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La educación y la pobreza, en la mirada de los partidos

Pobreza, exclusión, educación. Tres ejes de la política que suelen ir de la mano. Particularmente, los candidatos se explayan aquí respecto de la escuela media y el acceso a la misma y expresan propuestas específica

En materia de educación se consultó a los candidatos a diputado nacional de las diez fuerzas políticas por iniciativas para facilitar el acceso a la escuela secundaria y, por otro lado, por el financiamiento y los cambios que se impondrían a la ley nacional que regula la materia.

Entrevistados

1) Armando Saliva. Candidato a diputado nacional en primer término pro Unión PRO.
2) Atilio Benedetti. Candidato en primer término del Acuerdo Cívico y Social (ACyS)
3) Flavia Pasqualini. Segunda en la lista que encabeza Augusto Alasino de Viva Entre Ríos (VER).
4) Héctor Maya. Primero en la lista del Frente Popular Disidente (FPD).
5) José Iparraguirre. Encabeza la nómina del Frente Social y Popular Humanista y Comunista (FSyPHC).
6) Raúl Barrandeguy. Candidato en primer lugar del Frente Justicialista Entrerriano (FJE).
7) Roberto Andrili. Primero en la boleta del Partido Popular de la Reconstrucción (PPR).
8) Pablo Aldaz. Candidato en primer lugar del Partido Unidad Federalista (Paufe).
9) Claudia Gelfo. Segunda en la nómina que encabeza Gabriel Geist del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).
10) Marcelo Haddad. Primero en la boleta del Partido Socialista (PS).

“Lo que vemos es que quienes alcanzaron el nivel secundario hoy no mandan a sus hijos a la secundaria. Nuestros abuelos no tenían escuela, pero sus hijos fueron a la escuela y a la Universidad. Hoy retrocedemos por la situación de pobreza, exclusión en que viven muchos niños presas fáciles de la delincuencia y el clientelismo”, aseveró Armando Saliva (Unión PRO) que expuso una propuesta “integradora” con relación a la familia y a la educación en todos los niveles. Con respecto al financiamiento señaló el porcentaje que indica que “el 95% se va en sueldos”.

Atilio Benedetti (ACyS) condicionó todo proyecto en materia educativa a “la recuperación de recursos genuinos de todos los entrerrianos que se apropia la Nación. Sólo con financiamiento y con políticas claras de desarrollo se podrá garantizar este derecho”. Acerca de los fondos, hizo notar: “Si este Gobierno provincial dice que gasta un 40% del presupuesto general en educación, o es muy chico el presupuesto de la provincia o está gastando claramente mal”.

“Debe ponerse en marcha la Ley Nacional de Educación garantizando los recursos para infraestructura escolar y una real recomposición de salarios docentes. También garantizar fondos para un Programa de Becas nacional”, sostuvo Marcelo Haddad (PS) que propuso, concretamente, “universalizar los libros de texto que deben ser gratuitos para los alumnos”. Con relación al financiamiento, llamó a cumplir “el piso del 6% del PBI” y advirtió que la inversión en educación en el país es menor que en Brasil y Uruguay.

Flavia Pasqualini (VER) observó que el tema “excede lo educativo” y atañe a lo social, fijó posición sobre el tema y consideró que debieran comprometerse en el asunto “provincias y municipios” junto a Nación.

Respecto de la inversión, consideró que en el marco del bicentenario debiera ubicarse al tema como prioritario para discutir no sólo montos si no “reordenamiento del gasto”.

Claudia Gelfo (MST) descartó que una norma específica de acceso a la escuela media resuelva el punto. “Hay que atacar directamente las condiciones” para la deserción escolar. Con relación a los fondos, la docente y dirigente sindical apuntó que la Ley de Financiamiento Educativo debiera ser reformada para dejar expresado que el Estado es “el único que financia” la educación. Incrementaría la inversión al 10 % del PBI y suprimiría “los subsidios a la educación privada o religiosa”.

Propuestas

“Hay plata para el financiamiento de la política y la corrupción y no para hacer realidad que los únicos privilegiados son los niños”, se quejó Héctor Maya (FPD) que dijo que “hay que volver a las posibilidades del acceso de los pobres a la cultura”.

