El martes un operativo de la Policía de Entre Ríos en el barrio Capibá de Paraná terminó con el asesinato de Gabriel Gusmán, un joven de 20 años. El disparo salió de un arma policial y la familia de Gabriel denuncia que se trata de un caso de gatillo fácil. Vecinos del barrio vinculan el hecho a un acuerdo entre la Policía y narcotraficantes. Desde la fuerza sostienen haber actuado en “legítima defensa”.
Ante el hecho, desde el MST – Nueva Izquierda entendieron que “para saber la verdad y que haya justicia se debe realizar una investigación independiente con participación y control de la familia de Gabriel Gusmán”.
No obstante, desde la fuerza política, la única que se ha expresado sobre lo sucedido, manifestaron que “el festejo policial luego de la liberación de los dos agentes detenidos tras los hechos, que incluyó un recibimiento en tribunales por decenas de efectivos y una caravana de patrulleros con sirenas encendidas, no sólo es una afrenta a la familia Gusmán y la sociedad en su conjunto. Demuestra con claridad que no hay ninguna posibilidad de llegar a la verdad con una investigación con participación de las propias fuerzas de seguridad”, señalaron en un documento al que tuvo acceso Página Política.
Y se agregó: “Para que no se vuelvan a producir hechos como éstos es necesario cambiar de raíz las políticas de seguridad del Estado. Hay, en esto, una clara responsabilidad del gobernador (Gustavo) Bordet y la ministra de Gobierno (Rosario) Romero. El punitivismo, del que hicieron gala por ejemplo con la ley de narcomenudeo, no ha reducido, ni reducirá en absoluto los índices de delito. Es necesario desmantelar el andamiaje de complicidad estatal que impulsa y ampara el delito organizado, y tener políticas activas contra la tremenda desigualdad y exclusión social”.
Para el MST, “la muerte de Gabriel Gusman no es un hecho aislado en nuestra provincia. La reciente condena a un efectivo de la Policía de Entre Ríos por el asesinato de Sebastián Briozzi en Concordia en 2016, y el caso de tortura policial en Rosario del Tala muestran que la violencia institucionalizada es parte de la realidad provincial”.
Como sugerencia, desde la izquierda, solicitaron que “en lo inmediato, para terminar con el gatillo fácil” propusieron “depurar la Policía y fuerzas de seguridad de todo implicado en hechos de violencia institucional, represión o corrupción. Y que la elección de comisarios sea por voto popular, para que deban rendir cuentas a los vecinos y no al gobierno. El control de las comisarías por organismos de derechos humanos”.
