El caso del fiscal interino de Nogoyá, Federico Uriburu, sirve para empezar a indagar acerca del servicio de justicia, la transparencia y la ética en el seno del Estado. Se suele observar lo que sucede en Paraná, dejando al interior en un lejano segundo plano, como que allí no debería haber problemas. O de haberlos seguramente serían de bajo tenor. Es un error. Los resortes institucionales y las herramientas de control están más desgastadas que en la capital. Y las estructuras de poder son tan eficaces como en Paraná.

En esas sociedades chicas se los conoce al juez, al fiscal, al concejal, al diputado y al senador. Hoy es Nogoyá, pero hace tres años narrábamos un proceso de adopción en Gualeguay que se enturbió cuando afloraron contubernios judiciales y políticos. (Ver aquí)

La denuncia de violencia de género realizada por la abogada nogoyense Florencia Alberto contra el fiscal Uriburu pone de relieve un drama que ahoga.

Pese a los testimonios y elementos que exigen una profunda investigación, la causa va camino al segundo archivo por parte del juez ad hoc, Maximiliano Navarro. Se trata de un dirigente que fue asesor de José Angel Allende cuando éste presidió la Cámara de Diputados en el período 2011-2015. Luego deambuló contratado en diferentes áreas del gobierno provincial.

Con Allende afuera de la escena política –sin una banca como ostentó durante 20 años- a partir de diciembre pasado Navarro se convirtió en asesor de la senadora del departamento Nogoyá, Flavia Maidana, una médica de perfil bajo y trabajadora, pero que llegó a ocupar su banca con la palanca del mandamás de UPCN al momento de negociar espacios en el oficialismo.

Maximiliano no es un abogado de renombre, como lo intenta ser su hermano Mariano, que preside el Colegio de Abogados de Nogoyá. Ambos, bajo el paraguas de Allende, supieron construir un entramado de relaciones que derivaron en un buen pasar económico fruto del ejercicio de la abogacía, aparentemente. Detenido Walter Martínez en el marco de la novela de la herencia de José Alberto Reggiardo, Mariano comenzó a desempeñarse como penalista con la mirada puesta en casos en los que lo que suele estar en litigio son terrenos o propiedades. En la ciudad es vox pópuli su “especialización” para quedarse con alguna propiedad.

Los Navarro y Uriburu cuentan con una ventaja: la mediática. Ambos son habituales de radio La Voz de Nogoyá, que todo el mundo identifica con los intereses de Allende. Periodistas de esa emisora practican una auténtica defensa en algunos programas del Canal 4.

El Navarro que asumió como conjuez en la causa contra Uriburu fue luego de que los demás magistrados debieran excusarse. La integración de la lista de conjueces surge del sorteo que realiza el Superior Tribunal de Justicia en base a un padrón que suelen confeccionar los colegios de abogados de cada una de las jurisdicciones. En este caso su hermano Mariano. No es una condición no estar contratado en otra área del Estado, como en una asesoría de una senadora, pero se podría afinar el lápiz al momento de seleccionar a los abogados que reemplazarán a magistrados.

Maximiliano divide su tiempo en la actividad agropecuaria y en asesorar a la senadora Maidana. Ahora se le sumó el caso de violencia de género cuyo acusado es nada más ni nada menos que el fiscal del pueblo. Va por el segundo intento para archivarla con el rotundo silencio de cuanto colectivo de derechos humanos y feminista e institución y organismo estatal exista.

Mariano Navarro, el presidente de la entidad, hizo oídos sordos cuando recayó en su escritorio la denuncia que pesa sobre el fiscal Uriburu que fue archivada por su hermano y luego desarchivada por la Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial de Paraná. El camino a que todo quede en la nada se empezó a transitar nuevamente.