José Iparraguirre (FSyPHC), por su parte, consideró que el presupuesto asignado por ley ha “resultado insuficiente” y advirtió que se trata de la inversión en el sistema educativo al que se piensa como “sistema de garantías de los derechos de todos al acceso a una vida digna”.

Pablo Aldaz (Paufe) , ante la consulta, consideró más relevante la apuesta a “la vieja enseñanza de la primaria” cuando “era muy poca la deserción”; y Roberto Andrili (PPR) prefirió poner el acento en “la vuelta de las escuelas de artes y oficio que vinculen el mundo de la educación y el mundo del trabajo”. “Hay que invertir la filosofía tributaria para recuperar el federalismo económico”, lanzó como consigna cuando se lo consultó por el financiamiento.

Raúl Barrandeguy (FJE) observó que no es atribución del Congreso de la Nación legislar para el acceso a la escuela media de Entre Ríos. Y con respecto a la inversión, advirtió que se asesoraría antes de fijar posición pero observó: “Entiendo que sin el Estado nacional es impensable marchar”.

Niñez y pobreza

Consultados respecto de iniciativas particulares con relación a la infancia en situación de pobreza, los candidatos se expresaron, en general, por políticas universales de acción social que apunten a fortalecer el ámbito familiar.

Benedetti se enmarcó en la iniciativa que Elisa Carrió tomó de la CTA, en todo el país, de instrumentar el Ingreso Ciudadano a la Niñez para que “los chicos que nacen en este país puedan romper con la desigualdad hereditaria mediante una cuota que el Estado les garantizaría a los padres”. “Es muy sencillo probar que los recursos están, sólo se requiere la decisión de avanzar hacia una sociedad solidaria”, añadió Haddad que, como Iparraguirre, propicia igual iniciativa.

“Trabajo para los padres”, exhortó Gelfo y Pasqualini apuntó que “hambre cero debiera ser el norte de la brújula” en una política que reoriente los subsidios hacia el consumo y “subsidios directos” con la participación de entidades intermedias en el control.

Maya le ha puesto por nombre, a su propuesta al respecto, asignación mensual a la niñez en escolaridad. Y Andrili prefirió el impulso a un Salario Maternal para que “toda mujer que pueda decidir libremente quedarse con sus hijos reciba una asignación por quedarse en su casa sin salir a trabajar”. “Eso, a su vez, liberaría puestos de trabajo”, apuntó el candidato del PPR.

La inseguridad y el foco puesto en los menores

La baja de la edad de imputabilidad a los menores es una de las propuestas que vuelven a surgir, cada tanto, como modo de dar respuestas a la problemática de la inseguridad.

Pero en Entre Ríos es mayoritaria la opinión en contra de esta “salida” a la que se considera falsa y violatoria de los derechos del niño. Los candidatos, en general, coinciden en remarcar la necesidad de apuntar a las causas, de índole social, que se esconden detrás de un chico que comete delitos.

Para Saliva hay que bajar la edad de imputabilidad (“a los 13 o 14 años”) aunque siempre para la aplicación de un código penal especial que apunte a “la reeducación, a la vuelta a la cultura del trabajo y el esfuerzo”. Sin vueltas, Aldaz se manifestó a favor de penar a menores de edad; mientras que Maya lo condicionó a la aplicación, previa, de su propuesta de Asignación Mensual a la Escolaridad Carenciada por cuanto “no se puede evaluar de la misma forma a los que han tenido posibilidades educativas y a los que no”.

Benedetti rechazaría un proyecto de bajar la edad de imputabilidad. Llamó a trabajar sobre “las causas del problema” por cuanto “la exclusión social” sería una de ellas y puso de relieve la apuesta a la educación.

También le diría “no” a un proyecto de este tipo la ex convencional Pasqualini que criticó, en este sentido, a la Ley Blumberg que empeoró la situación de “superpoblación de unidades penitenciarias”. También apuntó al “colapso” de todas las áreas administrativas del Estado vinculadas a la seguridad y al seguimiento de un individuo en proceso penal. “Los gobiernos no se hacen cargo de nuestros gurises. Quizás tengan suerte cuando bajen la edad para votar”, ironizó.

