposición parlamentaria en dicho organismo de control; modificar la estructura del Ministerio Público, convirtiéndolo en órgano extra poder, establecer una cláusula de participación popular y dar reconocimiento constitucional a las asociaciones civiles, sindicales y profesionales existentes en la provincia.

La convención estará habilitada para crear entes de control de empresas y de inversiones públicas y privadas prestadoras de servicios públicos, con participación popular; garantizar la autonomía de la Universidad Provincial y promover la enseñanza, investigación y extensión universitaria, institucionalizar el Régimen Jurídico Básico para los empleados públicos, introducir normas de ética pública, control de gestión interno y externo de los organismos estatales.

Además, se podrán incorporar los registros provinciales de la propiedad, del estado civil y capacidad de las personas, y de las personas jurídicas, al ámbito del Poder Judicial; crear la figura del Defensor del Pueblo de Entre Ríos; incorporar los consejos asesores consultivos con participación popular y técnica de los sectores interesados en cada problemática específica que se trate y establecer la prohibición de instalación de plantas de procesamiento de pasta de celulosa con procesos químicos o semiquímicos.

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