
En diciembre de 2015, Mauricio Macri ponía fin a 12 años consecutivos del peronismo en Casa Rosada. Terminaba la década extendida de gobiernos kirchneristas y el PRO ponía a un empresario en el comando de los destinos del país, en alianza con el radicalismo y la Coalición Cívica.
El peronismo, desalojado del poder, encontraba entonces en el Papa Francisco una inspiración para revitalizar su acción política. Con base en un grupo de intendentes bonaerenses, la estrategia fue hacer de la encíclica Laudato Si una plataforma. La Federación Argentina de Municipios (FAM) fue cabeza de playa del documento de Jorge Bergoglio que fue letra también para la política entrerriana.
Fue Enrique Cresto, entonces intendente de Concordia y miembro activo de la FAM, el promotor de las firmas de adhesión a los 10 puntos de la encíclica entre la dirigencia de distintos partidos en Entre Ríos.
Los diez puntos de la carta de Francisco son 1) combate del narcotráfico; 2) prevención de la drogodependencia; 3) lucha contra el hambre; 4) combate contra la violencia de género; 5) defensa de la familia y rechazo al aborto; 6) impulso de las energías renovables; 7) combate de la pobreza; 8) acceso universal a la salud, la educación y el agua potable; 9) erradicación del abuso infantil y la trata de personas; 10) creación de observatorios para tareas de cambios de paradigmas, de conductas individuales y colectivas.
Firmas
En junio de 2016, el concordiense convocó en su ciudad a un grupo de intendentes bonaerenses, encabezados por Gustavo Menéndez, que firmaron un compromiso de adhesión a los 10 puntos junto a sus pares entrerrianos de distinto signo político. En Entre Ríos y en todo el país, esta iniciativa llevó el nombre de Pacto de San Antonio de Padua.
Cresto logró sumar, en el acto, a los entonces presidentes municipales Martín Piaggio de Gualeguaychú, Carlos Cecco de Federación, Mariano Rebord de Colón, Pedro Galimberti de Chajarí, Marcelo Berthet de San Salvador y Pablo Martínez de General Campos. En el encuentro, bendecido por religiosos de Concordia, también se sumaron las rúbricas del entonces senador Angel Giano, de concejales entrerrianos y de funcionarios del gobierno de la República Oriental del Uruguay.
“El compromiso no termina en la firma del pacto. Comienza aquí”, dijo Cresto en ese marco. “Llevar a la práctica estos diez puntos que sintetizan la encíclica Laudato Si, transformarlos en políticas de Estado, ese es el compromiso que hoy todos firmamos aquí. Firmamos primero los intendentes, pero el compromiso es a partir de los municipios articular con las personas que tienen una responsabilidad institucional, sean legisladores o representantes de asociaciones e instituciones, para llevar estos diez puntos, que hablan de cuidar la Casa Común que es la Tierra, para poner en marcha políticas con más justicia social, con inclusión y con respeto al medio ambiente”, argumentó entonces.
Dos años después, Cresto fue más lejos. Se debatía en el Congreso de la Nación, por primera vez, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con fundamento en la encíclica, el concordiense promovió una ordenanza para declarar “ciudad Pro Vida” a la que era entonces la capital del peronismo. La iniciativa no logró los votos para ser sancionada así que la opción fue un decreto presentado formalmente en un acto junto a la Red de Familias Entrerrianas.
La réplica vino del lado de la izquierda que reeditó el lema “Iglesia / Estado, asuntos separados”: “Concordia no es una teocracia. No se puede imponer la doctrina religiosa por decreto”, fustigó el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).
El STJ con Bergoglio
El Poder Judicial entrerriano también se hizo eco de la encíclica papal. Finalizaba el año 2019 y el Superior Tribunal de Justicia ordenaba al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y al Poder Ejecutivo, entonces a cargo de Gustavo Bordet, que “en un plazo improrrogable de siete días” realizaran los trámites necesarios para que una madre y sus tres hijos, uno de ellos con discapacidad, pudieran ocupar la vivienda que les fuera asignada con carácter precario en agosto de 2016.
El alto cuerpo revisaba entonces un fallo de primera instancia que “no tuvo en cuenta la protección integral de la familia”; “vulneró el acceso a una vivienda digna” y “no respetó la protección de los Derechos del Niño”.
El fallo encontró los argumentos en el documento de Bergoglio, citado en la sentencia: “La falta de viviendas es grave en muchas partes del mundo, tanto en las zonas rurales como en las grandes ciudades, porque los presupuestos estatales sólo suelen cubrir una pequeña parte de la demanda. No sólo los pobres, sino una gran parte de la sociedad, sufren serias dificultades para acceder a una vivienda propia. La posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias. Es una cuestión central de la ecología humana”.
Fuente: Página Política