La misma figura utilizó Barrandeguy al afirmar que “no pueden votar pero se pretende que sean responsables de un hurto o un robo”. “No estoy de acuerdo” y consideró imposible una propuesta de este tipo sin violar las convenciones internacionales que ha suscripto la Argentina. “No puede ser la preocupación central del Estado tener más cárceles para nuestros niños y jóvenes”, exhortó el penalista.

Iparraguirre coincidió con el justicialista e insistió con lo violatorio a los pactos internacionales; Gelfo añadió las advertencias sobre la corrupción de las fuerzas de seguridad y de la justicia; y Andrili graficó: “Si seguimos así llegaremos a que hay que condenarlos antes de nazcan”.

Ley especial

“Los socialistas tenemos nuestro proyecto de ley penal juvenil”, afirmó Haddad que impulsa la figura del Defensor de niños y el ingreso universal para evitar la exclusión. “El asunto no es bajar la edad sino incluirlos en el sistema con todos los derechos y garantías”, dijo.

Posiciones ante la Ley de Comunicación Audiovisual

En general, los candidatos entrerrianos no conocen el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que propicia el gobierno. Consultados respecto de la iniciativa del oficialismo, que no ha sido presentada en el Congreso aún, la mayoría pone reparos a la propuesta –por rechazar al kirchnerismo como autor más que por el contenido del texto— aunque se subraya la necesidad de acotar los márgenes monopólicos y de favorecer las pequeñas empresas de medios, especialmente las de capital y contenido regional.

Sin reparos la votaría Iparraguirre quien, a su vez, es quien demuestra particular interés en el tema y conocer el contenido del proyecto que fue editado en forma de libro. También Aldaz se expresaría a favor, por ser una ley “profundamente pro monopólica”.
Gelfo también votaría, pero pone el acento en la derogación de la Ley de Radiofusión porque, de base, es hija de la dictadura. Dijo compartir “la esperanza de periodistas, intelectuales, artistas y trabajadores de los medios y de la cultura” de derogarla. La dirigente, luego, critica a los partidos que han gobernado desde 1983 a esta parte por eludir este debate, a la vez que aseveró que el gobierno apunta a golpear a un monopolio para crear otro (Clarín por Telefónica).

Haddad dio cuenta de una iniciativa propia de su fuerza política que se pondrá a consideración en el congreso. De tratarse el texto del oficialismo, lo votaría a favor “pero con unas cuantas modificaciones en particular” vinculadas a trasparentar reglas, impedir la concentración multimediática, promover la diversidad y el federalismo, garantizar el acceso universal a los bienes culturales y prever la participación ciudadana.
Este último punto es el que aconseja Barrandeguy que se atienda en el proyecto. “Hay que fomentar el control y la administración por parte de la sociedad, organismos autárquicos, oyentes, televidentes, empresas. Yo apoyo la ley pero iría por más”, aseveró el ex convencional. “No me asusta que el Estado cancele licencias, me asusta la arbitrariedad del Estado y eso se salva con mecanismos de control que le den juego a la sociedad”.

Miradas

Sin fijar posición respecto de la norma, pero sí respecto de la necesidad de una legislación moderna en materia de comunicación, Pasqualini puso el acento en los medios “como herramienta mal aprovechada al servicio de la educación, de la prevención sanitaria y de la difusión de la cultura”. Por su parte, Saliva aconsejó un proyecto que “proteja al pequeño y mediano, que acote el terreno a los grandes medios”. Maya aportó otro concepto, vinculado al origen del capital invertido en medios: “Los capitales que inviertan debieran ser de la localidad donde se instala el medio y prevenir competencias de inversores foráneos”.

Andrili reconoció no conocer al detalle el texto pero “no lo votaría, por la propia desconfianza que genera el gobierno”.

La desconfianza primó también en la postura de Benedetti. Asumió que la legislación en la materia requiere una actualización pero consideró un “contrasentido” que el gobierno busque “democratizar la comunicación” pero a la vez “releve intolerancia y extorsione medios y periodistas”. Afirmó que apoyaría los aspectos que se vinculen a la protección de pymes del interior pero, por otro lado, hizo pública su pretensión de legislar en materia de publicidad oficial y acceso a la información pública.

Luz Alcain, para El Diario

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