La reforma al Código Fiscal se convirtió en un tema latente en la agenda política luego que dos tributos (automotor e inmobiliario) hayan sido cobrados sin el sustento de una ley. Lo que sucedió es que durante 2024 no se prorrogó un artículo y se generó un vacío legal. En diciembre se intentó enmendar el error, pero finalmente los tiempos no dieron.
Este miércoles el Senado abordó el tema y la oposición impuso su mayoría en el recinto para que se aprobara el dictamen que había quedado en minoría en comisión. En el plano de lo político, el bloque del PJ alineó a los nueve senadores luego de un cuarto intermedio previo a la votación.
Luego, en lo técnico, hubo una coincidencia de ambos bloques de que el período 2024, que quedó en el centro de la polémica, la solución quede en manos de la ATER. Ambos dictámenes no hacían referencia a ese período impositivo, se decidió legislar para el 2025.
La diferencia que generó que el PJ y Juntos por el Cambio voten diferente fue un artículos que el oficialismo pretendía eliminar y la oposición no, porque ya no están vigentes. Se trata de una cuestión meramente técnica. Como la discusión parte de considerar que al no haberse prorrogado la vigencia de los adicionales, los mismos cayeron, por lo tanto los artículos que la ley 10.270 incorpora al Código Fiscal ya no existen y si no existen entonces no había razón para derogarlos. El PJ entendió, en su dictamen, que no se debía incluir un artículo para derogar los artículos que ya no están vigentes. Cuestiones técnicas que no quedaron muy claras en el recinto.
“Debatimos la reducción de la presión fiscal, bajamos alícuotas, pero terminaron cobrando 20.000 millones de un impuesto sin ley. No es un tema menor”, alegó el senador victoriense por el PJ, Víctor Sansberro.
“Hemos trabajado mucho para incorporar mejoras importantes a la iniciativa del Ejecutivo. El texto original generaba confusiones que fueron salvadas. Hacemos oposición con responsabilidad, no especulamos y hemos demostrado que estamos para señalar errores y proponer alternativas”, expresó.
“No vinimos con el cuchillo debajo del poncho, sino que advertimos ya en octubre de esta situación a través de un pedido de informes. Con responsabilidad y silencio hicimos nuestro aporte”, destacó el senador.
El senador de Juntos por el Cambio, Rubén Dal Molin, fue uno de los que defendió la posición de su bloque en donde explicó los beneficios que traería la aprobación de la ley sosteniendo que “el espíritu de la ley que envió el Ejecutivo apunta a bajar impuestos a necesidades básicas y otorga beneficios a los contribuyentes”.
Su par, Jaime Benedetti, sostuvo que la iniciativa oficialista refleja la “política de este gobierno que aspira a destrabar las fuerzas productivas permitiendo que la producción, el comercio, la industria se despliegue para generar empleo y estar cerca de los parámetros que se verifican en el resto de la región centro”.
La norma aprobada, que ahora pasa a Diputados, contó con los aportes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos. Se contemplaron planteos de la Unión Industrial de Entre Ríos, y de otras entidades que pidieron ser escuchadas.
Fuente: Página Política
