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La queja de Dayub

La carta de lectores de El Diario publicada el 18 de octubre es la siguiente: De mi consideración: Me dirijo a usted a fin de alertarlo y compartir la siguiente reflexión: Qué nobleza la del Cañón del Colorado, que a pesar de ser un terrorífico precipicio, se le ve el fondo! Sin embargo, la clase […]

La carta de lectores de El Diario publicada el 18 de octubre es la siguiente:

De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de alertarlo y compartir la siguiente reflexión: Qué nobleza la del Cañón del Colorado, que a pesar de ser un terrorífico precipicio, se le ve el fondo! Sin embargo, la clase política es insondable: no lo tiene. No tiene fondo el antojo y el abuso. La impunidad de deshacer todo aquello que provenga de la ciudadanía. Y lo peor: sin dar la cara.
Cobardemente.

La táctica parece ser la de la “pantalla”, encargada de materializar el engaño a fin de consumar el acto, al mejor estilo de los violadores. Amparada en la impunidad de sus privilegios y en la chatura de una sociedad que se le parece, quiero cuestionar esta cultura política ejerciendo mi libertad de pensamiento y contribuir a un debate de lo que me parece a esta altura del Siglo XXI, un ataque a la soberanía de la participación ciudadana en la construcción de sus derechos, mediante normas que puedan hacer efectiva tal participación democrática. Los derechos son una entelequia si no están las condiciones creadas para tal fin.

Pues bien, el 21 de agosto próximo pasado los convencionales constituyentes sancionaron, por consenso, el texto seleccionado, en función de 26 propuestas presentadas sobre los derechos y garantías constitucionales, para el bien público más preciado de un pueblo: su cultura.

Implicaba una pequeña reforma en la institucionalidad del Estado para la democratización de la cultura a fin de comenzar a dar respuesta a la difícil situación que hoy, en un mundo atravesado por la complejidad de una dinámica imparable, reclama socialmente instrumentos diferentes en la gestión cultural.

Si bien desde hace 40 años se habla de la importancia de la cultura como dimensión clave para el desarrollo, la sociedad todavía no se apropia de ella como tal. Y por eso una normativa superadora como la que se aprobaba, tendía un lazo esperanzador para su concreción, en tiempos de discursos únicos. Se aprobaba la posibilidad de horizontalizar la cultura, desde principios básicos que como políticas de Estado y mediante planes, garantizaba la participación regional y la descentralización de las políticas culturales. Esto, mediante la creación del Consejo Provincial de Cultura, que casi todos los proyectos sostenían. (ver el texto aprobado Nº 86, en www.convención.heder.gov.ar/prensa, avalado por el presidente y secretario de la H.C .C.)

Pues bien, pese a los reduccionismos vergonzosos a que estamos acostumbrados, el texto “final” conformaba las expectativas de un importante sector económico y social de la comunidad, que ha definido su contribución, sin ley que lo ampare y de pura voluntad, desde hace casi 80 años en esta provincia. Aprobar ese texto era un acto constituyente de reparación histórica frente a los nuevos desafíos de la gestión política en cultura. Pues no fue así. Como es sabido, el ropaje pestilente de la mediocridad muestra siempre la hilacha.

Ante el estupor de muchos, vimos que el 11 de octubre, en el artículo 26, se juró “otro texto”, en donde fue secuestrada tal aprobación, sin opción de que los ciudadanos podamos intervenir. Nos notificaron una cosa y luego juraron otra. ¿Poder de los convencionales o la “comisión inquisidora de redacción”? ¿Mentira? ¿Estafa? ¿Impunidad? ¿Abuso de poder? Póngale usted el nombre que quiera. Ningún convencional dijo nada.

Alerta. Solo sé que volvimos a perder la batalla. Y esto, sépalo, quizás calme su angustia política: jamás será dada la batalla, en otro terreno que no sea en el de las ideas, en los imaginarios colectivos, en los valores, en las producciones de sentido que solamente la cultura, en su perenne orfandad, nos dará algún día.

Por eso quisiera llevar al examen de conciencia o quizás al arrepentimiento, a quienes con toda la ferocidad de su ¡qué me importa!, nos abofetearon la conciencia ¿Habrá que pelearla por algún lado? La apatía de los ciudadanos y los del sector cultural ya la conocemos. ¿Habrá que joderse no más? ¿No será que por eso algunos en esta constituyente actúan con toda impunidad, sabiendo que nunca reclamamos nada, salvo el bolsillo propio? Saludos y hasta los próximos 80 años, al menos que algún jurista entendido no diga si podemos apelar o presentar un amparo. Si nos acompañamos lo hacemos. De todos modos si fue un «error», estamos dispuestos a comprender.

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