El 1º de marzo, pero de hace un año atrás, Página Política elegía como título de la crónica sobre la apertura del período legislativo municipal el siguiente título: “Varisco anunció la creación de la Oficina Anticorrupción”.
“Mandaremos un proyecto para crear la Oficina Anticorrupción porque sabemos que sobre la política está la ética y seremos implacable ante la corrupción”, anunció el intendente. Y agregó: “Queremos que cada ciudadano sepa lo que pasa y se hace con los recursos de la ciudad”.
Fue el primer discurso ante el Concejo Deliberante. Sin escapar al libreto que aún impera, la corrupción se llevó buena parte del discurso del intendente hace un año. Ese anuncio, el de crear una Oficina Anticorrupción, cumplió un año. No se avanzó en el tema e incluso en esta oportunidad ni siquiera se mencionó algún avance acerca de la apertura de un organismo especializado en delitos en el seno de la administración municipal. Se diferenció de Mauricio Macri, quien horas antes volvió a poner la corrupción en el centro de su relato. Página Política consultó a Walter Rolandelli, titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad. “La verdad es que hoy no hay nada, pero sé que la idea está e incluso en un momento hasta se tuvo un nombre”, fue la respuesta.
En el ámbito provincial se prevé una Fiscalía Anticorrupción. Es una deuda no sólo con la ciudadanía sino con la Constitución reformada en 2008. La Convención Constituyente estableció en el artículo 208 que la Procuración General designará un fiscal con competencia en toda la provincia que tendrá a su cargo la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública. Ese funcionario deberá designarse con intervención del Consejo de la Magistratura. El Ministerio Público Fiscal “asegurará los medios, el apoyo tecnológico, la continuidad y estabilidad para el cumplimiento de su cometido”, según se lee en la letra constitucional que redactó el penalista y convencional, Julio Federik.
El Ministerio Público Fiscal fue el organismo que más creció en el seno del Poder Judicial. En principio, por la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. El proyecto inicial sobre la reforma de la Procuración organizó el trabajo en unidades fiscales de investigación (UFI) y establecía también la Oficina Anticorrupción, pero ese órgano, previsto en la Constitución reformada, fue eliminado por los legisladores.
Gustavo Bordet anunció una reforma judicial y, antes, que reglamentaría todos los artículos de la nueva Constitución.
