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La economía del día después

El próximo gobierno encontrará un panorama de menor crecimiento y deberá instrumentar medidas inmediatas para contener lainflación, ajustar las tarifas y solucionar el déficit energético

Cuando faltan sólo dos semanas para las elecciones presidenciales, la economía argentina presenta una imagen semejante a la de una locomotora que ya alcanzó su máxima velocidad, que comienza a desacelerar y que, sobre todo, necesita algunos arreglos para no quedar abandonada a un costado de las vías. La estación está cerca y los ajustes necesarios están a la vista.

El país vivió en los últimos cinco años un ciclo de crecimiento, debido, en buena medida, al excelente contexto internacional y a que se partió de un piso muy bajo, luego de la crisis de 2001 y 2002. Pero quien resulte triunfador el próximo 28 de octubre no podrá contar con el mismo ritmo y se verá obligado a jugar con nuevas reglas de juego. Deberá lidiar, entre otras cosas, con el fantasma de la inflación, las tarifas congeladas, la escasez energética, la falta de inversión en ciertas áreas, el deterioro de los superávits fiscal y comercial y las presiones por aumentos salariales.

Según comentaron los especialistas consultados por La Nacion, algunas de las materias pendientes serían la obtención de financiamiento a largo plazo, el sinceramiento de las tarifas públicas y la instrumentación de una política de desarrollo para la exploración y la explotación de hidrocarburos.

“Kirchner deja la inversión con un nivel del 21,5% o 22% del PBI, lo que no es un dato menor. Pero aún queda una deuda a futuro: fuertes niveles de inversión de largo plazo para sostener los niveles de crecimiento estimados, del orden del seis por ciento anual. Lograr esto va a depender de la certidumbre que se genere desde el Gobierno, del respeto al marco regulatorio y de la inversión en infraestructura”, afirmó Mariano Lamothe, coordinador del equipo técnico de la consultora abeceb.com.

La atracción de inversiones de largo plazo surge como la piedra basal, a partir de la cual se podrán emprender las reformas necesarias. Hasta ahora, los superávits fiscal y comercial han permitido un cierto financiamiento interno, pero corren serio peligro de desaparecer, si se continúa con el actual ritmo de gasto público. Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), “en términos del PBI, el superávit primario alcanza al 3,1%, el nivel más bajo de los últimos tres años”.

Aldo Abram, director de la consultora Exante, opinó que para atraer las inversiones que necesita la Argentina el próximo gobierno deberá reconstruir la seguridad jurídica y establecer reglas de juego claras, generales y de largo plazo.

“Hoy, el Presidente hace un uso hegemónico del poder, sin respetar los límites que marca la Constitución Nacional y sin el control de los demás poderes, y eso tendrá que cambiar si se quiere que los inversores apuesten por esta economía”, destacó el economista.

No sólo los analistas vislumbran la necesidad de algunos ajustes prescindibles, sino que también la opinión pública se expresa en el mismo sentido. Según el índice general de expectativas económicas (IGEE) elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad Católica (UCA) y TNS Gallup, las expectativas sobre la evolución favorable de la economía bajaron un 8,1%, respecto del año anterior. «Cuatro de cada diez argentinos evalúan la situación económica actual como mala o muy mala», explicó Patricio Millan, director del Departamento de Economía de la UCA y encargado de confeccionar este informe.

En tanto, Ramiro Blázquez, analista del Centro de Investigaciones en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), que elabora los índices de Confianza del Consumidor y de Confianza en el Gobierno, comentó: «Existe un deterioro generalizado de las expectativas sobre la evolución de la situación macroeconómica. Si bien hay un descenso para dentro de tres años, la caída ha sido mayor en el caso de las expectativas a corto plazo».

Sin duda, una de las mayores preocupaciones de la gente y uno de los primeros frentes que deberá atacar la próxima administración es la inflación, una sensación que impacta directamente en el Indice de Expectativas del Consumidor, que elabora la Universidad de Tres de Febrero, que acumula desde enero de este año una caída de 24,3% y se ubica en el nivel más bajo de los últimos tres años.

«Néstor Kirchner trasladará a su sucesor fuertes distorsiones de precios y tensiones inflacionarias que requerirán una corrección, con riesgo de espiralizarse si no se moderan los aumentos salariales y se reduce el fogoneo al consumo», advirtió el economista Manuel Solanet.

Control de precios y subsidios han sido las recetas empleadas por la actual administración para contener el brote inflacionario. En lo que va del año, repartió 394 millones de pesos para evitar que el alza internacional de las commodities agrícolas impactara en las góndolas.

De la línea discursiva de Cristina Fernández de Kirchner, que, según las últimas encuestas, es la principal candidata a ocupar el sillón presidencial los próximos cuatro años, no se desprende un cambio de rumbo en lo que atañe a la política antiinflacionaria. Viraje que sí propone, por su parte, el resto de los candidatos (ver nota de Pág. 3).

En este punto, todos los consultados coincidieron en que se deberá, además, devolver la credibilidad al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), intervenido por el Gobierno y sospechado de falsear los índices oficiales.

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En materia de servicios públicos, la cuestión de las tarifas aparece como excluyente. Hasta ahora, los 3000 millones de pesos que el Gobierno destinó a los subsidios al transporte de pasajeros mantuvieron el precio de los pasajes congelados; pero ¿hasta cuándo es sostenible esta política?

