El ministro de Economía, Hugo Ballay, inauguró este lunes un nuevo proceso en el Poder Judicial: el sistema de paritaria. Este había quedado suspendido en diciembre de 2011 cuando la Legislatura, a instancias del entonces gobernador Sergio Urribarri, aprobó la Ley de Enganche, por la cual los judiciales actualizan sus salarios con lo que fija la Corte Suprema de Justicia y ratifica el Poder Ejecutivo Nacional.
Esa norma quedó suspendida con la Ley de Emergencia Solidaria, lo que provocó una dura reacción de la comunidad judicial que prometió, incluso, judicializar el texto parlamentario. El tiempo pasó y en los tribunales convocaron al titular de la cartera económica para saber de primera mano cómo venía la paritaria.
Ballay se cruzó y explicó el cuadro de situación ante los vocales Martín Carbonell (presidente del Superior Tribunal de Justicia); Emilio Castrillón; el procurador general Jorge García; el defensor oficial Maximiliano Benítez; la comisión directiva de la Asociación de Magistrados de Entre Ríos Gabriela López Arango y Alejandro Cánepa; e integrantes de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER).
Allí se informó que el incremento que recibirán los judiciales estará atado a lo que reciban los gremios estatales: un 15 por ciento en este primer tramo y un 30 para todo el año, según proyecta el Ejecutivo. A ese 15 por ciento se le sumarían las sumas fijas no remunerativas que generó crítica entre los funcionarios judiciales en su momento, por entender que achataba su salario. Esto significó un cruce con la administración de Gustavo Bordet, que salió a contestar que el propósito era mejorarles la situación a los empleados.
Lo cierto es que en la reunión de este lunes ambas partes quedaron en seguir charlando.
El Poder Judicial de Entre Ríos tiene acumulado dos incrementos del 10 por ciento otorgados por la Corte que quedaron suspendidos por la Ley de Emergencia que fue puede ser prorrogada. En caso que el máximo órgano de Justicia del país los vuelva a otorgar quedarían en la misma situación: suspendidos; o a cuenta.
En una reunión con el Gobernador, la Asociación de Magistrados solicitó que se vuelva a la Ley de Enganche. Bordet quedó en estudiarlo, como informó oportunamente Página Política.
El 27 de enero, cuando la pandemia era noticia en la prensa internacional y solo miraba lo que sucedía en China, Alberto Fernández brindó una entrevista al canal C5N y reveló que en conversaciones informales con gobernadores había tomado conocimiento del “problema” que tenían los distritos en los que se habían promulgado la ley de enganche.
A partir de allí se puso sobre la mesa si era correcto o no que un gobierno provincial deba hacerse cargo de incrementos de cuya negociación no participa. Además de las posibilidades económicas de poder afrontar tal o cual aumento.
Fuente: Página Política
