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La demanda de los bonistas, la reacción opositora y la deuda de los municipios 

Iniciaron un proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York contra la Provincia debido al incumplimiento de pago del cupón de intereses por u$s 21,8 millones. Un intendente opositor salió al cruce. La deuda de los municipios uno por uno.
Por: Redacción de Página Política

Miembros del Grupo Ad Hoc de Bonistas de la Provincia de Entre Ríos que afirma poseer el 54% de los Bonos en dólares ERF 2025, iniciaron un proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York contra la Provincia debido al incumplimiento de pago del cupón de intereses por u$s 21,8 millones con fecha 8 de agosto del 2020. La noticia la dio a conocer el periodista Juan Bracco en el sitio Valor Local.

A través de un documento, los bonistas expresaron: “La Provincia incumplió con sus obligaciones a pesar de estar en una sólida situación fiscal. De acuerdo a sus proyecciones presupuestarias, la Provincia muestra niveles de endeudamientos robustos y relativamente similares a los del año 2017, fecha en la que se emitieron dichos Bonos”. El 54% por ciento de los bonos que dicen poseer bloquearía el proceso de reestructuración, ya que Entre Ríos necesita de la anuencia del 75% de los tenedores para ejecutar la cláusula de acción colectiva que aplicaría el acuerdo al total de los acreedores. El monto total de la deuda es de u$s 500 millones. Fue tomada por el gobernador Gustavo Bordet en 2017.

“Cabe mencionar que el servicio de deuda como porcentaje de los ingresos está muy por debajo del límite del 15% aplicable a todas las provincias argentinas en términos de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Asimismo, el cuadro siguiente muestra como la sustentabilidad de la deuda de la Provincia en ningún momento está comprometida”, agregó el Grupo a través de un comunicado de prensa

“A pesar del injustificado incumplimiento, el Grupo en todo momento ha intentado establecer negociaciones de buena fe ofreciendo a la Provincia un alivio financiero substancial respecto a sus obligaciones”, recordó el comité recordando la contraoferta al segundo esquema de reestructuración que había presentado el Gobierno.

“El Grupo cree firmemente que cualquier reestructuración consensuada debe de cumplir con los Principios Básicos de la Coalición de Bonistas de Provincias Argentinas. De acuerdo a dichos principios, es importante que las reestructuraciones de deuda reflejen adecuadamente la capacidad de pago de la Provincia y se eviten restructuraciones oportunistas”, añadió.

“La más reciente propuesta por parte de la Provincia sigue sin considerar su sólida solvencia financiera, ya que busca concesiones de largo plazo objetivamente injustificables. Es importante resaltar que en caso que la Provincia no considere sus obligaciones contractuales como jurídicamente vinculantes, su perfil crediticio se verá severamente afectado. Como resultado, la Provincia tendrá un acceso financiero limitado y con mayores tasas de interés, repercutiendo en su capacidad para promover el crecimiento y la productividad a través de programas de inversión de capital”, sentenció el Grupo de bonistas.

“Frente a un incumplimiento innecesario y a la continua incapacidad de acordar una solución apropiada, los miembros del Grupo han decidido buscar una resolución judicial como primer paso para hacer respetar sus derechos contractuales. Si bien, el Grupo está dispuesto a negociar en términos de los principios arriba mencionados, no dudara en hacer uso de sus derechos contractuales ante la falta de una negociación constructiva. Los miembros del Grupo han contratado a Quinn Emanuel Urquhart and Sullivan LLP para llevar a cabo las acciones legales pertinentes. White & Case LLP continuará representando al Grupo ante cualquier discusión de restructuración con la Provincia”, concluyó el parte, dado a conocer esta tarde.

 

Consensos fiscales

Pedro Galimberti fue el primero en anotarse cuando se conoció la noticia este lunes. “La situación revela la provincia que tenemos. Entre Ríos no sólo no abrió paritarias en todo 2020, en perjuicio de los trabajadores, sino que además incumple con los acreedores o no ha tenido una estrategia sólida de renegociación de la deuda pública. Tenemos una provincia fundida, sin horizonte de desarrollo futuro, que no paga lo que adeuda pero que, sin embargo, se da el lujo, de incrementar el gasto público para el funcionamiento corriente y que en 2021 tendrá más presión impositiva sobre una amplia base de contribuyentes”, dijo el intendente de Chajarí, que quiere suceder a Bordet en 2023.

