Por el momento, el oficialismo prefiere mostrar que la reforma a la Ley Castrillón de internas abiertas y simultáneas está freezada. Pero el tema sigue en debate aunque la dirigencia del Frente Para la Victoria (FPV) cuente con muy poca información y muchas versiones.
Mientras, en el campo opositor, que intenta construir su opción de cara al 2015, se esperan precisiones. Desde el radicalismo, tal como lo anunció el presidente del Comité, Jorge D’Agostino a Página Política, se formalizó el viernes un pedido de audiencia con el ministro de Gobierno, Adán Bahl.
El objetivo es “conversar sobre aspectos relacionados al sistema electoral de la provincia propuesto por el radicalismo como la derogación de la ley 9659 (Castrillón), por ser perniciosa en el respeto a las minorías y especialmente por intervenir de manera inconstitucional contra la autonomía de los partidos”, se informó en un comunicado del partido centenario.
“El radicalismo al inicio de ésta gestión le ha propuesto al gobierno una modificación en el sistema político con reformas a la ley electoral y de partidos políticos, priorizando la transparencia por vía de la boleta única y manteniendo el sistema de PASO, pero el gobierno, con unanimidad en el Senado y más de 2/3 en Diputados, y el anuncio en el discurso ante la Asamblea Legislativa de marzo pasado, aún no ha mostrado interés en producir modificaciones”, se quejó la UCR que espera respuestas de la cartera política.
Panel debate
Por otro lado, la diputada provincial electa por el GEN, María Emma Bargagna, convocó a un panel debate sobre la legislación electoral de la provincia y su comparación con otros regímenes como el de Santa Fe.
Según se delantó a Página Política, será el 5 de junio, a las 19, en el salón auditórium de la Facultad de Ciencias de la Educación (Buenos Aires 389). Disertarán la secretaria del Tribunal Electoral de Santa Fe, Claudia Susana Catalín; y María Page, especialista del Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), organización abocada a “analizar y promover políticas públicas que fomenten la equidad y el crecimiento, en materia de desarrollo social, economía, educación, política fiscal, justicia y transparencia y desarrollo local” según se informa en la web de la entidad.