Para Santiago Urbiztondo, especialista en servicios públicos, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), hay dos opciones: perseverar en la política de esta administración o sincerar los verdaderos costos de servicios administrados de manera eficiente, sobre la base de reglas transparentes y viables, asignando responsabilidades y derechos claros entre el sector público y el privado, concentrando los subsidios en la población que realmente no está en condiciones de pagar. «Esta segunda alternativa es la que intentan seguir los países de Europa y América del Norte y, salvo contadas excepciones, los de América latina», subrayó el economista.

Otra vez, de resultar ganadora la actual primera dama, se presume que poco cambiará en este sentido. Los subsidios seguirán presentes, aunque algunos predicen cierta selectividad en su entrega. Mercedes Marcó del Pont, diputada nacional y candidata a senadora por el Frente para la Victoria, comentó a LA NACION: «Creo que en esta segunda etapa va a empezar una sintonía fina para medir el impacto redistributivo de los subsidios, para ver qué se modifica y qué no».

Otro frente de batalla que ya tiene abierto la actual administración y que dejará como herencia a su sucesor es el de la escasez energética, un déficit que obligó a instrumentar durante el último invierno medidas extraordinarias que afectaron durante 60 días la productividad de las industrias. La carencia protagonizó un nuevo episodio el jueves último, cuando varias centrales eléctricas sufrieron cortes de gas, debido a la falla en un yacimiento de Neuquén.

El Gobierno admitió, en un estudio que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable enviará a las Naciones Unidas, que los próximos años no serán fáciles desde el punto de vista energético. Por un lado, porque el calentamiento global hará bajar el agua de las represas de la región del Comahue, en la Patagonia. Por otro, porque el nivel de los precios internos no incentiva la inversión en energías alternativas.

Para Carlos Bastos, ministro de Infraestructura durante el gobierno de Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner deja un sector en quiebra, ya que durante su gestión las reservas de gas y petróleo se derrumbaron estrepitosamente y no se instaló en el área eléctrica ninguna nueva unidad. El Gobierno, según su opinión, reflotó viejos proyectos, como elevar la cota de Yacyretá y la central de Atucha II, pero sin ser capaz de terminar ninguno. Además, encaró otros nuevos como las centrales de Campana y Timbúes, también inconclusos.

«El país dejó de exportar energía y pasó a importar a un precio altísimo gas de Bolivia, fueloil de Venezuela y electricidad de Brasil», subrayó Bastos, quien sostuvo que lo peor de la actual gestión es lo que no se ve, como la destrucción de las instituciones regulatorias que ordenaban al sector energético (ENRE, Enargas y Cammesa).

Alieto Guadagni, secretario de Energía durante el gobierno de Eduardo Duhalde y actual candidato a gobernador de Buenos Aires por el frente de Alberto Rodríguez Saá, afirmó que el problema mayor es que se perdió el autoabastecimiento. «No hay acá una maldición geológica», disparó. «Hay carencia de una política adecuada. Lo que se requiere es algo más que un reajuste de precios, que por sí sólo sería insuficiente, sino que hace falta un régimen que dé certeza jurídica a las inversiones en exploración y explotación de los hidrocarburos», añadió.

Desde el Gobierno se insiste en que se profundizará la política de inversiones destinadas a descubrimiento de reservas y se hace referencia a la necesidad de diversificar la matriz energética. «Se avanzará sobre energías alternativas», indicó Marcó del Pont, quien agregó que además deberán madurar en los próximos cuatro años las inversiones que ya se han hecho para tapar los baches que se produjeron en el invierno.

La tarea que le aguarda al próximo gobierno no es menor. Sin embargo, quien tome la posta contará con una circunstancia a favor: los buenos precios internacionales de las materias primas que exporta el país, bonanza que ya viene beneficiando a la actual administración.

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En soja, un producto de altísima sensibilidad económica para el país, se alcanzaron los precios más altos de los últimos tres años (el viernes cerró a $ 805 por tonelada). Mientras que los valores del trigo son los mayores de toda la historia (la tonelada del disponible cotizó $ 560 el viernes). La «línea Kirchner» tendría aquí, vía retenciones a la exportación, un reaseguro de caja y una manera de financiar los subsidios para los distintos sectores.

La pregunta que cabe es: ¿hasta cuándo durarán estas cotizaciones de excepción? Para Ricardo Baccarin, analista del mercado de granos y vicepresidente de la firma Panagrícola, el escenario favorable se mantendrá. «Los precios seguirán altos, lo que no se puede afirmar es que vayan a crecer al ritmo de los últimos años», dijo el especialista.

Una mayor demanda de estas commodities por parte de China y la India y el auge de biocombustibles elaborados sobre la base de oleaginosas son las variables que explican el excelente escenario agrícola. «Además, el clima financiero está induciendo a la compra de materias primas en lugar de dólares, y esto permite un crecimiento importante de las cotizaciones. Porque además del que compra las materias primas para comerlas, también hay gente que las compra como una inversión», explicó Baccarín.

Quien resulte ganador el próximo 28 de octubre contará con este viento a favor, pero tendrá que aprovecharlo de la mejor manera para realizar los ajustes necesarios y evitar que la locomotora de la economía argentina quede abandonada a un costado de las vías.

Por Carlos Manzoni
De la Redacción de LA NACION

Con la colaboración de:
Verónica Dema y Francisco Jueguen

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