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La Legislatura vuelve a debatir agroquímicos pero el STJ marcó las coordenadas

Sigue rigiendo una suerte de vacío legal, mezclado con normas vetustas, fallos judiciales parciales y proyectos de ley sin avances. El mismo día en que Diputados retomó el debate, un fallo del STJ ratificó la inconstitucionalidad de dos resoluciones y prohibió fumigaciones a una distancia de mil metros de un loteo de Colonia Ensayo, cuyos vecinos iniciaron la acción.
Luz Alcain
Por: Luz Alcain
@luzalcain

Con un proyecto presentado por el exgobernador Gustavo Bordet como base, la Cámara de Diputados retoma el debate de una norma que regule el uso de agroquímicos en Entre Ríos.

La Comisión de Ambiente y Recursos Humanos de la Cámara baja tuvo una reunión el miércoles y planteó un cronograma de encuentros con distintos sectores. Se pone en discusión este proyecto del Poder Ejecutivo que ingresó en noviembre de 2022 y no tuvo tratamiento hasta ahora.

Justo el día en que se retomaba el debate en comisión, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) marcaba la cancha con un fallo que impone algunos criterios que deberán ser tenidos en cuenta. Este es el marco de un nuevo intento de dictar una ley en una materia sensible, con impacto en la salud de la población, en la calidad del medio ambiente y en los rindes del campo, con un nudo gordiano en las distancias previstas para permitir o no las fumigaciones.

 

Mirada judicial

El fallo unánime, en base al voto de la vocal Laura Mariana Soage, ratifica la declaración de inconstitucionalidad de las distancias previstas en dos resoluciones de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales, Nº 47/04 y 49/04. Son dos normativas que contemplan distancias de prohibición de entre 50 y 100 metros de viviendas, con una reglamentación particular con relación a los cursos de agua.

La voz del STJ también define como “manifiestamente insuficiente” para proteger el derecho a la salud el contenido del Decreto Nº 2239. La norma buscó dar respuesta a la demanda de las escuelas rurales, prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 100 metros de los establecimientos y de fumigaciones aéreas a menos de 500 metros.

Advierte el fallo acerca de la falta de una ley en materia del uso de agrotóxicos. Atendiendo al reclamo de los vecinos de Colonia Ensayo (departamento Diamante), y mientras no exista ley, impone la prohibición de fumigación a una distancia mínima de 1095 metros (en base a estudios científicos fundados en el fallo) del loteo de los vecinos que iniciaron la acción (loteos Tierra Alta I, II y III).

No es la primera vez que el STJ fija distancias regulando la actividad de los fumigadores. Ya impuso 1000 metros de protección en torno a las escuelas rurales en un fallo, ampliando ese margen a 3 kilómetros en el caso de fumigaciones aéreas. Una sentencia de primera instancia lo dispuso así, ante un amparo del Foro Ecologista y de las escuelas de campo. El asunto terminó en la Corte Suprema, con un fallo adverso a la organización ambientalista, pero no con relación a la cuestión planteada en contra del mencionado Decreto Nº 2239 que pretendió saldar el debate judicial expuesto entonces, reduciendo a 100 metros y 500 metros la prohibición.

 

El proyecto reflotado

La propuesta del Ejecutivo, en tiempos de Bordet, es una iniciativa de 89 artículos contemplando la regulación en torno a la importación, elaboración, formulación,
fraccionamiento, distribución, expendio, aplicación, transporte, almacenamiento, asesoramiento, y toda acción que suponga uso o manipulación de agroquímicos.

Define “áreas sensibles con asentamiento de personas” como “toda vivienda urbana o rural, habitada de manera permanente y efectiva, los establecimientos educativos o recreativos, salas sanitarias, puestos policiales”. En tanto, “áreas sensibles sin asentamiento de personas”, son para la ley los “cursos naturales de agua permanente, áreas naturales o reservas reconocidas como tales por ley, granjas avícolas y apiarios debidamente registrados”.

Se trata de un proyecto muy amplio que deja como organismo de aplicación al área que refiera a la Producción en la orgánica provincial. Contempla la creación de registros en varias profesiones u oficios: formuladores, elaboradores, expendedores, asesores fitosanitarios,ensayistas, aplicadores, empresas, entre otros.

Impone distintas reglamentaciones según se trate de “zonas de exclusión”, “zonas de amortiguamiento” y “zonas de libre aplicación”. La prohibición de fumigar se fija en el artículo 38º: 10 metros de áreas sensibles con asentamiento de personas, para la acción manual; 100 metros para la acción terrestre; 200 metros para la fumigación aérea. En el caso de áreas sensibles sin personas, se reducen las distancias a la mitad: 5 metros para aplicación manual; 50 metros para la terrestre; 100 metros para la aérea.

 

Intentos

El proyecto de Bordet, presentado en 2022, lleva por título “Ley de Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios” en la provincia de Entre Ríos.

No es el primer intento. Antes, en 2018 hubo un proyecto con media sanción del Senado, promovido por legisladores oficialistas, previendo una “regulación del uso de productos fitosanitarios”. Para mayo de ese año cambió el viento y en Diputados se mandó al archivo la iniciativa.

Ese mismo año, legisladores radicales presentaban un Programa Provincial de Buenas Prácticas con la firma de los legisladores José Artusi, Fuad Sosa, Gabriela Lena, Jorge Monge. No salió de comisión.

En 2021, legisladores del oficialismo y la oposición, junto con una treintena de organizaciones vinculadas al campo y los sectores empresarios presentaron un “Manual de Buenas Prácticas” que no alcanzó siquiera a tener formato de proyecto de ley. La dirigencia rural ha cuestionado con dureza la falta de avances en el tratamiento de su propuesta.

“El productor no puede trabajar y andar de amparo en amparo, con interpretaciones de la ley como quiere cualquier funcionario de turno”, expresaron su queja desde Farer. Enfrente, el ambientalismo reclama una regulación que apunte a la prohibición del uso de los plaguicidas, promoviendo otro modelo productivo.

Tras la primera reunión de comisión, en este nuevo intento, el presidente del cuerpo, Juan Rossi, hizo saber que se convocará a “productores, ambientalistas, gente de la salud, las universidades, profesionales, expertos y los funcionarios de las diferentes áreas de gobierno”.

La diputada Gabriela Lena expresó que “la idea es consensuar una agenda de trabajo para poder tratar esta iniciativa, así como otros que están en la comisión”.

“Con diferencias que podemos llegar a tener en algunos puntos, sabemos que hay una necesidad de tener una ley. Entonces, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que, después de tantos intentos fallidos, podamos tenerla esta vez”, manifestó la legisladora.

Fuente: Página Política
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