Cuestionó las modificaciones a los consensos fiscales celebrados entre 2017 y 2019 que –según él – fue “en perjuicio de los entrerrianos, ya que generará mayor presión tributaria (aumento de los impuestos inmobiliario, automotor, ingresos brutos y restitución del aporte para el financiamiento del pago a beneficiarios de la Ley N°4035) e impactará negativamente en la economía familiar de los entrerrianos”, reseñó Galimberti, quien también advirtió que con la aprobación de este nuevo Consenso Fiscal se eliminaron las disposiciones de control del gasto público que estaban establecidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

“No pagamos a nuestros acreedores pero sí aumentamos el gasto corriente, prescindiendo de mecanismos de control. Esto es contradictorio y llamativo, porque se hace en un año electoral, desatándole las manos al oficialismo provincial para disponer de recursos y nombramientos, que hasta ahora estaban vedados. Se trata de fondos para funcionar y no de mayor inversión en trabajos públicos o en la adquisición de bienes de capital”, explicó. Enseguida le apuntó al Gobernador por “no abordar temas fundamentales de la agenda pública entrerriana. Mira para otro lado con el déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia y no practica el federalismo interno, direccionando los recursos provinciales pura exclusivamente a localidades del mismo signo político del gobierno”, sostuvo el jefe comunal, que acudió al proceso de endeudamiento. (Ver abajo)

 

Deuda: uno por uno

La deuda se tomó en 2017 y los primeros desembolsos fueron en 2018 a un valor (en promedio) de 20 pesos; mientras que el último pago fue en febrero pasado, ya a un valor de 70 pesos más los impuestos.

Son 17 los municipios que optaron por tomar deuda en aquel 2017.

 

-Sergio Varisco tomó una suma de U$D 7.345.306,00.

-Lo siguió Concordia. Enrique Cresto solicitó U$D 4.556.117,00.

-Chajarí, con Pedro Galimberti (Cambiemos), lo hizo por U$D 1.246.200,00.

-En Victoria el intendente Domingo Maicco (Cambiemos), como Galimberti fue reelecto, contrajo compromiso por U$D 1.092.074,00.

-La ciudad de Federación en 2017 gobernada por Carlos Cecco (Cambiemos) tomó deuda por U$D 870.000,00. Hoy el intendente es el peronista Ricardo Bravo.

-Crespo, gobernada entonces por el reelecto Dario Schneider (Cambiemos), se endeudó por U$D 834.883,20.

-Santa Elena se comprometió por U$D 582.240,00. La ciudad de las costa del Paraná estaba gobernada por Silvio Moreyra y volvió a manos de Domingo Daniel Rossi.

-Por U$D 498.770,00 se endeudó La Paz. Gobernada por el reelecto Bruno Sarubi (Cambiemos).

-U$D 483.854,00 fue la deuda que tomó el intendente reelecto de General Ramírez José Vergara (Cambiemos).

-El hoy diputado provincial Uriel Brupbacher (Cambiemos) le dio el mando de Viale a Carlos Weiss (Cambiemos). Además del mando, dejó un compromiso por U$D 469.066,00.

-U$D 436.000,00 es el endeudamiento al que accedió Bovril. En esta ciudad también hubo cambio de mando aunque no de espacio político, Alfredo Blochinger (Cambiemos) le dio el lugar a Victor Valenzuela.

-En San Benito, Exequiel Donda (Cambiemos) tomo deuda por U$D 435.614,00.

-U$D 350.000,00 es el monto que requirió el reelecto Rafael Cavagna (Cambiemos) para Nogoyá.

-Carlos Lencina (Cambiemos), intendente de Hernandarias, se endeudó por U$D 346.901,00.

-En Pronunciamiento Ricardo Sandoval (Frente Creer) se endeudó por U$D 247.368,00.

-Alcaráz tomó deuda por U$D 230.000,00. Dario Pfenning (Cambiemos) se endeudó y hoy sigue a cargo del municipio.

-Por último, Piedras Blancas se endeudó por U$D 161.000,00. Julio Weisheim (Cambiemos) le pasó el mando a Jorge Mesquida (PJ).

-Estas 17 ciudades tomaron deuda por un total de U$S 20.185.838,20.

 

De los municipios más grandes hubo dos, gobernados por el justicialismo, que no lo hicieron: Concepción del Uruguay, en la gestión de José Eduardo Lauritto; y Gualeguaychú, con Martín Piaggio. Lo mismo la Municipalidad de Villaguay, a cargo de Claudia Monjo. Federico Bogdan, reelegido el año pasado por Cambiemos y fallecido, tampoco acudió al endeudamiento. Lo mismo Villa Elisa.

Fuente: Página Política
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